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La JCE, nueva ley electoral y engaño de Indra
Si la actual JCE tuviera la buena intención de hacer elecciones legales, transparentes, libres y con equidad e impedir que se manipulen y se roben las votaciones, lo primero es ganarse la confianza del pueblo y admitir que fueron escogido por el senado sin consenso con una mayoría política de sus 5 titulares vinculados al gobierno y al PLD contrario a lo que dice la ley electoral.
Eso pasa por pedir disculpas por aquel discurso del presidente de la JCE de rechazar los pedidos de renuncia que hizo la sociedad civil contra Danilo Medina no solo porque la dimisión del presidente y de la vice es una figura constitucional sino también y sobre todo porque desprestigio y disminuyo la imparcialidad del ente electoral
Con ley o sin ley, en la JCE es necesario un cambio de actitud. Si la JCE se declaro en bancarrota debe denunciar a los responsable del déficit. Si se fue a pedir ayuda a la presidencia y se la dieron bajo condiciones de austeridad debe reducir sus gastos. Y si no había dinero, porque? le dieron liquidación y pensiones a los jueces salientes y porque? tienen mas de 120 abogados en nominas, sin tener atribuciones contenciosa, ganando más de $ 7 millones mensuales.
Una cosa es la reforma electoral de la JCE y otras son las transformaciones progresistas que el congreso se niega a aprobar. Ahora bien, la solución no está en aprobar otra ley sino en cumplirla. Tanto en la ley actual como en las reformas propuesta hay medidas buenas pero los partidos no las cumplen y no hay tribunal que los sancione. Junto a las reformas que están en congreso debe aprobarse:
1) Que los candidatos se escojan por primarias no por dedos. 2) Que ningún partido violente los plazos de campañas. 3) Que se eliminen las encuestas a boca de urnas. 4) Que no se permita el tumulto a 100 metros de las mesas. 5) Que se excluya la propaganda el día de las elecciones. Y 6) Que se prohíba la compra del voto y de la cédula.
Pero además, 8) Que no se permita la desigualdad en la publicidad. 9) Transparentar las finanzas de los partidos. 10) Impedir el transfuguismo. 11) Prohibir el uso excesivo de fondos y el clientelismo. 12) Implementar el voto obligatorio. 13) Permitir la vigilancia del conteo de votos. 13) Aplicar realmente el voto preferencial y 14) Imponer multas y sanciones drásticas. Y 15) que Policías y fiscales hagan cumplir la ley electoral en toda violación.
Hay que tirarle piedra o rosas al pasado, pues se debe investigar el lio que hubo en el contrato SOMO y la JCE que dejo perdidas al estado. Hay que hacer una auditoria a las denuncias de fraude de las pasadas elecciones del 2016 y otra al déficit de $ 2, 400 millones que dejo Roberto. Y debemos indagar la compra de los equipos de indra que no sirvieron pero que costaron US 40 millones según la prensa y US 27 millones según el contrato firmado.
Pero lo mas sensato era rechazar la actitud poco seria de la CC de ignorar la auditoria a los equipos de Indra y en cambio invalidar el informe técnico de la comisión de informática y emitir una orden de pago por las deudas y no lo hizo. Aun no se sabe cuanto dinero la junta ha abonado a indra, pero si se sabe la deuda de US 13 millones.
Indra no habla de pagar sino de cobrar, a pesar de las pruebas que tiene la junta con los dos simulacros de votación que fracasaron, del informe técnico del Departamento de Informática que determinó el mal desempeño de los equipos y del informe de la Comisión de Expertos que recomendó no usar estas máquinas,.
Tenemos 49 mil 200 unidades que compro Roberto, que están dañadas, pagando US 15 mil mensuales de renta, que generaron irregularidades y que no deben quedar impune. Estamos ante un litigio por incumplimiento del contrato ya que no logro la automatización del registro de concurrente ni del escrutinio de los voto y debe reclamarse la devolución económica ante el TSA.
Con la compra de estas maquinas se violento el Código Penal que tipifica el engaño así como también se violaron las leyes administrativas pues se hizo una transacción económica sin pasar por el pleno como establece el articulo 4 del Reglamento ya que compromete jurídicamente la junta y debe haber sanciones.
Así como la JCE sometió a más de 1,800 Dominicanos descendientes de haitianos por fraude de documentos, tiene que querellarse por el engaño de Indra. El presidente de la JCE, dado que ya concluyo el informe de la comisión de asesores que estaba esperando, debe cumplir con sus atribuciones legales y decidir si va o no a pagar los US 13 millones o si va o no a llevar este caso a los tribunales.
JPM
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