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Un ingenuo país en búsqueda del PRM
La última encuesta Gallup reportó que, para las elecciones del 2020, un 58% de los encuestados preferirían un cambio en el partido de gobierno. El dato despierta esperanzas de que, con nuevos bríos en el gobierno, la sociedad dominicana podría hacer frente a la enraizada cultura de corrupción e impunidad que la corroe. Sin embargo, el principal partido de oposición (PRM) y su principal líder (Luis Abinader) no dan señales de estar dispuestos a echar esa crucial batalla. Por el contrario, dan la impresión de que si ganan no enfrentaran las huestes de la codicia para resarcir los avatares del pueblo llano.
La corrupción y la impunidad requieren urgente atención. Aunque durante sus años de gobierno el PLD ha mantenido la paz social, un par de sus estrategias de gobernanza para lograrlo son altamente cuestionables. Para acabar con los golpes de estado continuó la práctica balaguerista de atomizar el poder militar multiplicando los generales (170 en el 2014 y 136 en el 2017). Pero los más de RD$7,000 millones que eso cuesta palidece ante los resultados de los alarmantes salarios de los altos cargos civiles y la secuela de sus malas prácticas. Esto así porque, lejos de mantener la moralidad pública y la disciplina fiscal, han prohijado una avasallante corruptela que, según un estudio de la Oxfam del 2017, se traga el 13% del Presupuesto General del Estado. El BID ha clasificado al país entre los de mayor ineficiencia en el gasto público y Transparencia Internacional lo sitúa en el puesto 129 entre 180 países, 14 puestos por debajo del promedio en America Latina y el Caribe.
Como el PRM protagoniza hoy un desconcertante espejismo de desidia, la “quijotesca” sociedad civil debe reclamar su emplazamiento. La necesidad de asumir responsabilidades se ha tornado más acuciante ante la impávida respuesta del Ministerio Publico a las estremecedoras denuncias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el programa televisivo de Nuria Piera y la organización cívica Somos Pueblo. Estas han debido generar una intervención contundente de la Procuraduría General de la República (PGR), tal y como lo evidenció el reciente reportaje de Alicia Ortegasobre las pesquisas de la Fiscalía General de Perú sobre el caso de Odebrecht. Pero a juzgar por la evasiva y tozuda elusión de sus responsabilidades se concluye que esa apatía deliberada persistirá hasta finalizar el presente periodo de gobierno.
Puesto que el PRM es el partido opositor con más posibilidades de reemplazar al PLD, es preciso que la opinión publica conozca sus planes para enfrentar la corrupción y la impunidad. Por supuesto, son muchas las interrogantes que deben plantearse y contestarse. Pero un buen comienzo sería una radical posición sobre los escandalosos salarios de muchos funcionarios públicos y legisladores y el rampante nepotismo en que han incurrido los de más alto rango. En el océano de corrupción en que estamos inmersos, estos dos flagelos son de los más lacerantes para la dignidad del pueblo llano y la inteligencia de los que se creen con ella. ¿Tendrá el PRM las agallas para hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Regulación Salarial del Estado promulgada en el 2013 y sumida hoy en una nebulosa de indiferencia?
No habría manera de mantener la codicia partidaria a raya en relación con esos dos flagelos a menos que, concomitantemente, haya una radical posición contra la impunidad. Ya el precandidato Abinader se ha comprometido con nombrar un independiente en la cúspide del Ministerio Publico y tal vez deba asumirse que cumplirá su promesa adecuadamente (escogiendo un icono de probidad y compromiso). Habrá que ver, sin embargo, si un gobierno suyo respaldaría todas las providencias de ese funcionario sin importar las consecuencias, aun si erosionan el capital político del nuevo gobierno. Pero eso no será suficiente. Sera necesario también que el nuevo gobierno emprenda una reforma constitucional para rediseñar el aparato burocrático del Estado a fin de que sus órganos de control no continúen en manos de la clase política solamente. Entre las medidas más necesarias de esta reforma figuran la eliminación del PGR del Consejo Nacional de la Magistratura, el encargo de la Cámara de Cuentas enteramente a la sociedad civil y una gerencia compartida de la Contraloría General de la Republica.
Lo anterior, por supuesto, se refiere al accionar que debe esperarse del PRM en caso de salir airoso de las elecciones presidenciales del 2020. Pero hoy día subyace una agenda pendiente de cara al comportamiento que debería asumir en lo que resta del periodo preelectoral. Algunos analistas explican la relativa pasividad y angustiante ambigüedad –frente a los casos e investigaciones en curso y pendientes– aludiendo a un cálculo político. El mismo tendría como epicentro uno de dos escenarios: 1) la posibilidad de que, frente a los enconos entre tendencias, una parte de los votantes peledeístas voten a su favor, y 2) la posibilidad de una alianza con una de las tendencias si hay una segunda vuelta. Estos escenarios han cobrado mayor posibilidad después que se incumpliera el acuerdo sobre la alternabilidad de las tendencias en la presidencia de la Cámara de Diputados.
Es predecible que, para llegar al poder, al PRM le convendría cualquiera de esas alianzas. Pero el “quijotesco” país que protagonizo la Marcha Verde y la franja más idealista de la sociedad dominicana tomara en cuenta los costos que pudieran implicar. Si Leonel Fernandez gana las primarias de su partido el próximo 6 de octubre, los danilistas serian instruidos a votar por el PRM ¿a cambio de un pacto de impunidad? Si los danilistas imponen su delfín en las primarias, los leonelistas podrían ser los que voten a favor del PRM, tal vez a cambio de una indulgencia similar. En el escenario de una segunda vuelta, ¿incurriria el PRM en un pacto similar?
¿Se podría esperar del PRM una actuación radical frente a la corrupción y la impunidad si se acogen a ese cálculo político? El PRM estaría así comprometiéndose a un “borrón y cuenta nueva” que lo dejaría muy mal parado frente a la “ingenua” sociedad civil y la posteridad. La conveniencia política es un arma de doble filo. Si bien la audacia gana el poder, los costos relativos a la moralidad pública podrían ser muy altos. De acogerse el esquema, el PRM estaría defraudando las esperanzas de la “quijotesca” clase media que lo invitaba a las marchas verdes y lo veía como un posible eslabón de regeneración.
La conveniencia política que el país necesita es aquella que se inspire en la decencia y en los mejores intereses del pueblo llano. El PRM está emplazado a actuar en consecuencia para evitar ser encriptado en la conciencia nacional como una mala ralea digna de un colosal desprecio. Los electores de mayo del 2020 tendrán la ultima palabra.