La sacra receta de la unidad

Recientes acontecimientos en la palestra política nacional sugieren que la sociedad dominicana está en el umbral de un gran y trascendente cambio. El ánimo público ha tomado un giro inesperado en cuanto a las simpatías por los líderes políticos y luce que se está gestando una importante recomposición de las fuerzas partidarias. Pero la alternancia en el poder, lo cual califica hoy como el máximo objetivo nacional de desarrollo, no parece posible a menos que haya una unión profunda y sincera de la oposición a través de una fórmula aglutinadora.

Los partidos políticos, por un lado, se comportan de manera errática y no sintonizan con los reclamos más perentorios de la sociedad. Se nota que la oposición no hace oposición y que el partido de gobierno amenaza con dividirse. Los últimos escándalos de corrupción gubernamental han puesto en evidencia que, en la cultura política, la codicia ha reemplazado descaradamente al sentimiento patriótico. Y las encuestas dan cuenta de que la gran mayoría de los ciudadanos desconfía de los partidos. La última Latinobarómetro reveló que solo un 15% del electorado tiene confianza en ellos y que la democracia declina en la región (http://www.latinobarometro.org/lat.jsp).

Por su lado, la encuesta Gallup-Hoy de marzo pasado trajo la noticia de que el líder con mayor simpatía para presidir el Estado es Luis Abinader, pero con solo un 18.8% de las preferencias.  Los dos grandes líderes del PLD empataron con solo un 14.8% de esas preferencias (https://acento.com.do/2018/politica/8547716-gallup-hoy-quien-le-gustaria-presidente-luis-encabeza-danilo-leonel-estan-empatados/). También es verdad que en la última Gallup-Hoy: “Un 16.6% de los adultos expresó que entre los principales dirigentes políticos del país se inclina más por el presidente Danilo Medina; un 13.6% por Luis Abinader, y un 9.5% por el expresidente Leonel Fernández”.

Aunque un 47.3% de los encuestados valoraron positivamente la gestión del Presidente Medina, tal resultado representa un desplome estrepitoso en relación con el 91% que obtuvo en el 2014 (https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-encuesta-gallup-hoy-y-el-rumbo-del-pais-MA9471781). Así las cosas, el electorado parece estar abandonando “el opio del PLD”. Y en cuanto al PRM, todavía la mitad de los encuestados no sabe quién debería ser el candidato presidencial en el 2020. En otro orden, un tercio de la población afirma que de los partidos políticos el que menos le simpatiza es el PLD, y un 23% siente lo mismo por el PRD (http://hoy.com.do/resultados-de-la-primera-encuesta-gallup-hoy-del-2018/).

Este aquelarre sugiere que la situación política es fluida y que estamos empantanados en la indefinición. El liderazgo aparenta atomizado y no emerge una figura carismática o caudillo mesiánico que conquiste simpatías viscerales. No hay actualmente un líder que concite el favor de la gran mayoría y las simpatías que registran los partidos pequeños siguen siendo minoritarias. Las encuestas avalan tal conclusión. En la penúltima Gallup-Hoy el 58% de los encuestados reportó ser independiente, mientras un 91% dijo creer que en la adjudicación de la Central de Punta Catalina hubo corrupción,  un 67% rechaza una nueva reforma constitucional para permitir una nueva postulación del Presidente Medina, un 78.3% considera que las cosas van por mal camino y un 79.2% considera mala la situación económica.

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Ante un escenario así la oportunidad de que la oposición pueda desplazar al partido en el poder es real, pero solo si sus instancias partidarias logran una unidad funcional. Más allá del voto duro de simpatía con que cuentan los líderes del PLD esta la circunstancia de disponer a su favor de los recursos del Estado, amén del dominio del andamiaje institucional de los poderes públicos.  Si a eso se suman otros recursos de contribuciones non sanctas el desafío es mayor.

En efecto, las dos elecciones generales pasadas demostraron que una unidad entre los partidos de oposición es muy difícil, casi imposible.  Pero hay que señalar que en esas ocasiones había un panorama electoral muy distinto, con el partido de gobierno disfrutando de amplias simpatías. En esta ocasión, cuando se puede vislumbrar un triunfo electoral de la oposición si se uniera, resulta esencial encontrar la fórmula para que la unión pueda materializarse. Algunos prominentes líderes de la oposición y de la opinión pública se han declarado favorable a la unidad, pero nadie ha propuesto públicamente la manera en que pueda darse.

