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En la República Dominicana, se debate en la actualidad el presente y futuro de su sistema democrático.
En un Reporte del Programa de las Américas del CSIS (Center for strategic & International Studies), diciembre 2013, se indica “…La percepción de desigualdad de la imposición de las leyes en favor de los aliados del gobierno (…) ha abierto las puertas para la infiltración de las organizaciones criminales transnacionales -particularmente- en el ámbito del narcotráfico.”
Las recientes denuncias del “don”, Ernesto Quirino Castillo Paulino, exigiendo el pago de 200 millones al expresidente Leonel Fernandez, son pruebas de la indicada complicidad. Esteban Rosario, afirma “El Narcotráfico está asociado a los grupos de poder tradicional en la República Dominicana”, en su libro acerca del tema.
En similitud a los casos de corrupción dominicanos, Joao Vaccari, el tesorero del Partido de los Trabajadores del Brasil está detenido. Y, asimismo, el ex vicepresidente español del gobernante Partido Popular Rodrigo Rato, ex director general del FMI, fue investigado y “por orden judicial el bloqueo de todas sus cuentas.”
Otro caso que repercute en la situación política dominicana, es la detención en una cárcel de la Florida, sin derecho a fianza, del doctor Salomón Melgen, por estafa al sistema de salud Medicare. Es un pariente cercano de la familia Castillo Seman. En este caso está acusado por corrupción el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez.
Allí, en esos países, no se archivaron los expedientes, ni los jueces emitieron autos de “No Ha Lugar”, a favor de los imputados sin importar rangos o prestancia de ellos y de sus asociados.
Además, el referido estudio en sus conclusiones, señala “…las prácticas corruptas junto con la impunidad comienzan a ser percibidas como deteriorando las bases democráticas del país.” Y, agregó “El acontecimiento más serio es que las personas están perdiendo la fe en la autoridad judicial”, según apreció un antiguo magistrado.
A ese respecto, la sociedad dominicana se levantó con los pronunciamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en su comunicado titulado “CONEP expresa preocupación por la crisis de confianza en la justicia”, las Iglesias, la sociedad civil, los partidos y organizaciones diversas; y, personalidades e intelectuales, todos a una sola voz contra la corrupción y la impunidad.
El profesor Juan Bosch, en un discurso dirigido a los trabajadores dominicanos, ante una huelga por conquistas económicas y políticas, el 18 de marzo de 1963, publicado el día siguiente en la página 16 en El Caribe, dijo “… Nosotros preferimos que nos tumben por mantener la ley, la justicia y el derecho, a mantenernos ahí abusando o distorsionando la justicia, y el derecho y haciendo de la ley un mal uso.”
Esa postura fue eliminada por la inconducta de la actual dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Como ejemplo, vemos lleno de ira el titular del poder judicial, doctor Mariano Germán, hablando en su condición de dirigente del Comité Central del PLD.
En esta ocasión, también, la sociedad dominicana, no sólo la oposición política, le ha declarado una huelga a la Suprema Corte de Justicia por su confesa complicidad en los casos de archivos de expedientes y “No Ha Lugar”; también la ciudadanía en manifestaciones públicas exige el enjuiciamiento y condena a los ladrones del erario del Estado.
En este contexto complejo, se conspira contra la voluntad soberana del pueblo, desde “el partido hegemónico pragmático”, cómo definiría el politólogo italiano Giovanni Sartori al PLD.
Dicha corporación gobernante, para mantenerse en el poder con su estrategia: Repostulacion o Reelección. El doctor José Francisco Peña Gómez, en su tesis doctoral calificó la Reelección como la causa de todas las desgracias institucionales del país.
Seria asistir a un “matadero electoral”, sin nueva Ley Electoral y de Partidos políticos y sin un equilibrio en los jueces electorales.
En consecuencia, el pueblo a través de la movilización permanente y la participación de la matricula legislativa opositora debe plantear la convocatoria de la Asamblea Constituyente para restablecer la separación e independencia de los poderes del Estado.
Luchar por el nuevo retorno a la constitucionalidad y el establecimiento de una democracia revolucionaria, es la tarea pendiente desde abril de 1965. En definitiva, “siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto”, sentenció Martín Luther Kings.