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Seguridad, ciudadanía y género
La seguridad ciudadana es un tema que está presente en el debate público de América Latina, ya que la falta de ella es una de las principales preocupaciones de sus habitantes, que observan cómo la violencia y la inseguridad van en aumento en los diferentes países de la región.
Algunas investigaciones señalan que, con apenas el 8 por ciento de la población mundial, esta zona es la más desigual y violenta del planeta.
A esta grave situación se agrega un elemento particular que es la contundente realidad de la violencia de género contra mujeres y niñas. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el fenómeno de la agresión a mujeres es crítico y persiste, a pesar de que en la región se han tomado medidas para frenarlo.
En la República Dominicana los hechos violentos y la criminalidad son un motivo de preocupación de diferentes sectores sociales. En los últimos 5 años se han producido en el país 8,616 homicidios, de los cuales 437 son feminicidios. Asimismo, durante el año 2017 se recibieron 9,124 denuncias de violencia de género, 50,267 de violencia intrafamiliar y 5563 de delitos sexuales, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Republica Dominicana, organismo dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Con el fin de enfrentar este fenómeno social complejo multidimensional y multicausal, las autoridades nacionales han adoptado medidas importantes entre las que cabe destacar la creación mediante el decreto 121-13, de la Mesa Nacional Sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, con la misión fundamental de propiciar y gestionar la ejecución de políticas públicas y programas sobre prevención de violencia y criminalidad, fomentando la convivencia pacífica entre los moradores de las diferentes comunidades .
Este decreto del presidente Danilo Medina establece en su artículo 1 que, se instituye la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, compuesta por las instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Intermedios (Gobernadores Provinciales), Gobiernos Locales y la Sociedad Civil Organizada, en general. De igual forma, se crean las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, las cuales funcionarán en las municipalidades que sean conformadas.
El Ministerio de Interior y Policía es el organismo del Estado encargado de coordinar la formación y seguimiento de estas mesas, que son una verdadera oportunidad para la participación conjunta de las autoridades, las organizaciones barriales, juntas de vecinos, organizaciones sectoriales, clubes deportivos y culturales etc. , mediante un diálogo constante que permita un trabajo que beneficie a las comunidades, combatiendo la violencia y la criminalidad e impulsando una cultura de paz.
En la actualidad operan 9 mesas de seguridad, ciudadanía y género en Jarabacoa, La Vega, Salcedo, Santiago, Sto. Dgo. Norte, Sto. Dgo. Este, Sto. Dgo. Oeste, Boca Chica y San Cristóbal y se trabaja en base a un programa en la formación de las restantes.
Este trabajo va dirigido, tal como lo ha proclamado el Ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, “a la creación de una alianza estratégica con la Policía Nacional, la dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), las Mesas Locales de Seguridad Ciudadanía y Genero y los consejos comunitarios, para un más efectivo combate a la delincuencia, el crimen y los feminicidios´´
Esta política de desarrollar estas mesas contribuye a enfrentar los hechos violentos de una manera integral, no solamente aplicando criterios de seguridad del Estado, sino también políticas de seguridad ciudadana, que ponen la responsabilidad de la seguridad en la acción conjunta del Estado, sus organismos represivos, Policía y Ejército.
En cambio, las políticas de “seguridad ciudadana” combinan esos mecanismos tradicionales con políticas alternativas como son las campañas educativas y el fomento de la cultura de paz en la ciudadana para realizar los objetivos de seguridad y de convivencia pacífica. Las políticas de seguridad ciudadana tienen como principio, que la seguridad es la responsabilidad de una pluralidad de actores y no sólo de las instituciones del Estado.
Las políticas contra la violencia y la criminalidad necesariamente pasan por el enfoque de género. La violencia contra las mujeres tiene lugar tanto en lo privado, así como en el ámbito de lo público. Las calles y plazas, las escuelas, los centros de trabajo, los autobuses y las plazas de recreación no son espacios necesariamente seguros para las mujeres y las niñas. Son espacios donde ellas encuentran violencia, desde el acoso y la violencia sexual, hasta la máxima expresión de violencia contra la mujer: el feminicidio.
Garantizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana es uno de los retos que tienen las mesas de Seguridad Ciudadanía y Genero, que deben impulsar políticas de seguridad ciudadana que se orienten a soluciones integrales, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, a fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas, promoviendo los valores nacionales, la cultura de paz y acciones para la prevención del delito y la violencia.
La violencia, la criminalidad y la inseguridad son un serio obstáculo para la gobernabilidad democrática, por lo que se impone seguir aplicando medidas que reduzcan la exclusión social y la falta de oportunidades, restableciendo la confianza de la población en las instituciones oficiales encargadas de combatir el crimen y la delincuencia, reduciendo los niveles del delito y fortaleciendo el Estado de Derecho, todos son desafíos que debemos enfrentar con fuerte voluntad política.