OPINION: Más allá de una Reforma Fiscal (2 de 3)

 El anuncio del gobierno en el último trimestre del 2020, que era inminente una reforma fiscal, resultó un tanto extemporánea e inoportuna, preocupante en la población, en el momento en que el mundo y dominicana se encontraban paralizados por las crisis de salud y de la economía. 

El gobierno de Luis Abinader tiene ante sí un gran reto post pandemia: la recuperación económica, el aparato productivo y servicios, tendentes a la creación y recuperación de los empleos perdidos en la pandemia y lograr las condiciones necesarias para una mejoría en la distribución del ingreso, con estabilidad; sin embargo, unos factores constituyen su talón de Aquiles: Presión en las finanzas públicas; deuda, el déficit fiscal, cuasi fiscal, requerimiento de más gastos por la crisis de salud, una economía que aún inicia su recuperación por la pandemia; y una deuda social acumulada.

En efecto, la presión de deuda consolidada del sector público es más de 74% del PIB, mientras la del SPNF no financiero más de 60%. Esto es una deuda que duplica el porcentaje del PIB en 8 años. Mientras que el servicio de pago de intereses y amortización implica un 5% del PIB, y más de un 37% de los ingresos corrientes, lo cual es muy oneroso para esta economía.

 El déficit fiscal de más de un 3% del PIB, la deuda pública financiera del Banco Central, que equivale a más de un 17% PIB. Al mismo tiempo habría que incluir la necesidad de financiamiento para la ejecución de los planes y proyectos expresados en el presupuesto nacional, los gastos de la pandemia, el mantenimiento de los programas sociales; gastos de capital; toda esta situación constituye un gran peso para las cuentas fiscales y la necesidad de financiamiento de más del 6%, cuya repercusión sería un incremento en el endeudamiento, con consecuencias imprevisibles.

En este contexto, una reforma tributaria será inminente, el cual tendría que realizarse en el marco de un pacto fiscal, conforme a lo establecido en la END, tal como hemos señalado.

En casi 30 años hemos realizado 17 reformas tributarias; solo en 10 años hemos aplicado 6; Estas se han focalizado en aumentar los ingresos fiscales para enfrentar las situaciones coyunturales presupuestales. Sólo la ley 11-92 podría considerarse una verdadera reforma porque modificó la estructura tributaria tradicional.

Concomitantemente, en esos 30 años, se han aprobado y aplicado más de 80 leyes de incentivos, exenciones, subsidios y exoneraciones, lo que se ha llamado “gasto tributario”, con efectos negativos sobre los ingresos que debería percibir el gobierno.

En la perspectiva de un pacto fiscal, el gasto tributario basado en 8 leyes impositivas generales y 31 disposiciones legales, que asciende a más de 250 mil millones de pesos al año y que beneficia a unas 500 grandes empresas en franco perjuicio del mercado, creando, por demás, privilegios irritantes.

Solo las exenciones al sector Salud, a la generación eléctrica y a las zonas francas, implica en conjunto el 61.80% de los gastos tributarios sectoriales; constituye un obstáculo para el consenso; una elocuente regresividad fiscal.

En ese contexto la revisión de dicha política, “sería suficiente para aumentar la presión tributaria por encima del 20% del PIB, superar el déficit fiscal y, a su vez, generar un excedente para gastos de inversión de 3.8% del PIB”.

La economía dominicana presenta la paradoja: mientras la tasa de crecimiento de la economía ha acumulado un promedio de un 5.4%, en los últimos 40 años, por otro lado, los ingresos fiscales han aumentado en más de un 20%; no obstante, este porcentaje de incremento no se corresponde con ese incremento, esto significa que aún con la reforma prevista y la previsión de crecimiento de la economía de unos 7%, difícil compensar el déficit consolidado del 2021.

En efecto, se observa en el periodo un péndulo en los ingresos, cuyo incremento ha sido menor que proporcionalmente al aumento del PIB. En ese mismo periodo la presión tributaria promedió 11.9; hoy constituye menos del 15%. Lo que muestra la incapacidad recaudatoria del sistema tributario. Al mismo tiempo, los efectos distributivos se reflejan en pobreza y desempleo provocando la informalidad de las actividades económicas.

La política de incentivo permite altos niveles de exenciones; se ha determinado que el gobierno dejó de obtener   un 2.6% del PIB a febrero 2011; mientras que para el 2020 este fue de más del 5%; esto ha constituido un 39.2% de los ingresos por impuestos estimados en el presupuesto nacional para ese mismo año (2020); igualmente los altos niveles de evasión fiscal,  los gastos de transferencias, subsidios e incentivos, crean rigideces presupuestarias y una forma de regresividad.

El gobierno dejó de percibir en los últimos años un 2.8% del PIB, por evasión de impuestos; este monto, equivale al mismo porcentaje que se estima dedicar para honrar el servicio de la deuda en los próximos años.

Por otra parte, el sistema tributario descansa en 6 figuras impositivas, basada, como hemos señalado, en los impuestos indirectos; en tanto que más del 90% de los ingresos tributarios los constituyen solo tres impuestos.

Los Impuestos indirectos significan más de un 75% de los ingresos fiscales; cuya base imponible se define sobre las mercancías y servicios, solo el ITBIS produce más de un 32%; los directos representan menos de un 25% de los ingresos, los impuestos directos sobre el patrimonio y la renta, pierden importancia en esta estructura, lo que hace al sistema más regresivo, esto no se corresponde con nivel equidad vertical, que debe regir un sistema tributario justo.

No podemos mantener este modelo de distribución, como tampoco podemos mantener este modelo económico, tal como ha planteado el mismo gobierno, los empresarios industriales. Las funciones distributivas y de asignación del estado deben replantearse en función de la distribución de la carga impositiva, la asignación del gasto y la incidencia de los impuestos en la población.

JPM