Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El BID, RD y otros 17 países crean alianza para enfrentar violencia
Pável Isa Contreras renuncia como ministro de Economía
Trump ve ‘grave error’ ataques a Rusia con misiles fabricó EU
Los dominicanos aprenden a producir y comer tilapias
El dólar bajó nueve centavos y este jueves era vendido a $60.79
Vacíos de esperanza
BOLIVIA: Seguidores Evo Morales denuncian “atentado” con químicos
SIRIA: Incendian la tumba del padre de Bashar al-Assad
La lógica de los planes sociales
Saber trascender, toma de decisiones desafiantes
Sujetos obligados fuera de control en RD
El Ministerio Público, independiente en su nuevo rol de perseguir el lavado de activo y la corrupción administrativa, ha puesto en evidencia la ineficiencia y la poca o ninguna identificación de diagnóstico, medidas de control, monitoreo y mitigación, que le corresponde por ley a la unidad de análisis financieros del Ministerio de Hacienda contra los sujetos obligados.
Ocultamiento, alteración, distracción de datos y documentos que obstaculizan, dificultan, desvían y evaden las fiscalizaciones. La simulación y la enajenación de fortunas de cualquier empleado público y la indiferencia de los sujetos obligados, que deben llevar registros, se han convertido en Jueces y partes, beneficiándose del blanqueo de dineros por la indiferencia de la unidad de análisis financiero de Hacienda, que es la encargada de solicitar informaciones irregulares a los sujetos obligados que deben reportar en cinco días las operaciones, so pena de cometer delitos graves.
No obstante, la ley 196-11 del 3 de agosto del 2011 sigue vigente y el decomiso del Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, se distribuye entre los encargados de perseguir ese crimen, por lo que en la práctica a ellos les beneficia patrocinarlos y dejar engordar el delito para finalmente repartirse los bienes.
La Constitución de la República del 2015 establece que sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;
“Artículo 33.- de la ley 196-11 establece que Con los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme las disposiciones de esta ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la sociedad, se procederá de la manera siguiente:
. a) Un veinticinco por ciento (25%) a la Procuraduría General de la República.
. b) Un veinticinco por ciento (25%) al Consejo Nacional de Drogas.
. c) Un veinticinco por ciento (25%) a la Dirección Nacional de Control de Drogas.
. d) Un quince por ciento (15%) a las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que trabajan en labores de prevención de consumo de drogas.
e) Un diez por ciento (10%) a la Policía Nacional.
“Si en la sentencia se reconocen los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena fe, el Ministerio Público procederá a la venta en subasta de los bienes, productos o instrumentos decomisados, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia se indique.
Párrafo I.- En los casos en que en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado dominicano podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino del producto de los bienes decomisados.
Párrafo II.- En los casos de los bienes, productos o instrumentos decomisados que provengan de las demás infracciones previstas en la presente ley, serán distribuidos de la manera siguiente:
. a) Un cincuenta por ciento (50%) a la Procuraduría General de la República, y
. b) Un cincuenta por ciento (50%) a la Policía Nacional”.
Por su parte la Constitución en su Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.
1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;
2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;
3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;
4) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;
5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;
6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.
JPM