Ley de Partidos y el voto

La forma más sutil de dictadura es la reelección presidencial consecutiva o por período interpuesto. Lo contrario es la reforma de la Constitución para optar por un segundo período y luego nunca más a sabiendas de que se puede ganar o perder en el segundo intento para luego desaparecer del mapa político, literalmente hablando.

A pesar de las bondades de ese “sistema americano » su aplicación en República Dominicana resulta ser un trago amargo debido la cultura mesiánica de la política “Made in RD”, donde nada está escrito con tal de llegar al poder.

Mientras, hay otras cosas importantes por resolver siempre y cuando nos comportemos como sensatos entes democráticos. Me refiero al proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas cuya aprobación garantizaron los partidos en 2012 para normar el funcionamiento de las agrupaciones políticas, para su entrada en vigencia antes de las elecciones de 2016. El tiempo ha pasado y hoy sorprende de nuevo el tema de la reelección la cual está prohibida de acuerdo con la Constitución de 2010.

La actual Ley Electoral 275-97 financia las actividades de los partidos políticos. En la actualidad se estaría tratando de modificar dicha ley o sustituirla por una nueva Ley de Partidos para que el sector privado y/o personas naturales y jurídicas sean consideradas fuentes de ingreso de los partidos con donativos y contribuciones…pero manteniendo vigentes los fondos de la Ley Electoral. Si no se deroga la Ley Electoral eso no tendría sentido, primero porque se trata de una tomadura de pelo al pueblo dominicano y segundo porque es una inmoralidad.

Según la politólogo Rosario Espinal los recursos públicos entregados a los partidos es para que se regulara y redujera el financiamiento privado, «bajo el argumento de que nadie en el sector privado tenga mayor acceso al poder político por sus contribuciones. Rosario Espinal afirma que si no se regulan dichas contribuciones no tiene sentido que se financien los partidos con dinero público. «Eso hay que cambiarlo si se va a aprobar una Ley de Partidos o una nueva Ley Electoral». En realidad no se sabe que hacen los partidos con los fondos que les entrega el Estado desde 1997, fondos que sobrepasarán los RD$11,000 millones en 2016.

Por el momento el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas estaría lleno de suspicacias pues al parecer se financiaría a los partidos con fondos públicos y con fondos del sector privado y/o personas naturales y jurídicas. De ser así el Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 hasta la fecha sería quien le tomaría el pelo al sector privado y/o personas naturales y jurídicas en complicidad con las organizaciones políticas, la Junta Central electoral y los mediadores, por supuesto.

Por qué digo esto? Porque se trata de un cuadro vergonzoso y penoso para el sector privado y/o personas naturales y jurídicas y la ciudadanía en general, quienes siempre abrigan la esperanza de que las cosas cambien para bien al momento de depositar el voto en la urna. En ese preciso instante la confianza es traicionada, sea con fondos públicos y privados, ya que esos fondos solo sirven para mantener los partidos que

participan en procesos electorales caracterizados por su histórica falta de transparencia, según records establecidos.

En la discusión de la reforma de la Ley Electoral o del proyecto de Ley de Partidos hace falta un término de referencia que evite la suspicacia con  tal de desterrar la conveniencia político-particular del financiamiento de partidos con fondos públicos, para darle paso al financiamiento del sector privado y/o personas naturales y jurídicas.

Ese término de referencia o punto común tiene por nombre «Productividad Nacional». Así debe ser por la ofensa de los partidos de no presentar programas de gobierno previo a las elecciones que orienten el electorado para que tenga una mejor idea de por quién votar, como era la práctica en la «Era Romántica de la Democracia» entre 1961 y 1965, después de la muerte de Trujillo.

Por eso qué mejor que la Productividad Nacional, vista como «excusa nacionalista» y/o punto principal de un programa de gobierno que identifique y unifique el lado práctico de la política con la realidad socio-económica dominicana, para que esa realidad sea mejorada tan pronto cualquiera partido defina sus planteamientos sobre la productividad y la vez ocupe el poder.

