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Al concluir el primer mandato del Presidente Medina es menester hacer las cuentas de cuanto ha ocurrido, y de las hipotéticas medidas que tomaría el nuevo Gobierno que se iniciaría el 16 de agosto del 2016 y que concluiría exactamente cuatro años más tarde.
¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años?, ¿cuáles acontecimientos podrían hacer naufragar definitivamente a la nación?
Al comenzar el periodo de Gobierno (2012-2016) que ahora concluye, el país llevaba a rastras, el peso descomunal de una inmigración haitiana que había desnacionalizado el empleo y había reducido las conquistas sociales de los dominicanos. Tras el terremoto del 12 de enero del 2010, el Gobierno de entonces se había hecho de la vista gorda ante un desplazamiento sin precedentes de poblaciones, que habían penetrado al país por distintas causas.
- En búsqueda de empleo, porque Haití tiene el más alto desempleo del continente, calculado en un 70%. A esta circunstancia se añaden las diferencias salariales, que harán que siempre sea más barato contratar a un haitiano que a un dominicano.
- En busca de los servicios sanitarios, porque mientras que en Haití el 90% de todos los servicios de salud son privados, en el país se mantiene una estructura de salud pública subsidiada por el Estado y un sistema de seguridad social, solventado por el esfuerzo de los trabajadores y las empresas. De manera que tales circunstancias ha atraído a miles de parturientas haitianas que han representado en muchos hospitales el 25% de las demandantes de servicios. Además se han desplazado miles de enfermos del país más insalubre del continente, que tiene, a su vez, las mayores prevalencias de malaria, de SIDA, de las hepatitis transmitidas por vectores, de la filariosis, del cólera etc. Y, finalmente, se desplazan menores de edad del país con más huérfanos del continente, que son, inmediatamente, empleados en las faenas de la mendicidad; han devorado todos los esfuerzos que hemos realizado para socorrer a nuestra niñez desvalida.
Toda esta mudanza del pueblo haitiano a nuestro territorio no hubiera podido concretarse sin la existencia de una red de ONGS, cuya tarea ha sido acorralar, desacreditar, humillar, hacer pasar por las horcas caudinas al Estado dominicano; criminalizar la defensa de nuestros derechos y mantenernos en una circunstancia de reo internacional, que pueda permitir el derrumbe total de la soberanía dominicana bajo el estereotipo de que se trata del combate a un Estado que practica el apartheid. Es decir, convirtiendo la catástrofe de otro país, en un problema interno de la República Dominicana.
Concluido el desplazamiento, la frontera geográfica se ha vuelto una línea imaginaria, ficticia, propicia a la expansión natural de un Estado fallido, colapsado, intervenido por la Comunidad Internacional. Para la Misión de las Naciones Unidas, MINUSTAH, Haití constituye un auténtico quebradero de cabeza, un túnel oscuro donde no se ve la lumbre, por varias razones:
- Los costos de la misión ya resultan demasiado onerosos para los países que la financian. Tras más de tres lustros de intervención; no hay instituciones que sustituyan el esfuerzo de estabilización y de seguridad, concebido como una solución transitoria y temporal.
- Después del fracaso estrepitoso de las elecciones del 2015, del hundimiento de la seguridad pública, del olvido de la reconstrucción de ese país devastado, insalubre, sin esperanzas y sin un polo de autoridad, la Misión de la MINUSTAH se halla exactamente con las mismas circunstancias que exigieron la intervención internacional. Han vuelto al puerto de origen. Entre los jefes de la Misión se tiene la convicción de que Haití es un problema sin solución, donde ha fracasado notoriamente la ayuda internacional, y donde las ONG han encontrado, al parecer, la llave de la bóveda, que es romper la frontera jurídica dominicana para millones de haitianos sin comida, sin trabajo, sin estabilidad política, sin seguridad, enfermos. Para los desesperados que devoran brutalmente los bosques de nuestro país para hacer carbón. El proyecto es traspasarles nuestros derechos a una población extra nacional y extraterritorial.
