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POR JOSE DE POOL DOMINICI
El pasado día 2 de noviembre del presente año, se celebró la VII Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad en República Dominicana.
En la crónica periodística acerca de la apertura del evento, se observa una fotografía de siete personalidades, entre las que se destacan el Señor presidente de la República, Luís Abinader; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, y el ex presidente de la citada corte, Jorge Subero Isa.
Debajo de la gráfica, un desgarrador titular que reza: «De cada 100 dominicanos 29 temen ser desalojados», indicándose a seguidas que “así lo expresa la señora Mónica Ribadeira, conferencista especial invitada al magno evento, quien destacó, además, la dificultad de los jóvenes y pobres para acceder a una propiedad, así como lo tedioso que le resulta al ciudadano obtener un título de propiedad.
La dama refiere también lo confuso en que deviene determinar cuando una propiedad tiene dos ocupantes, y un solo título, y apunta, además, la inseguridad jurídica y el pesar de las personas que tienen sus títulos y no pueden ocupar lo que les pertenece, así como aquellos casos en que se “vende” sin papeles legales.
Debate sobre Catastro y Registro
El presidente Abinader, en honor a su investidura encabezó el evento, y allí puso de relieve los eventos debido as Covid y Post-Covid y los efectos en el sector vivienda.
El presidente de la Suprema Corte pronuncio las palabras centrales del acto, destacando que el sistema ha sido «objeto y sujeto» de una amplia evolución, y que ha experimentado mejoras, señalando, asimismo, el esfuerzo de la titulación del sector público, y la colaboración del Poder Ejecutivo.
Fortalece el proceso de la continuidad del Estado, y del Poder Judicial para proteger el derecho de propiedad, exponiendo, al igual presidente Abinader, la situación del Sistema Sanitario (Covid), que hizo retrasar las iniciativas en provecho del Registro Inmobiliario, agradeciendo al Ejecutivo la modificación en el Sistema de Registro Inmobiliario, que permite el «avance» del sector, a pesar de la pandemia.
Al tema se refirió también el anfitrión del evento y administrador del Registro Inmobiliario, quien expreso que la pandemia ayudo a usar otras herramientas de cara a paliar los efectos de ésta.
El expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, coloco en las redes un icónico mensaje:
«En la época colonial adueñarse de un territorio o fundar un pueblo sin licencia era un delito castigado con la muerte».
Es bueno recordar que la pandemia del Covid-19 tiene ya dos años, con sus mortales efectos en el pai y que el Registro de Títulos cumplió el pasado año su primer siglo de haberse implementado en República Dominicana, el llamado Sistema Torrens, que constituye uno de los mejores del mundo. Es un sistema muy noble, pero, lamentablemente, la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos ha permitido muchos desafueros con esta útil herramienta, la que ha sido violentada de tal manera que se dice que Republica Dominicana tiene unos 48,000 Km2, y que, sin embargo, hay más de 100 Mil Km2 en títulos producidos.
Se estima que la tierra ocupada ilegalmente por invasiones en un 70% pertenece al sector privado y esto no es posible sin la participación del sector político y populismo auspiciado por los diferentes gobiernos que han gobernado en los últimos 50 años.
Observaciones:
Hay que felicitar a los auspiciadores del evento que da pie a estas notas, pero señalar, a la vez, que se debe ser cuidadoso con el tema y la participación de invitados internacionales, más aún cuando participa la máxima autoridad del país.
Decimos esto porque en nuestro país disponemos material humano muy bueno y capaz, como lo es el actual presidente del Instituto Duartiano (WG), así como el presidente de la Fundación de Propietarios de Tierras Ocupadas (SM) y la empresa TOPODATA, entre otros profesionales dominicanos, muchos de los cuales han realizado procesos de titulación en otros países o han asistido como conferencistas en foros celebrados allende los mares.
Otro dato que estimo importante recordar es que en los últimos 20 años en el país se han desarrollado dos grandes estudios sobre este tema, auspiciados en el 2001 por el BID, y en 2006 por el Instituto Libertad y Democracia Hernando de Soto.
Y más recientemente, realizado por la FINJUS, que, basado en estos últimos estudios, hizo una evaluación de los trabajos de titulación implementados por el pasado gobierno, con la creación de la Comisión de Titulación con el Decreto 624-12, de noviembre de 2012, concluyendo FINJUS que constituyeron un gran fracaso por los resultados de lo prometido y los ejecutados en el período 2012-2020.
Para medir el fracaso del Sistema de Titulación Pública, solo hay que ver que, en los últimos 50 años, los diferentes gobiernos solo han podido entregar apenas 100 mil títulos. Y, como en la actualidad se continua con el mismo método, los resultados serán los mismos: fracasos totales.
Otro punto importante es la distorsión que el Poder Ejecutivo anterior trato de implementar, mediante la ley, para influir y quitar valía al Poder Judicial sobre el Registro de Título, a lo que, valientemente se interpuso el pasado Presidente de la Suprema Corte.
Finalmente, hay que entender que, sin un sistema de Titulación y Seguridad Jurídica en las propiedades Públicas y Privadas, en la República Dominicana no podrá desarrollarse.
Los estudios a los que hicimos referencia más arriba indican que el 56% de las viviendas en la República Dominicana carecen de título legítimo y, así inciden negativamente en la bancarización y otras actividades productivas para su desarrollo.
El gobierno debería de aprovechar la Ley 189-11, y una alianza público-privada, para hacer realidad un verdadero programa de titulación y dejar de darle continuidad jurídica a las bellaquerías del gobierno anterior, enviando a prisión a los únicos empresarios que se han atrevido hacer un verdadero programa de titulación y bancarización, sin que ello haya costado un solo centavo al Estado Dominicano.
jpm-am
en cuanto al fraude, la actual ley es peor que la anterior porque limita el tiempo de reclamo en caso de fraude y despojo y por otro lado el sistema geodésíco no resuelve nada mientras se estén solapando los deslindes. hay que entregarle eso de nuevo a los tribunales de tierras, porque los agrimensores en su mayoría lo que buscan es dinero, no importa a quien se perjudique, ni quien tenga la razón, el estado falló, la geodesia no ha sido segura.