Una pensión humanitaria para los cañeros

Nuevamente decenas de cañeros se manifestaron, de manera pacífica, frente al Ministerio de Interior y Policía en demanda de que se les otorgue residencia permanente y pensiones. Su situación es más crítica pues tampoco cuentan con seguro de salud en la etapa final de sus vidas.

Estos reclamos se repiten varias veces al año, sin que las autoridades tomen en serio su justo reclamo. Y a pesar de sus aportes al florecimiento de la otrora pujante industria azucarera, columna vertebral de la economía nacional hasta hace unas décadas.

Según Jesús Núñez, coordinador de la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes (UTC), miles de cañeros tienen un carnet del IDSS que los acredita para recibir una pensión. Pero en Hacienda no los aceptan debido a que sus expedientes están incompletos.

Para salir de este círculo vicioso, le sugerimos al Presidente

Medina una solución humanitaria otorgándole la pensión mínima, ya que estas personas son víctimas inocentes de situaciones administrativas totalmente fuera de su control. Veamos.

La Ley de Seguridad Social dispuso el cálculo y la entrega a cada trabajador de un bono de reconocimiento por los derechos adquiridos durante los años de cotización al IDSS, hasta el inicio del nuevo sistema de pensiones.

Siendo Gerente General del CNSS se contrató una firma con consultores internacionales para hacer este cálculo. La tarea fue muy difícil debido a que hasta el inicio de los 90 el IDSS mantuvo un registro manual en hojas sueltas en folders.

Esos folders estaban apiñados en un almacén caluroso y húmedo. Con el tiempo y el uso regular se desorganizaron y deterioraron, y muchos fueron tirados al suelo y pisoteados, según nos mostraron empleados interesados en colaborar.

En adición, en los 80 el IDSS vivió años difíciles, y fue común la práctica de solicitar a las grandes empresas, entre ellas el Central Romana y el CEA, avances de las cotizaciones para pagar la nómina y luego se hacían los debidos registros basados en las nóminas.

Fui testigo presencial y estoy seguro de que ambas situaciones crearon vacíos en los record de miles de trabajadores de los ingenios azucareros, sin que los mismos pudieran detectar, ni mucho menos, imaginar sus consecuencias.

El informe sobre el bono de reconocimiento señala estas dificultades y otras tantas limitaciones. Aun así se llegó a estimar en 22,000 millones de pesos de entonces la deuda actuarial del Estado con los afiliados al IDSS, hasta el 2003.

Si hace 12 años los expertos internacionales no pudieron desenredar este lío, con la ayuda de las autoridades y funcionarios de entonces, mucho menos lo podrán hacer ahora los funcionarios de Hacienda. Estamos frente a un lamentable círculo vicioso.

Más de  3,182 cañeros que tienen solicitud de pensión viven en las provincias de Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seíbo y en los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

En tal sentido, sugiero que los senadores y diputados de estas provincias, formalicen esta solicitud al Poder Ejecutivo en interés de hacer justicia y ponerle

a este círculo vicioso en perjuicio de los derechos adquiridos.

Otorgar una pensión de 5,117 pesos mensuales a cañeros víctimas de situaciones fuera de su control, sería un gesto de justicia y tendría un costo financiero muy bajo, ya que la mayoría está viviendo sus últimos años de su vida.