En resumidas cuentas, al no columbrarse una salida, aparece el proyecto de la desintegración de la República Dominicana, y su transformación en un Estado binacional. Tal es el propósito de un conjunto de fuerzas empeñadas en la negación de nuestro proyecto histórico:
1) Un polo internacional, en el que participa la elite política haitiana, su menguado sector empresarial, muchos hombres de negocios conectados con el narcotráfico y el crimen organizado; y sus aliados del CARICOM, a los que se les ha convencido, previamente, de que están luchando contra la Sudáfrica anterior a Mandela. Gonzalves y otros dirigentes de los Estados del Caribe, manipulados por los políticos haitianos y las ONG, piensan sinceramente que la desintegración de la República Dominicana supondría un acontecimiento de las dimensiones del fin del apartheid y del racismo en Sudáfrica. Por lo que la han convertido en una reivindicación de su política exterior. Haití ha convertido su debilidad, su condición de víctima en una plataforma diplomática, que nos ha hecho figurar como culpables de su desgracia. De este modo, se han incorporado a las fuerzas que ansían nuestra desaparición como Estado independiente de la circunstancia haitiana; el gobernador del CIRCH, Bill Clinton y varios de los poderes supra estatales representados por la ONU, la OEA y los países que tradicionalmente han sido donantes de Haití—Francia, Reino Unido, Holanda, Canadá, EE UU– que tras varias décadas de subvencionar mediante ONG que de algún modo han suplantado al Estado haitiano, han centrado todos sus esfuerzos en auxiliar a los desplazados a nuestro país: construirles casas, preparar la implantación, abolir las legislaciones dominicanas y preparar las condiciones para una intervención internacional, en el territorio dominicano, que desplace definitivamente el obstáculo a esta colonización.
- En todas estas maniobras hay un polo nacional representado por los propulsores del plan binacional Quisqueya, en cuya avanzadilla se halla el ex presidente Bill Clinton y el Grupo Vicini y otros empresarios, que ya han entrado al teatro de operaciones, con el apoyo del Gobierno. De este modo, quedarían los 10.527 km2 de las cincos provincias fronterizas dominicanas (21,6% de la superficie del país), en la expresión concreta de ese proyecto.
El cálculo es el siguiente: los bajísimos salarios y las cuotas HOPE que Haití no está capacidad de colmar plenamente, transformaría el eje Dajabón-Ounaminthe en la frontera norte en una gigantesca zona franca de exportación de textiles. En la frontera central, en el eje Elías Piña Belladere, se piensa reproducir un polo agroindustrial, siguiendo el mismo modelo que ha desalojado al dominicano de la agricultura. En la zona de los grandes lagos, Jimaní-Malpase se han bosquejado empresas energéticas, que comprometerían el destino dominicano a los pareceres de la parte haitiana. Y, en la zona sur, en el eje Pedernales-Anse a Pitre, se ha concebido un polo turístico, que convertiría a la más despoblada de las provincias dominicanas, en un polo de atracción para la implantación de las oleadas migratorias que borrarían el predominio dominicano, arrancados a las ambiciones haitianas en los ardidos campos de batalla de nuestra Independencia.
Ante todas esas maniobras, ¿qué ha hecho el Gobierno dominicano para defendernos de las amenazas a la soberanía que representan la circunstancia geopolítica de la isla de Santo Domingo?
Tras la Sentencia TC168/13 que dejaba claramente establecido que a los hijos de extranjeros no residentes en el territorio dominicano, tal como acaece en casi todos los países del continente, no les corresponde la nacionalidad dominicana por jus solis, se planteaba el primer desafío al Gobierno del Presidente Medina.
A la luz de las dos legislaciones imperantes en la isla de Santo Domingo (la dominicana y la haitiana) las cosas se hallaban totalmente claras. Los hijos de haitianos no pueden ser privados de la nacionalidad de sus padres. Tal como dice su propia Constitución, en su artículo 11 ; el desplazamiento ilegal no generaría, pues, derechos nacionales en personas que no tienen la condición de residentes en el Estado dominicano.
¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el Gobierno dominicano para resolver este intríngulis?
- Para evitar la aplicación de la Ley de Migración que hallaba su justificación en la defensa de los intereses nacionales, el Presidente dictó en el mes diciembre del 2013, el decreto 327/13 que prohibía las deportaciones de los haitianos ilegales por dos años durante el tiempo que durara un plan de regularización de la población de extranjeros ilegales en el país. En su contenido profundo el decreto privaba al Estado dominicano del derecho a ejercer su autodeterminación. En el artículo 37 se planteaba que el país no podía deportar en ningún caso a personas enfermas, vulnerables. Se planteaba, además, que los procedimientos de repatriación de estas poblaciones podrían hallarse sujetos a un proceso judicial (art.35) . O sea, que se desconocía la legalidad del propio Estado para deportar a su país a un extranjero que no pueda justificar su presencia en el país.
