RD debe preservar su lugar entre las democracias estables de América Latina

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”, Simón Bolívar

Tras más de 40 años continuos de estabilidad democrática y relevo en el mando de la nación, la República Dominica esta compelida a salvaguardar ese activo, que se constituye como su principal atractivo para ejercer influencia regional y atraer inversiones que consolidan nuestra economía.

Aunque con momentos convulsos, como la poblada de abril de 1984, reprimida duramente por el entonces gobernante Partido Revolucionario Dominicano, con un costo gravoso de más de 200 dominicanos asesinados por fuerzas de seguridad y paramilitares, el país celebra elecciones regularmente, y ningún mandatario ha podido asumir más de dos periodos consecutivos completos en ese lapso.

Naturalmente, se recuerda que en 1990, Joaquín Balaguer y sus adláteres lograron escamotear el triunfo de Juan Bosch y el PLD mediante la sustracción de las actas de votación.

Antes, en 1986, las rebatiñas entre facciones del PRD, encabezadas por Jacobo Majluta y el entonces presidente Salvador Jorge Blanco, derivaron en la dislocación de miles de ciudadanos empadronados concurrentes a las mesas de votación, pero la no evaluación de los votos observados conllevó al retorno de Balaguer al poder.

En 1994, la crisis volvió a matizar el proceso electoral, como en el 90, y con las propuestas del Partido de la Liberación Dominicana se alcanzó una salida, que consistió en adelantar las elecciones dos años, para 1996, al tiempo de separar el nivel presidencial de lo congresual y municipal.

De manera gallarda y noble, el Presidente Leonel Fernández, primero en ejercer la jefatura del Estado por el PLD, desestimó las insinuaciones desede sectores retardatarios, dirigida a que “se pusiera los pantalones”, pero con el avieso propósito de modificar la constitución en su favor para perpetuarse.

Ese ejemplo noble y apegado a principios fundamentales de la Democracia no fue seguido por el presidente que ascendió en el año 2000, Hipólito Mejía, quien desgraciadamente fue el sucesor de Fernández.

Se recuerda que mediante sacos de dineros extraídos de las bóvedas de una institución financiera que luego fue piedra de escándalo al quebrar onerosamente, el gobierno de Mejía consiguió comprar una reforma constitucional que le permitió aspirar a quedarse en el mando.

Sin embargo, el funesto accionar de Mejía como gobernante, unido al recuerdo de la buena gestión del PLD de entre 1996 y 2000, se expresó en una contundente victoria del PLD y el retorno a Palacio de Leonel Fernández en 2004, desde cuya elección se verificó un golpe de confianza en la maltrecha economía nacional, que comenzó a recuperarse sostenidamente.

Bajo el amparo de la Constitución en vigor, Fernández fue reelecto en primera vuelta para los comicios de 2008, y nuevamente se acogió fielmente al mandato de la Carta Magna, por lo que en agosto de 2012, entregó el poder a su compañero Danilo Medina, electo democráticamente en las urnas.

Danilo, quien ha realizado una obra de gobierno trascendente, propició una reforma constitucional que le acomodó para aspirar a la reelección, apoyado circunstancialmente por un PLD unificado al amparo del Acuerdo de 15 Punto, que establece la alternancia democrática en lo adelante, en lo referente a todos los cargos estatales y partidarios.

En el presente, como en otras coyunturas, diversas voces desde el propio gobierno, intentan conducir al jefe del Estado por el camino errático del continuismo, que significa la reelección indefinida.

Precisamente, la República Dominicana ha acogido la directriz alcanzada bajo votación en la Organización de Estados Americanos –OEA-, de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por violentar las prácticas democráticas en su afán continuista.

En consecuencia, para la República Dominicana es vital mantenerse dentro del concierto de naciones de América en las que reina la estabilidad y prevalecen sistemas democráticos consolidados.

De un tiempo a esta parte, algunos países de América Latina han recaído en el mal ancestral que significan el caudillismo y las reelecciones presidenciales continuas.

Resulta que algunos gobernantes no se avienen a las normas democráticas e insisten en internar perpetuarse en el poder, sin valorar el daño fundamental que infringe a sus naciones en materia de libertades públicas y estado de derecho, desarrollo económico e imagen internacional.

En varios territorios, se habla de compras de legisladores para introducir reformas que validen los proyectos reeleccionistas, previamente prohibidos constitucionalmente, y de esta manera se violenta el principio de separación de poderes al materializarse que órganos del Estado sirven más a los intereses del gobierno que al régimen constitucional al que se deben.

República Dominicana, en particular, debe procurar mantener en vigor la supremacía de la Constitución y de las instituciones nacionales, y no dar paso a un aciago regreso del personalismo y el despotismo que acarrea la reelección si limites.

El historiador español Alejandro San Francisco proclama que uno de los desafíos más importantes para América Latina es que la enfermedad de las reelecciones dé paso a la solidez de las instituciones.