OPINION: La irresponsabilidad de la OEA

 

En  los últimos meses, la Organización de Estados Americanos ha sido apoderada de varias denuncias contra el Estado dominicano, inducidas por el Estado haitiano,  y apoyada por los 15 miembros del CARICOM, para que la Organización en tanto que organismo multilateral intervenga en el derecho interno de la República Dominicana, bajo la gravísima acusación de que el Estado dominicano ha establecido una Constitución que fomenta la apatridia.

La nacionalidad representa una comunidad, que halla su pleno desarrollo en las formas del Estado. Cada individuo se considera miembro de un Estado.  Cada Estado determina por su derecho interno la atribución de la nacionalidad.  La  nación dominicana representa el territorio, la historia, la lengua, los modos de vida, la cultura y el esfuerzo de todas las generaciones pasadas de  dominicanos que le arrancaron a todos sus enemigos la Independencia e implantaron, tras doce años de guerra plena (1844-1856), un Estado nacional que constituye la patria de los dominicanos.

  1. El argumento de la apatridia

¿Cuales son las razones que han llevado al Secretario General de la OEA  a la idea que entre los dos países que se reparten el predominio  de la isla de Santo Domingo se ha implantado la apatridia?  ¿Por qué la Corte Interamericana de los derechos humanos, apéndice de la OEA, sugirió que la Constitución dominicana fuese reformada en lo que toca al régimen de nacionalidad?

  1. Prevalece entre las dos naciones que mantienen el señorío de la isla de Santo Domingo el principio de la filiación o jus sanguinis, para establecer quiénes  son ciudadanos de su Estado.

La nacionalidad haitiana se determina por la filiación.

Artículo 11:   Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de un padre o de una madre haitianos, que, a su vez, hayan nacido haitianos y no hayan nunca renunciado a su nacionalidad.

Queda demostrado rotundamente  por el artículo 11 de la Constitución haitiana que  los hijos de haitianos, son haitianos, sin que intervengan otras consideraciones.

  1. Por otra parte, la Constitución dominicana en su artículo 18 dice lo siguiente:
  • Son dominicanos los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;

De las comparaciones de las dos legislaciones, llegamos a  una  primera conclusión. La nacionalidad por filiación no se halla supeditada  por el lugar de nacimiento ni su transmisión se halla limitada por la territorialidad del derecho y de la Constitución. Los nacionales de ambos países, no pierden en ningún caso, el derecho de transmitirles la nacionalidad a sus descendientes. De donde se deduce que   entre los dos Estados la existencia del principio de filiación—predominante en la  totalidad de las naciones del mundo— anula  la posibilidad de la apatridia.

La apatridia sólo puede  proyectarse cuando ninguno de los Estados considera como ciudadano suyo a una persona. Según las normas imperantes, los descendientes de haitianos no pueden ser considerados, en ningún caso, apátridas. Los hijos  no pueden ser despojados arbitrariamente de la nacionalidad de sus padres. La declaración del informe de la OEA que echa al ruedo  la idea de la apatridia muestra la falta de probidad de los responsables de ese organismo. Dice el informe  que“Reconoce que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”.

No hay ninguna razón jurídica que pueda sustentar esa mentira.  La  supuesta imparcialidad  del señor Almagro se convierte en repugnancia por la verdad. No hay una sola línea del informe fundada en el derecho internacional ni en las normas de justicia  que prevalecen entre los Estados.  La actitud de Almagro es la del pirómano disfrazado de bombero. En lugar de desvanecer el conflicto, contribuye a fabricarlo. Si no es el derecho ni la justicia ni la doctrina de la OEA, ¿cuáles son las normas que ha tomado en cuenta este señor en el propósito de dilucidar el conflicto que se le ha planteado?

