OPINION: La débil acusación por sobornos de Odebrecht

El primer error fue informar que en esa lista estaban “estaban todos los que son y son todos los que están”, pues eso cerraba el caso a enjuiciamientos adicionales del resto de los mencionados en el exterior, que pudieren resultar implicados en el curso de los 18 meses que se solicitan para como medidas de coerción para un caso, obviamente complejo en que no se incluyó la sobrevaloración de las obras, el otro delito más evidente.

Entre los imputados, que aún se benefician de la presunción de inocencia, hay cuatro con jurisdicción privilegiada, tres legisladores y un ministro, a ellos, por una disposición de la Constitución, les corresponde ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia, empero el resto debió ser remitido a la jurisdicción ordinaria en donde está su juez natural y se les garantiza el doble grado de jurisdicción, tal y como se hizo en Brasil. Allí los ciudadanos han sido juzgados en Curitia, los legisladores, gobernadores y otros, en el tribunal federal y los delitos electorales, en el Tribunal Superior Electoral.

Igualmente ha llamado la atención que no se haya remitido el caso a ninguno de los jueces de la Sala Penal de la SCJ, sino a un magistrado de la Sala Laboral, Contenciosa Administrativa y de Tierras.

Más notorio es que se destituyera a Diandino Peña, por denuncias en un programa de televisión y, caso nunca visto, mantienen en prisión a un Ministro, sometido por el mismo Gobierno, a quien éste, no destituye: todo para mantenerlo en la jurisdicción de la SCJ de la que, aparentemente, se tiene mejor control que de la jurisdicción ordinaria.

La acusación de la Procuraduría que es una institución de persecución criminal limitada a los hechos cometidos en el plazo que la ley concede a la persecución penal, que es de diez años, intenta diluir el veneno de los sobornos en todo el sistema político, incluyendo acciones eventualmente prescritas, que imputa a Andrés Bautista, Rodríguez y Pacheco.

Por otra parte, el Procurador anunció hace poco que el Acuerdo con Odebrecht permitía enjuiciar a sus funcionarios, nacionales y extranjeros, ahora sostiene que estos no serán juzgados en el país porque cumplen condena en Brasil y se aplica el Nom Bis In Idem, previsión constitucional que no permite que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito: en este aspecto se deben considerar dos cuestiones básicas, una que eso no es cierto, Brasil juzgo los delitos cometidos allá en contra de su erario y de sus leyes, no los crímenes cometidos en República Dominicana en contra del dinero público dominicano; la segunda, más importante todavía, es que si no son sometidos y juzgados acá, los documentos aportados por la Fiscalía brasileña serán poco útiles como pruebas porque en materia penal es vital la contradicción y, sin esos testigos, en el juicio, el expediente, se caerá para la mayoría: La Fiscalía tendría un solo testigo, hostil además, que si bien admite los fondos, niega haberlos utilizado para sobornos: Ángel Rondón.

En medio de todas las preguntas que se hacen los ciudadanos surgen otros temas omitidos en el expediente acusatorio: Por un lado, el Ministro Montas escribe una carta en que admite haber recibido dinero para las últimas campañas del PLD, hecho ya identificado por el Departamento de Justicia norteamericano en diciembre y por el otro, informa quiénes firmaron los contratos con Odebrecht, lo que amplía la lista de investigables, menciona al actual Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien renegoció todos los contratos vigentes suscritos por Díaz Rúa e introduce a la empresa con el Presidente Medina, quien en principio, no le gustaba.

Rondón, por otra parte, ante la mención de su hija, firmante de decena de millones de dólares en sus cuentas offshore y locales, dejada fuera de la acusación, llama a un programa en donde le defienden u omiten mencionarlo y amenaza claramente al Gobierno si le desconsideran, “a su familia”, confirma, confesando, que hubo dinero para Punta Catalina: USD$ 110 millones, adicionales a los USD$ 92 de los sobornos previamente informados por los norteamericanos que solo investigaron hasta el 2014.

La gente espera que a todos los acusados y, a los imputables que faltan, cuyos crímenes no han prescrito, se les dicten medidas de coerción – no tan extrema como 18 meses de prisión, que es una condena previa – en centros del sistema penitenciario, excepto a Radhames Segura, que está enfermo de cáncer y, desde luego, ninguna medida de prisión domiciliaria en un apartamento de RD$ 300 millones en Torre Caney, comprado con dinero del soborno y menos todavía garantía económica, porque si bien todos tienen arraigo, tienen más dinero fuera del país que el declarado aquí y a José Michelen todavía lo estamos esperando.

El expediente entero está mal instrumentado – por impericia o intencionalmente – y, se caerá para la mayoría, pero, como habrá un plazo para completar las indagatorias, esperamos que se corrija para que la gente pueda creer en la justicia y no trillemos el triste camino de Venezuela.

Hoy veremos que decide el Juez sobre las medidas de coerción solicitadas.

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