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Reforma al sistema de administración y supervisión de los jueces
En mi humilde opinión, es necesario una reforma al sistema de administración y supervisión de los jueces en República Dominicana. Es significativo todo este destape de acusaciones internas y sometimientos, sin explicarnos todo lo que debe saberse sobre el desmadre que hicieron los imputados.
Imputados quieren que les prueben robos y todos sabemos, cómo se esconde la verdad en esta media isla.
Aplaudo a Luis Abinader que quiere renovar las altas cortes para que los amigos del que se fue no se sientan prepotentes como lo hacen hoy, porque según ellos no hay pruebas. Borraron todo.
Creo que las altas cortes y el ministerio público saben que se debe legislar para obligar a jueces y fiscales bajo presión presunta, a denunciar ante un foro imparcial todo.
No es lavar ropa sucia en ese poder del Estado, sin contrapeso de los otros dos poderes.
Por eso, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para sustituir a 10 jueces que cumplieron o cumplirán sus períodos en las altas cortes, luego de que el Senado, la Cámara de Diputados (CD) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designen a quienes conformarán ese órgano.
En el Tribunal Constitucional (TC) hay 9 jueces desde el 2011. Ninguno de ellos podrá aspirar a repetir en el cargo. En tanto que los cinco magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) fueron elegidos por un plazo de cuatro años en julio de 2017, por lo que sus sustitutos deben ser elegidos antes de julio del 2021.
El sistema actual es que unos supervisen a los otros, pero queremos más información sobre actuaciones, patrimonio y quejas a jueces.
Creo que solicitar medidas precautorias en contra de jueces y exjueces por presuntos actos de corrupción,
supuestamente ligados al proceso investigativo que se le sigue a los jueces, es un allante, porque todo se maneja entre ellos y debe haber un referí externo.
Aclarar las causales de inhibición y recusación, debe hacerse ya.
Debe obligarse por ley, con sanciones, a denunciar con pruebas mínimas, no presuntas, si un influyente o su emisario ejerció su presión de poder, dar prisión preventiva para ambas partes o suspensión de cargo hasta decisión final, para que después que los cancelen o embarran no digan que eso me pasó por no acatar órdenes. Soy inocente.
No pueden quedarse estos casos en un “Endurecimiento de las penas, agilización procesal en casos de corrupción y aumento del plazo de prescripción del delito de tráfico de influencias”, como sugieren expertos, sino que, debemos ir más allá.
JPM