Los comisionados de la OEA  comprobaron que el Gobierno haitiano no provee de documentación a sus nacionales. Sin embargo, el informe hace caso omiso de estos hechos gravísimos. Se sabe, además,  que más del 40% de la población haitiana carece de  documento de identidad, que el Gobierno haitiano priva a su pueblo del ejercicio de la ciudadanía; que los extranjeros, que se hallan en el país, les dijeron a los comisionados que las autoridades haitianas no les entregan documentos ¿Para qué ha servido toda esa información? La falta de honradez de estos señores, la ignorancia del tema que tratan, la indulgencia que manifiestan ante las violaciones de  las autoridades haitianas, sirve al engaño; se vuelve cómplice de ese gobierno y desampara al pueblo vulnerable que dice defender. ¿Por qué no se  pronuncia el Santo Padre sobre esa barbarie? Nos hallamos ante la realidad de un Estado que  despoja a sus ciudadanos  de sus derechos  Nos hallamos ante las decisiones internacionales de unos burócratas desconectados de la realidad, que se niegan a ver la verdad y a prevenir sus fatales consecuencias.

Para rematar sus torpes conclusiones, el informe deja entrever el irrespeto y el ultraje contra los dominicanos, fabricando categorías inexistentes y ofensivas. Dice, maliciosamente,  en un pasaje lleno de sarcasmo: “la necesidad de ayudar en la construcción de consensos y de soluciones, tomando en consideración los intereses de los ciudadanos de la isla     ”.  De lejos se les ve el plumero. No hay ciudadanía común en la isla. Hay dos ciudadanías independientes y dos Estados soberanos. Coincide este pasaje con las declaraciones en las que Almagro ha dicho que no está de acuerdo con la existencia de dos Estados en una isla. Se cree Almagro más listos que los demás, y piensa, vaya tonto,  que no nos enteramos del trasfondo  de sus manipulaciones. Aprovecha ese pasaje para derramar su veneno.  La soberanía no se negocia ni se somete a consensos con extranjeros, y el deber de la OEA es respetarla. Almagro se halla dispuesto a llevar su error hasta las últimas consecuencias.

  1. El humanismo de la OEA: despojar a los haitianos de su nacionalidad.

Ni las ideas ni los propósitos ni los fundamentos del documento de  Almagro  quedan claro. Cabe preguntarse entonces: ¿Puede el Estado haitiano privar a todos los hijos de haitianos de la nacionalidad de sus padres?  En realidad, esos individuos no son considerados totalmente como extranjeros para los haitianos. Porque se han comprometido a incrustarlos por la fuerza si fuere necesario dentro de las responsabilidades del Estado dominicano. Han  desplegado toda  la artillería de su diplomacia para imponerle a  un Estado extranjero esa población. El Gobierno haitiano pretende, al mismo tiempo,  privar al Estado dominicano,  en comandita con el intervencionismo internacional, del derecho a determinar quiénes son sus ciudadanos.

La incongruencia rotunda y visible es que el Estado haitiano interviene ante autoridades extranjeras, y ante la comunidad internacional, para despojar a los hijos de haitianos de la nacionalidad de sus padres y atribuirle otra. Esa intervención se halla acompañada de la mayor campaña de descrédito internacional que ha padecido República Dominicana en los últimos cincuenta años. Según esto, la nacionalidad dominicana debe convertirse en un derecho humano de los extranjeros. En todos los foros internacionales, el Gobierno haitiano y sus aliados en esta operación, acusan a la República Dominicana de privar a los hijos de haitianos de la nacionalidad dominicana. Dicho de otro modo: al mismo tiempo que  incumple con la obligación de  darle documentación  a su población, traspasa esa exigencia al Estado dominicano y nos presenta ante el mundo como responsable del desastre que ellos mismos han fabricado.

Por todos los  medios, el Estado haitiano, la OEA, la ONU, el CARICOM  se proponen anular la facultad del Estado dominicano de conferir  nacionalidad. Es una facultad que le concede  la Convención de La Haya del 12 de abril de 1930: “pertenece a cada Estado determinar por su legislación quiénes son sus nacionales”.  . De manera que ni el Estado haitiano ni la ONU ni la OEA son competentes  para establecer la nacionalidad dominicana ni para intervenir en las normas del derecho interno.

El objetivo de todas estas operaciones es desmantelar,  en su composición al Estado dominicano. Los elementos del Estado son la población, el territorio, el Gobierno y la representación internacional.