En busca de esa unidad no puede alegarse que al liderato partidario le falta experiencia para formar coaliciones electorales. Hace décadas que los partidos mayoritarios se alían con otras fuerzas partidarias minoritarias para acudir juntos a las elecciones. Eso ha sido relativamente fácil porque los minoritarios reconocían sus limitaciones. Pero lo que no ha existido es un escenario como el actual donde los mismos partidos mayoritarios tienen un liderazgo difuminado. En ausencia de líderes carismáticos y con un electorado mejor informado prevalece la atomización del liderazgo.  De ahí que las coaliciones del pasado no califican como modelos para encontrar la via de la unidad de hoy.

Frente a esta coyuntura los líderes de la oposición deberán abandonar la formula convencional para las alianzas partidarias. Es necesario buscar fórmulas innovadoras para aglutinar las fuerzas y superar a los contrincantes. Una de ellas es la de un gobierno de transición que, al tiempo que confronta los males seculares de la corrupción, el desempleo y la delincuencia, administre la cosa pública con un sentido de moralidad y equidad.  Su periodo de gestión daría tiempo a los liderazgos políticos para desarrollarse y retomar su camino independiente con miras al 2024.

Una fórmula recomendable tendría cuatro pilares fundamentales.  El primero sería un acuerdo entre los siete u ocho principales de los 26 partidos políticos y agrupaciones políticas aprobadas por la JCE.  Dicho acuerdo comportaría un compromiso de terciar juntos en las elecciones del 2020 con candidatos unitarios para la presidencia, vicepresidencia, y los 23 cargos ministeriales. En vista de que las elecciones congresuales y municipales serán separadas, el acuerdo no abarcaría esas candidaturas y para ellas cada partido podrá postular sus candidatos propios. Es dable asumir que si en la alta conducción del Estado hay idoneidad esta vertería su halo bienhechor sobre los cargos provinciales.

Ahora bien, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia no se seleccionarían por negociación entre los partidos. El segundo componente del acuerdo establecería que para medir la popularidad de sus principales líderes sencillamente se encargarían tres encuestas –cada una a Gallup, Penn Schoen Bertland y Greenberg—y la puntuación atribuible a cada uno seria el resultado promedio de las tres. El que mayor popularidad tenga sería el candidato a la presidencia y el que quede en segundo lugar lo acompañaría en la boleta como el postulante para la vicepresidencia.

El tercer componente del acuerdo de unidad seria el del acortamiento del ejercicio presidencial a dos años de gestión. Bajo esta premisa el Presidente de la Republica renunciaría a su investidura al concluir los primeros dos años de su gestión para que el Vicepresidente ocupe la posición. El nuevo Vicepresidente seria aquel que haya quedado en tercer lugar en las encuestas de popularidad.  De esta manera se desalentaría cualquier tentación reeleccionista, pero los ocupantes de esas posiciones podrían salir mejor posicionados –si su desempeño ha sido bueno– para las elecciones del 2024.

Finalmente, el cuarto componente del acuerdo sería el compromiso de nombrar candidatos previamente identificados para ocupar los distintos ministerios. Al tener que someter los candidatos a la consideración del electorado, esto implica presentar un equipo de colaboradores que pueda inspirar confianza por su idoneidad. Para agenciarse mayores simpatías, los partidos participantes podrían adjudicarse la mitad de los ministerios, mientras la otra mitad serian personas capacitadas provenientes de la sociedad civil.  Los ministerios a ser ocupados por los partidos se distribuirían de acuerdo a la importancia de cada uno en función de las simpatías expresadas en las encuestas.

Pero para que esta fórmula de un gobierno de transición pueda embarrar a la nación con el ungüento del entusiasmo se requeriría el cumplimiento de dos esenciales requisitos.  El primero es que los partidos que obtengan los  mejores resultados en la encuesta adopten la mística del patriotismo y moderen su ambición por las mieles del poder. Lo segundo sería el compromiso de que el abogado opositor que ha combatido la corrupción con sus valerosas denuncias del poder político sea nombrado Procurador General de la Republica (si su puntuación en la encuesta no lo califica para la presidencia o vicepresidencia). Una ley especial le traspasaría el control de la Policía Nacional, revirtiéndoselo al Ministerio de Interior al finalizar el periodo de gobierno.

Esta fórmula no es a prueba de balas. Podría modificarse para mejorarla en función de las deliberaciones de los partidos.  Pero también podrá pensarse en otras fórmulas alternativas que la superen. Todo dependerá de si los partidos de oposición se empoderan del protagonismo necesario para ellos mismos lograr la unidad, sin ningún alicate de la sociedad civil. De no pasar esa prueba no podrán reclamar la representación de una sociedad que aspira vehementemente a la alternancia en el poder para fortalecer la democracia.

 

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