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La demagogia con las botellas de Educación
Con el nombramiento del arquitecto Andrés Navarro como Ministro de Relaciones Exteriores en el año 2015, aunque no lo menciona en las memorias de su gestión, uno de sus éxitos fue el ahorro millonario que logró con la cancelación de muchas botellas reformistas que en la Cancillería se adueñaron de esa institución a raíz de la enfermedad y muerte del Ing. Carlos Morales Troncoso.
Muchos dominicanos de aquí y de allá nos alegramos por esta medida, pues vimos bien que por fin había alguien preocupado por el desorden y el pillaje en la diplomacia, pero lamentablemente el Canciller quedó corto en la solución de los problemas diplomáticos.
La promesa del Canciller de que se acabaría el cobrar sin trabajar en el Sistema Diplomático no se cumplió. Dejó intacta todas las botellas del Sistema Consular, manteniendo en el servicio exterior a cientos de diplomáticos inorgánicos en Nueva York, PR, Miami, Boston, Nueva Orleans y San Francisco. Así como también en la OEA y en la ONU. Lo que le permitió a su predecesor Miguel Vargas Maldonado multiplicar con creces las botellas en la Cancillería.
Pero, sobre todo dejó sin resolver la demanda histórica de los dominicanos en el exterior de que se elimine el 25% que los cónsules se meten en los bolsillos de forma ilícita de las recaudaciones consulares con los cuales hacen fortunas.
Como Ministro de Educación a partir del 2016 trata de repetir el mismo escenario que en la Cancillería. De forma distinta, aquí ordenó una auditoria para atender las denuncias de que en Educación habían profesores que cobraban sin trabajar y en efecto, luego de encontrar a cerca de 4 mil docentes que no tenían funciones emitió una resolución de cancelación masiva.
Las cancelaciones son sanciones administrativas que no deben ser masivas sino individuales respetando el debido proceso. Los maestros son empleados de carrera y para cancelarlos requieren, previo a la decisión del titular, de un juicio disciplinario y la declaratoria de faltas graves con la debida supervisión del MAP.
Tras culminar una auditoria lo correcto es la publicación de los resultados, entregarla a los maestros afectados para que las acepten o hagan sus replicas al informe preliminar y depositarla en recursos humanos para los fines de someter expedientes. Pero no se detuvo en nada y decidió ser juez y parte de esta investigación.
De inmediato el sindicato rechazó las cancelaciones, investigó, documentó cada caso, se movilizó y determinó que de esos maestros cancelados solo 500 están con funciones desconocida que se presumen podrían ser botellas. Aún se desconoce en que está este pleito entre los socios políticos de la ADP y Educación.
Pero, nadie se opone a que el ministro actúe cuando detecta anomalías en la institución y menos contra las botellas pero debe hacerlo apegado a la normativa legal no en función de la política. Fue una torpeza cancelar cientos de maestros al inicio del año escolar porque puso en riesgo de anarquizar la educación pública.
Además, el Ministro debió empezar por auditar las denuncias de irregularidades de Carlos Almarante Baret con el derroche y el reparto de recursos de Educación, seguir con los docentes sin funciones y terminar con las botellas del área administrativa.
Hasta donde sabemos no hay voluntad política para eliminar las botellas de las instituciones públicas, todo lo contrario. Todas las nóminas estatales están infladas desde hace tiempo y es público que se incrementan en las elecciones. Y nadie hace nada.
Sin dudas el Ministro de Educación va a hacer lo mismo que hizo cuando era Canciller: quitar algunas botellas de los maestros, como las quitó en la Cancilleria, dejarlas en lo administrativo, como las dejó en los Consulados y luego reubicarlos en otras áreas para que el pueblo siga cargando con la cruz de un grupo de vagos políticos.
Sanear y transparentar la nómina es una decisión política que ha fracasado en las manos del PLD, del PRM-PRD, del PRD-PRM y del PRSC y corresponde hacerla un gobierno alternativo y progresista, vía la Constituyente y la modificación constitucional.
JPM
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