NY demanda a Gobierno por condicionar subvenciones a tema migratorio

La fiscal general, Barbara Underwood, y el gobernador Andrew M. Cuomo anunciaron la demanda contra el Gobierno federal con la que, aseguran, buscan bloquear sus esfuerzos de castigar a las llamadas jurisdicciones «santuarios» al poner condiciones relacionadas con la inmigración en las subvenciones federales, según un comunicado difundido por la primera.

Underwood, encabezando una coalición de seis fiscales, interpuso la demanda ante el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

También el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el abogado de la ciudad, Zachary Carter, interpusieron una demanda contra el Departamento de Justicia por lo que consideran «esfuerzos ilegales» de ese despacho para obligar a los funcionarios de la ciudad a involucrarse en la ejecución de leyes federales de inmigración.

«Este es un ataque político a los neoyorquinos, a expensas de nuestra seguridad pública, y es ilegal; entonces enfrentaremos a la Administración Trump en la corte», sentenció la fiscal.

Underwood, que representó a los fiscales generales de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington, advirtió que el estado de Nueva York podría perder 9 millones de dólares en fondos del Subsidio de Asistencia Judicial Conmemorativa de Edward Byrne (Byrne JAG) para el año fiscal 2017.

Mientras que los seis estados que demandaron hoy podrían llegar a perder en total alrededor de 25 millones de dólares, según el comunicado.

La información detalla que el Departamento de Justicia anunció en junio de 2017 que imponía nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los destinatarios de los fondos de Byrne JAG.

En junio pasado, añade el documento, ese despacho le envió un aviso al Estado de Nueva York para que participara en la aplicación de las leyes políticas de inmigración del gobierno federal y recibiera fondos de Byrne JAG.

Dichos fondos ha sido usados por Nueva York para combatir la violencia con armas de fuego, mejorar los sistemas de registros criminales y los laboratorios forenses, así como para combatir la epidemia de opiáceos.

Por su parte, De Blasio advirtió que el Departamento de Justicia todavía no ha liberado 4 millones de dólares en subvenciones a la ciudad.

«Las acciones de la Administración Trump son ilegales», afirmó De Blasio en un comunicado, que defendió que «la acogida de inmigrantes ha ayudado a que esta sea la ciudad más segura del país».

El abogado Carter explicó que en la demanda se advierte de que los esfuerzos del Departamento de Justicia llevarían a que las comunidades inmigrantes se desvinculen de los servicios públicos y se retiren «a las sombras, en detrimento de su propia seguridad y la del público».