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OPINION: Las estadísticas nacionales: una reforma aún pendiente
POR JULIO CESAR MEJIA
Son verdaderamente impresionantes los acelerados cambios que se han producido en las últimas tres décadas en la oferta, demanda, accesibilidad, distribución y difusión de estadísticas disponibles a nivel planetario, regional y local, tanto en el ámbito del sector público como del privado. Esta explosión (boom) de las estadísticas, propiciada por el uso masivo de tecnologías de información y comunicación (TICs), la Internet, los software para procesamiento y análisis de datos más amistosos con los usuarios no informáticos (Excel, SPSS, etc.), las herramientas de exploración y manejo relacional de grandes bases de datos y de georreferenciación de datos (Big Data, Minería de Datos, Sistema de Información Geográfica (SIG), etc.), y otros recursos informáticos más recientes; así como el incremento del intercambio científico y de la cooperación internacional, entre otros factores y procesos, constituye, sin dudas, una verdadera revolución de la información.
En el caso de América Latina y el Caribe, un factor determinante de este boom, además de los cambios tecnológicos mencionados, ha sido la reforma al marco institucional que regula la producción estadística nacional que se ha implementado en casi todos los países de la región, creándose y/o fortaleciéndose los Sistemas Estadísticos Nacionales, sobre todo mediante la reconversión de los organismos nacionales rectores y/o ejecutores en Institutos Nacionales de Estadística con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión, funcional, presupuestaria, administrativa y técnica, y patrimonio propio.
En el plano nacional, también en la República Dominicana se han operado importantes cambios en la producción y difusión de estadísticas. En general, el reportorio de datos disponibles en el país, provenientes de encuestas, censos y los llamados registros administrativos, ha crecido de manera sorprendente en las últimas dos décadas. Se han incrementado enormemente los datos que se disponen sobre cuestiones trascendentes para la vida económica y social de los dominicanos, como son la producción de bienes y servicios, las finanzas, los flujos de bienes y servicios con el exterior (importaciones, exportaciones, remesas), el turismo, energía, comercio, salud, educación, medio ambiente, el mercado laboral, la pobreza, la desigualdad de género, las inmigraciones a RD, la fecundidad, la mortalidad, sólo para citar algunos ejemplos.
Puede afirmarse que en general también se han mejorado significativamente las metodologías de recopilación, de procesamiento, análisis y divulgación de los datos oficiales, así como la profesionalización del personal responsable de elaborar las estadísticas.
No obstante estos significativos avances, aún seguimos teniendo en el país carencia y déficit de datos sobre temas o problemáticas de significativo impacto económico-social, cultural y demográfico, como son: los flujos de intercambio de mercancías y servicios entre nuestro país y el vecino Haití, las emigraciones de dominicanos al exterior, las migraciones de retorno de dominicanos, los movimientos poblacionales transfronterizos Haití-RD, las migraciones que involucran tráfico de personas, para sólo citar el ejemplo de una de las áreas de las estadísticas nacionales, como son las migraciones y comercio internacional con Haití.
De otro lado, dada la carencia de estándares o normas de producción, distribución y difusión de datos, son frecuentes los problemas de orden metodológico y técnicos que afectan significativamente la calidad de las estadísticas dominicanas, lo que provoca que con frecuencia se encuentren resultados divergentes, discrepancias e incluso inconsistencias metodológicas en varios sectores de las estadísticas oficiales. Esta situación genera controversias que pueden afectan la legitimidad de algunas cifras oficiales, como son los casos de algunas estadísticas del área económico-financiera (PIB, deuda externa e interna, gasto público, déficit fiscal, presión fiscal, etc.), del mercado de trabajo (empleo, desempleo, informalidad, costos laborales, etc.), entre otras.
Particularmente, con respecto a los datos provenientes de los censos nacionales de población -la principal fuente de datos demográficos, socioeconómicos y espaciales- en todo sistema estadístico nacional-, las recurrentes decepciones y hasta frustraciones que nos han dejado esas gigantescas operaciones estadísticas indican que las tareas de planear, organizar, levantar y procesar con eficacia, eficiencia y transparencia un Censo Nacional de Población y Vivienda en RD han desbordado con creces no sólo las capacidades de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), sino también, las competencias gerenciales y logísticas y la transparencia de todo el Estado Dominicano.
Pese a los significativos avances logrados en los 12 años de la gestión 2004-2016, la ONE no se convirtió en una entidad con capacidades suficientes para satisfacer los requerimientos nacionales de información estadística de calidad que plantean a la gestión estatal el nuevo reordenamiento institucional del país que se inició en la década pasada con la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, ni de aquellas demandas de datos que generan compromisos internacionales de los que el Estado dominicano es signatario, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Infortunadamente, una iniciativa legislativa del Gobierno dominicano, que data del año 2009, para adecuar a estos cambios el marco legal y la arquitectura institucional de las estadísticas nacionales en RD, ha transitado un largo periplo en el Congreso Nacional. Los inconvenientes que contiene ese Proyecto de Ley que regula el Sistema Estadístico Nacional (SEN), aprobado a principios de año en segunda lectura por el Senado de la República, es tema del próximo artículo.
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