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Relajamiento institucional
Evidenciadas sus
irrefutables transgresiones a la Constitución, las leyes de Ministerio Público y de Función Pública,
Francisco Domínguez Brito debió tomar el camino menos dañoso y digno: presentar
renuncia al cargo de procurador general
y pedir disculpas a la sociedad y al presidente de la República por las
faltas cometidas.
Ha dado inicio a una
labor proselitista por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana, en franca violación al párrafo II del artículo 172 de la
Constitución de la República que establece: “La función de representante del
Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o
privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus
funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en
actividad político partidista”.
Ha arrastrado a varios
procuradores adjuntos en violación al artículo 25 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, que estatuye el principio de apoliticidad: “El Ministerio
Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria.
Ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista,
aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido
político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para
tales fines. Los miembros del Ministerio Público pueden objetar, conforme lo
dispuesto en esta ley, las instrucciones particulares que les dicten sus
superiores, sin prejuicio de otros motivos, cuando se fundamenten en
consideraciones políticos partidarias”.
Realizar actividades
político partidarias o autorizar u ordenar la realización de tales actividades,
se consigna como falta grave en el
artículo 92 de la Ley del Ministerio Público
El pasado miércoles se
presentó una denuncia ante el Senado de la República en la que se especifica,
con nombre, cargo y sueldo, una relación de 28 funcionarios del Ministerio
Público que forman parte de la estructura que ha estado acompañando al
procurador en sus actividades políticas.
La respuesta que
ofreció a esta denuncia fue la de la solicitud de prisión contra el senador
Félix Bautista y otras seis personas a las que supone como socias o testaferros
del senador de San Juan, y digo que si en verdad dispone de una investigación
seria, debió colocarla por encima cualquier sospecha.
En la misma información
de su renuncia bien hubiese podido explicar el nivel en que se encontraban las
investigaciones que llevaba a cabo, sin apelar a la desesperación de pedir
prisión preventiva contra personas que no representan peligro de fuga ni de
evasión de la justicia.
Se adelantó para
procurar una explicación de su potencial destitución, pretendiendo que no se
enfoque como el producto de faltas cometidas, sino como resultado de su
intención de perseguir la corrupción, que es lo que menos se logra cuando se
carece de legitimidad.
La pelota ha sido
puesta en la cancha del presidente de la República, que no coloca a nadie en
una posición para que viole la Constitución y las leyes, y que si bien es
cierto que sabía que Domínguez Brito aspiraría a la candidatura presidencial, no
pensó que cometería las torpezas en las que ha incurrido.
Lo de la aspiración al
Comité Político del PLD era tan violatorio como lo que ha ocurrido ahora, pero
nadie lo protestó, prensa, oposición, sociedad civil y el oficialismo, fueron
indiferentes, pero lo actual tiene otras repercusiones, que comprometen
seriamente la imagen del Gobierno y la legitimidad del Ministerio Público.
Mirar para otro lado es propiciar el
relajamiento institucional, hay nuevos motivos para remenear la mata.