Según el artículo 15 de la Declaración Universal de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. El Gobierno haitiano pretende con la invocación de la apatridia despojar a sus nacionales de ese derecho, y obligar a otro Estado asumir  esa responsabilidad.

.  Convertir el jus solis en el caballo de Troya de la destrucción

Entre los dos Estados no existe reciprocidad jurídica.  A ningún descendiente de extranjero en Haití le corresponde la nacionalidad haitiana, en ningún caso.  Haití se halla blindado de estas dificultades, porque solo reconoce el jus sanguinis como modo de acceder a la nacionalidad.  En la legislación dominicana existe, además, el jus solis, el derecho para que los extranjeros residentes puedan acceder a la nacionalidad dominicana.

En la motivación  que suscitó la introducción de jus solis entre los dominicanos, desde los albores del 1907 hasta su configuración definitiva de 1929, se movían dos razones fundamentales.

  • Poder sobrevivir al peligro demográfico haitiano, fomentando el crecimiento de nuestra población, sin que desaparezca nuestra identidad nacional. En definitiva, servir de contrapeso a la amenazante expansión haitiana, tan preocupante para toda la generación de los hombres del siglo XIX.
  • Responder a las necesidades jurídicas de un país de inmigración. Cuando el Estado decide conferirle la nacionalidad a los hijos de extranjeros se fundamenta en condiciones, conectadas con su propia continuidad. Ningún Estado del mundo ha establecido el jus solis para romper su unidad demográfica. En vista de ello, no pueden echarse en olvido las exigencias planteadas por el Estado para darle la posibilidad a los extranjeros de ser considerados como parte de la comunidad nacional.
  1. La residencia en el territorio estable y permanente
  2. La asimilación al torso nacional, demostrada por el dominio cabal de su lengua, de sus hábitos, apoyada en los vínculos que unen a los individuos nacidos en un país con la comunidad nacional. En la mayoría de los países  le otorgan esa condición al ciudadano a la mayoría de edad, para hallarse seguro de los vínculos del extranjero. Tal el caso de Francia, Austria, Bélgica y otros.
  3. El nacimiento sin residencia no tiene ninguna significación jurídica ni genera relaciones de arraigo. El derecho de suelo debe añadir a la condición del nacimiento la residencia legal, la duración en el tiempo y la manifestación expresa de pertenecer a la sociedad de acogida

¿Por qué resulta obsoleto mantener en las actuales circunstancias el jus solis?

  1. La isla de Santo Domingo alberga dos Estados densamente poblados que superan demográficamente a todos los países de América del Sur, América Central y la América del Norte.
  2. La población haitiana que hay en el país, de más de un millón y medio de persona,  rebasa la densidad demográfica en nuestro suelo de todas las naciones de América del Sur. Una población extranjera con una tasa de fecundidad muy superior a la nuestra, con un pirámides de edad inferior; se han implantado en el territorio sin que existiese ningún proceso de integración, ni de asimilación de los valores de nuestra sociedad.
  3. todos los mecanismos del fraude se han desplegado en contra de los registros civiles dominicanos por estos grupos que quieren disolver a la nación. La nacionalidad dominicana ha caído  en manos de un grupo poblacional sin ninguna lealtad; hermanado con el Estado haitiano, y que muestran, a las claras, la disposición de fragmentar el país y echar en el olvido toda la historia nacional.

El informe de la OEA resulta  chapucero; de escasísima visión política;  poco profesional;  desconectados de los testimonios recogidos en el país, mal concebido, sin ninguna base jurídica ni diplomática; irresponsable;  alejado de la verdad; calla todas las deformaciones del Gobierno haitiano;  se vuelve cómplice de sus barbaridades; deslumbrado por  los disparates  que ha dejado filtrar el Secretario General ,  se olvida, muy a menudo de dos cosas: 1) que los haitianos no se hallan obligados a vivir en República Dominicana; tienen  el territorio de su país ;  y 2) que las reclamaciones de sus derechos, que son los de los extranjeros ilegales, no deben llegar al punto de eliminar la soberanía de un país, fundador de la OEA, de las Naciones Unidas y reconocido por la Comunidad Internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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