Solidaridad invertida en el reparto

Me satisface que los mensajes recientes estén interesando a la gente sobre los problemas del sistema previsional, y se involucren en el debate y en la toma de decisión sobre su propio destino, en su doble condición de cotizante y contribuyente.

La propuesta de realizar un estudio profundo sobre el costo fiscal de los modelos de reparto y capitalización vigentes en nuestro país, ha sido muy bien recibida por quienes se tomaron la molestia de leer y comentar mi mensaje anterior.

Incluso, uno de ellos me dijo: “si cuando los trabajadores no teníamos nada se hizo un estudio profundo como usted señala, como más razón es necesario, ahora que los fondos llegan a 400,000 millones. Son muchos los riesgos y los intereses. Siga insistiendo en ese punto”.

Otro amigo me abordó en una funeraria para conocer detalles del estudio de la Hewitt Associates. Le expliqué que existen copias en las bibliotecas del Banco Central, del Senado, del Ministerio de Economía (antes Secretariado Técnico), y del CONEP.

Y que, aunque el mismo contiene más de 1,000 páginas, el primer volumen es un resumen con menos de 100, y los otros tres contienen un análisis comparativo,  incluyendo varios anexos técnicos y proyecciones financieras y actuariales.

Críticas en defensa de intereses creados

Desde luego, no faltaron las críticas, y hasta reproches, de amigos y lectores, todos  disfrutando de una pensión de reparto de la cual están recibiendo mucho más que lo que aportaron. Otros, cotizando aún, y esperando igual tratamiento.

Son profesionales calificados y lo sorprendente es que han luchado contra las injusticias y privilegios, pero consideran que es justo, y moralmente válido, recibir más que lo aportado. La defensa de su árbol, les impide valorar el bosque.

En realidad no entiendo, cómo no entienden que, si bien es posible sostener un déficit para una parte o minoría, es absolutamente imposible e inviable para un sistema de protección social para todos.  Cuando se trata de minorías, la mayoría termina cubriendo el déficit, pero si el sistema es universal, ¿quién lo paga?

Por ejemplo, Antonio tiene un salario de 40,000 con derecho a una pensión del 90%, cuando cumpla 30 años de cotización. A cambio, él y su empleador aportan el 10%, totalizando 1,440,000 (40,000×0.1×360), monto que llegará a 2,000,000 con los intereses devengados.

Y, siendo muy generoso,  suponemos: i) una sana administración; ii) una adecuada inversión de los aportes; iii) 30 años de cotización; iv) cero privilegios; y v) instituciones transparentes y penalización de la corrupción y los desfalcos.

Al retirarse a los 60 años, Antonio recibirá 36,000 mensual, 468,000 por año (36,000×13). Si forma parte del promedio y fallece a los 75, habría recibido 7,020,000 (468,000×15), lo que arroja un déficit de  5,020,000 para el sistema. ¿Y si vive 20 años?

¿Cómo puede ser viable y sostenible un sistema en donde todos los afiliados reciban mucho más que lo que aportan y acumulan? La respuesta mágica es la solidaridad social: que los trabajadores activos paguen ese déficit. Esta es una distorsión del concepto, ya que la solidaridad consiste en transferir más recursos a quienes más los necesitan.

Lo que se propone es una solidaridad social invertida. Por ejemplo, que los aportes de Juana, una humilde coladora de café de la oficina, y de millones como ella, contribuyan a financiar el déficit de Antonio, su jefe recién pensionado.

Se trata de una solución contra natura, porque mientras la tendencia del mundo es a darle más educación y a dejarle más riqueza a las nuevas generaciones, la herencia que le deja el reparto son sólo  déficits y deudas crecientes.

Los trabajadores y la población tienen derecho a una pensión digna, el gran desafío es diseñar un sistema viable y sostenible.

jpm