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Mi reflexión de Semana Santa
En estos momentos de tantas aflicciones, de crisis, incertidumbre y frustraciones es importante hacer un alto para pensar, hacer catarsis a nuestras vidas y ver más allá de lo justificable.
Ya no hay lugar seguro ni confianza en las autoridades, cuando éramos niños las calles y las escuelas eran seguras, algunos sociólogos afirman que las causas de la violencia y la inseguridad, son la desigualdad social o diferencia de ingresos o salarios, las prestaciones sociales o Estado benefactor y la decadencia o deterioro familiar.
Las religiones y sus doctrinas son tan complejas como la persona misma, realmente no hay fórmulas mágicas ni manera alguna para garantizar los beneficios o conveniencia de la congregación religiosa a elegir. Pero, sin lugar a dudas, lo más importante como seres humanos, es ser solidarios con nuestro prójimo, es estar en paz con Dios y nuestra conciencia.
Animémonos a ser defensores de la verdad, mejor aún, hablemos siempre con la verdad y de esta manera contribuir a la formación de familias sanas, por consecuencia una sociedad más sana, pacífica y organizada.
Reflexionemos sobre la justicia independiente y ética como garantía para la institucionalidad democrática.
Cuando la justicia y la política son mercancía del mismo escaparate, la única diferencia entre los tribunales y los colmados, es el precio.
Si la injusticia, la inmoralidad, la corrupción y el robo público, con impunidad se institucionalizan o se hacen ley; la rebeldía y la desobediencia civil se hace obligatoria.
Sin justicia ética e independiente no habrá régimen de consecuencias para los violadores de la ley, corruptos y ladrones que desde la política conforman los poderes públicos y fácticos que usufructúan los bienes públicos y la producción nacional en detrimento del resto de la sociedad especialmente de la clase trabajadora honestamente.
El principio de igualdad ante la ley o igualdad legal que establece nuestra Constitución. Es un principio esencial de la democracia. Todos somos iguales ante la ley y nadie debe tener privilegios de nobleza. La falta de civismo impide una buena relación entre las personas que demandan servicios públicos a las autoridades dominicanas.
Es común la prepotencia y arrogancia por parte de muchos servidores o funcionarios públicos incapaces y llenos de mediocridad, y sumado a ello por otra parte, los que tienen algún nivel de poder económico, que muchas veces les impide ver más allá de sus narices, se sienten con patente de corso para violentar las leyes y las buenas costumbres, fundamento esencial para la convivencia pacífica y para el desarrollo humano, integral y sostenible de todos los habitantes.
Ni autoridades ni ciudadanos saben conducirse con respeto cívico y urbanidad frente al orden social y el estado de derecho. No Tenemos cultura de respeto a las normas, nos comportamos como una sociedad incivilizada.
La sociedad dominicana requiere más que nunca la consolidación del estado de derecho fuerte e inviolable respaldado por instituciones con lineamientos éticos y de principios morales, sustentados en la Constitución, las leyes y el empoderamiento de los ciudadanos de su soberanía.
La separación de los poderes públicos y su independencia fortalecen la institucionalidad democrática, dentro ellos, el poder judicial es el equilibrio y la garantía de respeto al estado de derecho.
Frente a un Estado disfuncional y que además trabaja contrario a su esencia de servir, para servirse de los recursos públicos en beneficio único de los grupos de poder que dirigen, en perjuicio de las grandes mayorías más necesitados y trabajadores. Dejando claro el daño y desestimulo a la producción nacional.
Urge que la República Dominicana, demande transformaciones profundas comenzando con resistirse a los siete pecados capitales del mundo descritos por Mahatma Ghandi: “la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moralidad, la ciencia sin humanismo, la religión sin sacrificio y la política sin principios.”
En las sociedades avanzadas con desarrollo humano e integral, todo lo malo es posible, pero de manera excepcional y con régimen de consecuencias. En nuestros países, de posiciones tercermundistas, estancados en las vías del desarrollo en los que se incluye a la República Dominicana, todo lo malo es posible, pero en la generalidad y sin sanciones para los poderosos.
Esta situación se basa en una principal razón: la falta de institucionalidad, que se desprende del incumplimiento a las normas (anomia generalizada), creando la corrupción en todos los sectores y el individualismo o falta de aportes positivo por parte de los ciudadanos, quedando de lado el empoderamiento de los ciudadanos de su soberanía.
Si bien es cierto que el derecho individual de adquirir riquezas y bienes, es legítimo, también es cierto que el derecho colectivo tiene supremacía sobre lo particular sin excluir a nadie.
Si observamos el comportamiento social de los que mayores recursos poseen, podemos ver que priorizan la autorrealización (vanidades, lujos y despilfarro de riquezas) sin importar el detrimento de las necesidades básicas de la colectividad.
Los funcionarios públicos están obligados a velar por el bien común, pues hacen un contrato por el que reciben un sueldo y otros beneficios, con el que se comprometen y juran cumplir, pero, es quienes menos lo hacen y no reciben castigo, a razón de un sistema de justicia simbólico, servil y corrupto.
Situación que nos deja una única salida, el empoderamiento de los ciudadanos de su soberanía, cohesionados para imponer el estado de derecho y una revolución social y política, que obligue a redireccionar los destinos del país a un desarrollo humano, integral y sostenible.
“Ser feliz no es cuestión de destino. Es cuestión de elección. No hay religión más elevada que la verdad…” Teólogo brasileño Leonardo Boff
JPM