Ocho grupos políticos se oponen al proyecto de ley de partidos

1. La aprobación de estos instrumentos jurídicos indispensables ha sido bloqueada durante los últimos lustros por las fuerzas políticas que han controlado, y todavía controlan, los mecanismos de elaboración y aprobación de las leyes.

2. Como resultado de la permanencia de un sistema electoral fundamentalmente inequitativo, así como de la ausencia de un régimen adecuado de partidos, en la República Dominicana no están debidamente garantizadas la equidad ni la transparencia en materia político-electoral: el uso de los recursos del Estado en beneficio de quienes detentan el poder es una realidad cotidiana y omnipresente; la legislación vigente tiene serias lagunas que favorecen la impunidad de los delitos electorales; se mantiene relegadas y subordinadas las mujeres; se permite la preeminencia del dinero (de cualquier origen que sea) en la elección de las autoridades y representantes; se tolera la burla de la democracia al interior de los partidos, y no se le otorgan a la Junta Central Electoral facultades indispensables para frenar los más graves abusos que distorsionan la expresión de la voluntad popular.  

3. Al hacerse patente la necesidad y el reclamo de mejorar el sistema electoral y de establecer una ley de partidos, el partido de gobierno quiso hacer aprobar una pretendida ley de partidos que dejaba prácticamente intacto el inequitativo y poco transparente sistema electoral y el régimen de partidos vigentes. El rechazo generalizado de la ciudadanía y de la mayoría de las organizaciones políticas, le obligó a renunciar al proyecto de ley que había hecho aprobar de manera irregular en la Cámara de Diputados con el propósito de hacerse un traje a la medida.

4. La semana pasada se anunció que los tres partidos políticos tradicionales de la República Dominicana se habían puesto de acuerdo entre sí en un nuevo proyecto de Ley General de Partidos, al cual se le habría adicionado un artículo transitorio hasta la aprobación de una modificación de la Ley General Electoral.

5. El proyecto de ley acordado entre los tres partidos aludidos deja fuera aspectos esenciales orientados a garantizar la transparencia en cuanto al origen y uso de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento; obvia el tema de la equidad con relación al uso de los medios de comunicación, y mantiene a las mujeres en una situación de discriminación con relación a su acceso en condiciones de equidad a las posiciones directivas en los partidos y a las candidaturas electorales.

6. No estamos de acuerdo con que se deje de lado la rendición de cuentas. Por eso, nos oponemos a que se excluya de la ley el establecimiento de topes en el financiamiento privado y se supriman los controles que permitirían fiscalizar el origen de los ingresos de las organizaciones políticas. Para nosotros es fundamental que se obligue a los partidos a informar quiénes son sus donantes, aspecto que había sido propuesto por la propia Junta Central Electoral en el proyecto de ley que esta había presentado. Mantener el silencio de la ley en una cuestión tan crucial como esta significa abrirle de par en par las puertas del sistema político al dinero proveniente del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado o de cualquier otra fuente ilícita.

7. No estamos de acuerdo con dejar de regular el uso de los medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso en condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas. En el sistema electoral dominicano un grupo político dotado de los recursos financieros suficientes, independientemente de su origen y legitimidad, puede comprar y utilizar a su antojo los espacios de radio y televisión que quiera. Esta es una situación completamente inadmisible en cualquier sociedad medianamente democrática.

8. No estamos de acuerdo con una ley de partidos y un sistema electoral en el que no se establecen sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan crímenes electorales que solo tienen como propósito perpetuar su permanencia ilegítima en las instancias del Estado a quienes los promueven.

9. No estamos de acuerdo con seguir relegando a las mujeres, excluyéndolas del lugar legítimo que les corresponde en el ejercicio de todas las facetas del quehacer político. No aceptamos establecer supuestos consensos en detrimento de las mujeres.

10. En definitiva, no estamos de acuerdo con una ley de partidos que se pretende aprobar bajo el alegato de que tres fuerzas políticas, por influyentes que sean, se han puesto de acuerdo en su contenido con el propósito último de mantener intacto, en sus aspectos fundamentales, un sistema político desequilibrado fundado en el clientelismo y en el intercambio de prebendas y favores.

¡No puede haber consenso social y político en torno a una Ley de Partidos que mantiene, en sus aspectos nodales, un sistema político inequitativo y poco transparente que relega a las mujeres!

¡No queremos una Ley de partidos que sirva de hoja de parra a un sistema político diseñado para evitar la alternabilidad en el gobierno y avasallar a la oposición!»

jpm