Sentencias incumplidas del TC:  punzada a la institucionalidad

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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El liderazgo político que tradicionalmente ha gestionado los distintos gobiernos a través de sus distintas parcelas partidarias en los últimos tiempos, parece no importarle en lo más mínimo la institucionalidad del país.

Por más que escuchen discursos grandilocuentes y floridos en favor de la institucionalidad de parte de los distintos actores políticos y presidentes de la República, nada de eso es cierto, todo es teatralidad, simulación y engaño.

Cuando vemos que suceden cosas como la que narraremos a continuación, uno no hace más que llenarse de indignación, vergüenza, rabia y decepción, ante tanta hipocresía y engaño. Definitivamente, creo en ocasiones, que este no es un país, sino un paisaje.  

Esto lo afirmamos a propósito de lo denunciado de manera responsable por el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, de que de las 105 sentencias emitidas por dicho órgano que no han sido acatadas, 92 corresponden a una serie de instituciones del Poder Ejecutivo.

Explicó que, conforme a las disposiciones de la Constitución de la República, las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos.

Díganme ustedes, amables lectores, ¿es necesario que un país con un mínimo de respeto a sus instituciones y la Constitución de la República, puedan estar pasando cosas como las arriba señaladas por el magistrado Ray Guevara?.

Pero, además, de que fortalecimiento institucional se nos habla desde arriba, cuando los que están llamado a cumplir las leyes y la Constitución de la República, son los primeros en estarla violando.

No, así no puede ser, este país no puede continuar por este derrotero de que las decisiones emanadas de su principal tribunal estén siendo incumplida de manera olímpica, y, lo peor que el desacato provenga de organismos del Estado o del gobierno de turno.

Reitero, esa inconducta debe detenerse, no basta hacer público un comunicado o declaraciones a los medios de comunicación admitiendo la preocupante realidad, se necesita más que eso, se requiere acción, para que esto sirva de señal a otros estamentos públicos o privados que pudieran estar pensando en actuar de manera similar.  

 Quezada.alberto218@gmail.com  

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Rufino
Rufino
1 Año hace

en un paìs, medianamente civilizado, el desacato serìa un elemento suficiente para solicitar un juicio polìtico al presidente de la repùblica, responsable de cumplir y hacer cumplir la ley, y su destituciòn del cargo. pero en esta selva, un presidente de origen libanès, se da el lujo de poner de payaso a su consultor jurìdico, a justificar lo injustificable y, encima de eso, aspira a reelegir la barbarie.