OPINION: El segundo descubrimiento de América

Ayer arribó a Venezuela el  joven político español  Albert Rivera, presidente del partido “Ciudadanos” (centro derecha), invitado por el Parlamento venezolano, mejor conocida como “Asamblea Nacional” para que entre otras cosas, se pronuncie a favor de una iniciativa legislativa (referéndum revocatorio) que buscar forzar la salida a destiempo del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, electo hasta al 2019.

La presencia del político español con este propósito, constituye una fragante provocación al gobierno venezolano y un lastimoso acto anti-patriótico de parte de la oposición política local que controla el Poder Legislativo.

Según la concepción del estado moderno, este debe contar con los tres poderes fundamentales que garanticen el flujo de contradicciones entre ellos y el funcionamiento regular de las instituciones oficiales y Venezuela no es la excepción. El país sudamericano tiene un gobierno constitucional elegido por el pueblo en votación directa, un Parlamento que ahora está en manos de la oposición, igualmente ganado en las urnas y un Poder Judicial regido por un Tribunal Suprema en igualdad de condiciones que el resto de los 194 países del planeta.

El gobierno de Venezuela y su Parlamento están enzarzados en una cruenta crisis política que ha agudizado el bienestar de su población, traducida en un desabastecimiento de productos básicos y  de primera necesidad  como: medicina,  alimentos y material sanitario. No obstante son problemas internos de los venezolanos y que solo ellos deben resolver, a menos que organismos internacionales con personería jurídica sean invitados a  intervenir como por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, (OEA), Unión de Repúblicas Sudamérica (UNASUR) o en caso extremo, la misma  Organización de Naciones Unidas (ONU).

Fuera de ahí, cualquier visita de tipo personal de políticos extranjeros en territorio venezolano, es como afirmamos anteriormente, un acto de injerencia en asuntos internos de otro país. Si España quiere fijar una política de Estado respecto al conflicto interno en Venezuela, debe hacerlo a través de su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que la invitación expresa de la oposición venezolana al líder de partido español “Ciudadanos” viola la Convención de Viena de  1969 sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares entre los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

Anteriormente llegó a Venezuela el ex presidente del gobierno español Felipe González (1982/1994, PSOE) a título personal a exigir la liberación de presos políticos al ejecutivo de Nicolás Maduro y lo hizo con la autoridad del Almirante Cristóbal Colón “resucitado” para iniciar la segunda colonización del continente americano.  Sin embargo la presencia la semana pasada del también ex presidente español José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE- 2004/2011) fue bien acogida tanto por la comunidad internacional y como por el propio gobierno venezolano y la oposición por estar amparada en el marco de una misión autorizada por un organismo regional y compuesta par varios ex presidentes y ex jefes de estado.

España está en campaña electoral para subsanar su propia crisis política a falta de un gobierno estable y es más que evidente que el tema de Venezuela forma parte del debate electoral, por la fuerte incursión del partido  “Podemos” de Pablo Iglesias, quien estuvo en sus manos  la pasada y precoz XI Legislatura Ordinaria que finalizó con la convocatoria de nuevas elecciones para este  26 de junio.

Este nuevo intento colonialista del siglo XXI viene siendo reclamado por la oposición venezolana que está constantemente de viaje por el país Ibérico buscando titulares periodístico y tertulias televisivas, más con fines mercantiles que humanitarios.

Tal vez sería bueno recordar lo ocurrido el 16 de octubre del año 2004 en Cuba, cuando el diputado español y hoy  jefe del gabinete del ejecutivo de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, fue expulsado del territorio nacional a tres horas de haber llegado, tras ser identificado por el gobierno revolucionario como enemigo del régimen, además de que su visita era con fines políticos sin la aprobación del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores español de aquel gobierno, Miguel Ángel Moratinos, desautorizó la acción del diputado por no ser una visita oficial y pidió al Partido Popular no hacer del incidente, un tema de debate nacional.