De ser así estaríamos ante las puertas del  «Desarrollo de la Productividad Nacional», desarrollo en el que podría contribuir la Teoría de la Desigualdad (Ref./Google: «PIB 2.0 – Pacto por la Productividad») u otra propuesta parecida.

Una vez definido el planteamiento de la Productividad Nacional por cada uno de los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral hay que oficializar el donativo del sector privado y/o personas naturales y jurídicas. Sin embargo, no debe de haber apoyo financiero a los partidos si la productividad se concibe en base a estudios y planes envueltos en papel de celofán que preparen los partidos o gobiernos de turno, en vez de una productividad basada en las leyes de la economía. Esto así porque la productividad que marca el desarrollo sostenible debe ser tratada dentro de un marco de metas y objetivos que disminuyan las desigualdades de empleo y pobreza, entre otras.

El financiamiento a los partidos de parte del sector privado y/o personas naturales y jurídicas debe ser posterior a la firma del «Pacto por la Productividad» derivado del PIB 2.0 implícito en la Teoría de la Desigualdad. Esto así porque el Pacto por la Productividad a ser suscrito entre el Estado y los sectores productivos se debe a que son los sectores productivos los que generan la riqueza material que determina el crecimiento económico de la nación. Son a la vez la fuente que justifica los fondos del Presupuesto General del Estado, exceptuando el  endeudamiento externo bajo responsabilidad del Estado.

A todas luces, lo que explico revela que el financiamiento a partidos de parte del sector privado y/o personas naturales y jurídicas resulta más atractivo que el financiamiento de los partidos con fondos de la Ley Electoral, tomando en cuenta las limitaciones del Presupuesto General del Estado.

Esto se entiende al comparar la riqueza material y/o financiera que generan los sectores productivos consecuencia del crecimiento económico que tanto se atribuyen los gobiernos de turno cuando en realidad ese crecimiento es casi de absoluto dominio de los sectores productivos. Digo casi por el confuso rol del Estado dominicano frente a las leyes de la economía de mercado.

Ya estamos cansados de 18 años de demagogia con el financiamiento de partidos con fondos públicos de la Ley Electoral 275-97. Aceptado el «Desarrollo de la Productividad Nacional» como excusa nacionalista por todos los partidos se sella la conciliación de la política con el sector privado y/o personas naturales y jurídicas y la ciudadanía en general.

Eso sería lo ideal si además observamos lo que opina Diario Libre de fecha 20/4/2015: «El problema es la clase política. Sin distinción de siglas, se ha convertido en una élite económica, judicial, legislativa que maneja los asuntos nacionales con un espíritu corporativo que imposibilita la democracia». En eso estamos de acuerdo porque es una de las características que adornan el Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 hasta la fecha.

Una vez aclarado el panorama, estaría de acuerdo con el uso de recursos públicos, única y exclusivamente para organizar, regularizar y legalizar un «proceso nacionalista» de fondos electorales provenientes del sector privado y/o personas naturales y jurídicas.

Voy un poco más lejos: seguir con el financiamiento a los partidos con fondos públicos hasta el 2016 para luego dar paso al Pacto por la Productividad entre los sectores público y privado de manera que antes de las elecciones del 2020 entre en vigencia al financiamiento de partidos con fondos del sector privado y/o personas naturales y jurídicas.

Es un imperativo la firma del Pacto por la Productividad entre el Estado y los sectores productivos para que el «Desarrollo de la Productividad Nacional» sea una realidad. Consecuencia de ese pacto el Estado tiene que comportarse como un sector de la economía como otro cualquiera para que todo sea posible. Esa es la condición que exige la excusa nacionalista, algo factible de acuerdo con la Teoría de la Desigualdad.

Sin una excusa nacionalista como el «Desarrollo de la Productividad Nacional» los años seguirán pasando y se seguirá batiendo la «misma cosa con el mismo palito». Si alguien tiene una mejor propuesta, bienvenida sea. El sufrimiento del pueblo dominicano debe ser digno de mejor suerte. Por eso el juego de las ideas en vez del egoísmo político según los colores de las parcelas que corren tras el poder. Estoy a la espera de una mejor idea que alivie el sufrimiento del pueblo dominicano.