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Reclamo demagógico
Políticos y protesteros de oficio hablan de modificar la Ley de Hidrocarburos como si se tratara de algo tan fácil como de llevar una iniciativa al Congreso y aprobarla. Esa legislación y otras que han ampliado sus potestades recaudatorias son esenciales para el mantenimiento de un clima de confianza en la economía dominicana.
Desde que el Congreso de los Alburquerque (Ramón y Lila) la evacuaron al principio de la gestión del presidente Hipólito Mejía, estuvo definido que además de limitar el consumo de combustibles, que no producimos y que tenemos que adquirir con moneda extranjera, y de controlar el impacto nocivo al medio ambiente, el propósito más palpable es el macroeconómico.
Varios de los considerando de la ley así lo exponen:
“CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano esta obligado a honrar sus compromisos financieros para poder mantener el crédito y garantizarle al país acceso a nuevos recursos y fuentes de financiamiento.
“CONSIDERANDO: Que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido y que, por tanto, su preservación es de interés nacional.
“CONSIDERANDO: Que para garantizar dicha estabilidad macroeconómica es necesario hacerle frente a dichos compromisos con fuentes de ingresos del Estado que no generen una expansión monetaria y que desencadenen efectos adversos al buen desenvolvimiento de la economía del país”.
Esos criterios fueron reforzados con la Ley 557/05 que aprobó la reforma tributaria realizada por la administración del presidente Leonel Fernández para reponer las pérdidas de ingresos acarreada por la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que eliminaba aranceles aduanales y la comisión cambiaria. La carga impositiva de esa ley sobre los combustibles es mayor que la que había creado la 112/2000.
Para el presupuesto del año 2019 la proyección de recaudación de esas leyes es de 62,500 millones de pesos, que representan cerca de un 10% de todos los ingresos, con la particularidad de los de los hidrocarburos están especializados para una serie de obligaciones entre las que están los compromisos de la deuda externa del país.
Cuál sería la reacción de las agencias calificadoras de riesgos y de los acreedores internacionales, si un país que tiene un mecanismo constante y sonante de recaudación para mantener al día sus obligaciones de pago, lo varía hacia la incertidumbre.
El país requiere desde hace tiempo un incremento racional de su carga fiscal, pero tiene el rompecabezas que de los sectores de alta tributación no resisten un peso más de impuestos. No le caben ni a las telecomunicaciones, ni a los boletos aéreos, ni a los rones ni los cigarrillos, que están su vez diezmados por el contrabando; Ni a la propiedad inmobiliaria, ni a las ganancias de las empresas.
Lo otro sería pensar en ampliar la base del Itebis, gravando artículos básicos que aún no pagan o incrementando el 18% de los que están gravados.
Solo en el marco de una reforma fiscal podrían reexaminarse los ingresos por concepto del impuesto a los combustibles,y, dudo que el impacto sea para colocarlos a la baja.
El reclamo que comparto es el de hacer más transparente el mecanismo de aplicación de esa ley, de modo que cuando el Gobierno asuma parte de las alzas de los precios del petróleo las comunique, y cuando baje y también aproveche para compensar las amortiguaciones de las alzas que no reflejó en su totalidad, ponga toda la información sobre la mesa.
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