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Rosario de anomalías en la JCE
El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, resaltó recientemente que la gestión que encabeza en ese organismo, administró con honestidad y transparencia las tasas de los pagos por servicios hechos por los ciudadanos, y que en los últimos nueve años las recaudaciones en las oficialías alcanzaron más de 10 mil millones de pesos.
La anomalía salta de inmediato a la vista. ¿Qué debe entenderse por “tasas de los pagos” por servicios hechos por los ciudadanos? Simplemente un impuesto que se le cobra a quienes acuden a una entidad pública a solicitar un servicio. La administración estatal actúa como si fuese una empresa privada que vende sus productos a sus clientes.
Resulta que la Constitución dispone en el artículo 93, al referirse a las atribuciones del Congreso, “Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”. Es decir, que son ilegales las referidas tasas cobradas por las oficialías de Estado Civil al momento de entregar las diferentes actas solicitadas por los usuarios, porque los impuestos se establecen por ley no por disposiciones administrativas.
Pero además, la Ley General de Presupuesto es clara, en cuanto deben estar consignados en ella los “ingresos probables”. Y que se sepa eso no ha sucedido con la JCE, que ha manejado a su libre albedrío más de 10 mil millones de pesos recaudados por las oficialías.
Sin embargo, la anomalía no se detiene ahí, el propio presidente de la JCE, el señor Rosario, confiesa que con esos recursos el organismo pudo “hacer las grandes transformaciones en edificaciones nuevas, equipos tecnológicos modernos, servicios y mejoría de las condiciones laborales del personal”.
Eso significa que las instituciones estatales pueden disponer a su antojo de los recursos recaudados, estos en vez de entrar a las arcas públicas, como manda la ley, se gastan en los asuntos internos de los organismos. Por ejemplo, La Dirección General de Impuestos Internos, terminaría haciendo uso de los recursos recaudados, -esto es mío-, dirían ellos.
Las anomalías del proceso electoral son incontables, ya esas son otra historia. Se dice que los negocios fabulosos que se hicieron en el capítulo “compra” , pero sobre todo en equipos, hacen que algunas organizaciones que luchan contra la corrupción recuerden la disposición del artículo 146 de la constitución que señala,
“Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
Fuentes de crédito incuestionable aseguran que las pruebas en manos de la Embajada son contundentes, de más fuerza que la del expediente de los Tucanos. La cancelación de visas es un primer paso. La visita al presidente de la República un segundo. ¿Será la audiencia solicitada al Procurador General de la República, el tercer paso y el inicio de lo que podría ser, si hay pruebas, un escándalo judicial de marca mayor?
jpm