- Para demoler los efectos de la Sentencia TC168/13, el Gobierno hizo aprobar, sin discusión en ninguna de las Cámaras, en veinticuatro horas, la Ley 169/14 que “acreditaba” a los hijos de extranjeros no residentes como dominicanos. Que concedía residencia por dos años prorrogables a todos aquellos que se hubieren acogido al plan de regularización de extranjeros. Al final de ese proceso, de todas esas maniobras contra el destino nacional, la Junta Central Electoral, en cumplimiento de lo establecido por los poderes del Estado, expidió documentos de identidad dominicana para 55.440 extranjeros, sin actas de nacimientos, sin documentación requerida y, en una enorme proporción, con documentos falsos. El Plan de Regularización le concedió status de residentes a todos los inscritos que eran 288,466 haitianos, sin haber llenado los requerimientos de la propia Ley. Sólo unos 4000 pudieron cumplir con algunas de las exigencias. La frontera jurídica ha sido vulnerada con carácter definitivo. Todavía el país no se ha enterado de las gravísimas repercusiones que tendrá para el destino de la nación haber convertido en derechohabientes del Estado y de la nación dominicanas a una población extranjera, hermanada por vínculos consanguíneos, intereses económicos y políticos con otro Estado. Lo que no pudieron lograr los Ejércitos en el campo de batalla, lo han logrado las ONG, el victimismo haitiano y la falta de patriotismo de los grupos que dirigen el país; el esfuerzo combinado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo anularon los preceptos de la Constitución y la disposición del Tribunal Constitucional.
Nos hemos transformado en manos de todas estas fuerzas, en un perverso experimento geopolítico.
Don Julián Marías, el insigne pensador español, decía que las dos preguntas fundamentales que debemos hacernos siempre son:
1) ¿Quiénes somos?, y 2. ¿Qué será de nosotros? Trataremos con los ya explicado de responder a la primera pregunta, y dejaremos para una próxima entrega, la segunda pregunta.
Somos un pequeño país, encerrado en una misma isla con otro país, completamente distinto y a la vez rival, del cual nos independizamos. La frontera intra insular define a conciencia el territorio en el que se ejerce la autodeterminación del pueblo dominicano. Si no mantenemos el equilibrio demográfico, cultural y económico podríamos perder definitivamente el sentido inicial de nuestra vida. A partir de este momento, dos fuerzas demográficas se habrán de disputar la supremacía en tierra dominicana: la de los haitianos, que ya han desnacionalizado la agricultura, la construcción, la buhonería y conquistan en procelosa expansión los servicios públicos: la salud, el transporte, la educación y devoran el bosque y las ayudas sociales, y la que representa el pueblo dominicano reducido a la mendicidad gubernamental y a la descomposición social. Somos, además, el país que enfrenta el mayor ataque diplomático contra su status soberano. Tres veces condenado por la Corte Interamericana de los derechos humanos (CIDH), por diversas resoluciones del CARICOM, por las resoluciones de organizaciones de poderes de los Estados organizados OEA, ONU y por todas las ONG que viven de la catástrofe haitiana, y consideran que nuestra resistencia nacional debe ser vencida.
Tales circunstancias hicieron que los grupos nacionalistas participaran por vez primera, bajo la bandera del Polo Soberano y de la FNP para ponerle un muro de contención a toda esta suplantación. Para recuperar el territorio perdido de la nación: sus empleos, sus escuelas, sus hospitales, sus bosques y sus ríos. La mayoría de los intelectuales y la prensa en general se burla de estos grupos. Eran parte de un proyecto ilusorio. Eran unos Quijotes. Perdieron en todas las elecciones: las presidenciales, las legislativas y las municipales. Si algún acontecimiento recuerda esta derrota es la batalla de la Barranquita. En aquel punto y hora, 80 dominicanos mal armados, solos, traicionados por el resto de la nación y por todos sus políticos que habían puestos los pies en polvorosa, se enfrentaron en las soledades de ese cerro famoso, a unas fuerzas compuestas por 800 soldados estadounidenses, bien armados, dotados de blindados, con muchas armas y provisiones y recursos. Sabían que iban a morir, y sin embargo hicieron lo que consideraban que era su deber, defender la soberanía al precio que sea . ¡Qué gran lección de sacrificio nos dieron estos hombres! Momento supremo en que un hombre convidado presenciar la desaparición de su patria, recuerda aquellos versos de Martí “no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor/ yo soy bueno y como bueno /moriré de cara al sol”