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Otra JCE de políticos y de amigos del gobierno
Salimos, como dice el refrán popular, de guatemala o de una Junta Central Electoral (JCE) que era un comité de base del PLD para meternos en guatapeor o en otra JCE que es un grupo de políticos y amigos de Danilo Medina, de Leonel Fernandez y de Miguel Vargas, la cual por su naturaleza política y por sus actuaciones y declaraciones tampoco esta apta para organizar elecciones justas y transparentes.
Una vez mas esta JCE con la introducción de la misma ley electoral al Congreso, nos hace creer que el problema electoral en RD se debe a la falta de una norma electoral cuando la realidad es que el problema está en que la JCE y los órganos de custodia y seguridad de las elecciones no cumplen la ley, permiten la desigualdad y el fraude y no tiene voluntad política para transparentar e independizar los procesos electorales del poder económico y del gobierno.
Esta nueva JCE escogida por el Senado en Noviembre del 2016, bajo la presidencia de julio César Castaños Guzman, a pesar de denunciar que habían dejado una deuda de $ 2,400 millones, de ponernos a pagar este déficit a través del gobierno y de no hacer nada para averiguar este hoyo financiero, al mes siguiente en Enero le aprobó pensiones millonarias a 4 de los magistrados salientes.
Estos ex miembros de la Junta Central Electoral (JCE), algunos con sus oficinas abiertas de abogados y haciendo negocios, cobran cada mes pensiones, que sumadas, ascienden a RD 1 millón 074 mil. Según la Relación de Pensionados de la JCE a Enero del 2017, publicada en la página Web de la institución (www.jce.gob.do), el que cobra la pensión más alta es el ex presidente Roberto Rosario, quien recibe RD$ 318 mil por 14 años de sacrificio en el organismo.
Le siguen los ex miembros del organismo con 10 años de labor, Edy Olivares, que cobra una pensión de RD$ 252 mil, Jose Angel Aquino $ 252 mil y Cesar Feliz Feliz $ 252 mil a través del plan de retiro de la institución para un total a cobrar de más de $ 12 millones anuales. Todo esto es sin mencionar la millonada que se metieron a sus bolsillos por concepto de las prestaciones laborales y de las cesantias.
Si en este país hubiera un gobierno con autoridad moral y una justicia imparcial que se respetara lo correcto era someter a estos ex magistrados de la JCE por delitos administrativo y electorales y sancionarlos no solo por la compra de esos equipos inservibles y costosos sino también negarles los beneficios laborales de ley.
Hacen mas de 6 meses, el 26 de Enero, el pleno de esta JCE ordenó que se investigue el desempeño de los equipos capta huellas y que la CC audite la compras y su impacto en las finanzas del organismo. Sin embargo, estos equipos están guardados, pagando $ 25 mil mensuales. Es decir, no hay investigación ni hay auditorias.
Tras la firma de un documento de intelectuales pidiendo la renuncia del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones, aunque no estoy de acuerdo con estos pedidos que con todo sus derechos reclaman estos ciudadanos por ser extemporáneos tampoco estoy a favor de las declaraciones de rechazo del presidente de la JCE pues su atribución es de administrador electoral no de activista político.
La renuncia del presidente y de la vice es una figura constitucional establecida en el artículo 132 de nuestra constitución. Cualquier ciudadano puede solicitar su renuncia si entiende que hay una crisis politica. O solicitar al congreso la interpelación para abrir un juicio político. También tiene el referendo consultivo en el artículo 272 de la Constitución que permite la modificación constitucional, introducir la Constituyente y convocar nuevas elecciones que son vinculantes.
Pero, en lo que debiera estar esta JCE es investigando junto a la procuraduria si hubo o no financiamiento ilícito de la campaña electoral desde el 2001 al 2014, por parte de Odebrecht. Ojala no tengamos que salir desde ya a rechazar esta JCE que nos podría llevar hacia otro desorden electoral y hacia a otra crisis política peor.
JPM
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