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Inequidad y privilegios en la nueva propuesta salarial
Cientos de miles de empleados púbicos están a la espera de que el proyecto de Ley General de Salarios que se aprobó en el Congreso en el 2012 y que fue observado y devuelto por el Presidente Leonel Fernandez sea consensuado en el nuevo legislativo para hacer realidad el anhelado aumento de salario porque no aguantan mas retrasos, ni excusas.
Las desigualdades e inequidades que existen entre el salario de los servidores civiles, policiales y militares del estado y el salario de los funcionarios públicos, autónomos y descentralizados y el presidente en vez de reducir su brecha se acentúa con el pasar de los años.
El alto costo de la canasta familiar y la falta de recursos en el bolsillo, obligan a que esta ley se apruebe con mejoras sustanciales de urgencia pues este grupo valioso de la población no puede vivir devengando un salario de $ 10 mil mensuales según datos estadísticos oficiales.
El ex mandatario la vetó porque viola el artículo # 237 de la Constitución que ordena al Congreso ante la aprobación de impuestos a identificar las fuentes de ingresos. La razón es legal pero no se cumple del todo.
Hay decenas de instituciones que reciben recursos sin tener las fuentes de ingresos. Así está la Digepeg, la Oisoe, el inabima, la ARS Semma, las Gobernaciones Provinciales, el Despacho 1ra Dama, el Infotep y las ONG.
Sin embargo, lo que se ve tanto en la propia Ley como en el Reglamento es que son excluyentes y tienen los mismos privilegios. Esta ley dispone que para fijar el salario de Empresas Autónomas y Descentralizadas como el Congreso, la UASD, la justicia, el TSE, la JCE, el TC, las Edes y el Banco Central se haga igual que antes mediante resoluciones de sus titulares.
Pero muchas de estas instituciones no pueden mejorar el salario porque el gobierno incumple su presupuesto. La UASD tiene aprobada un 5% pero apenas recibe un 2%, la Justicia tiene asignado un 2.6%, pero recibe menos del 1% y Salud Pública tiene autorizado un 5% y le entregan el 2.7%.
En cambio, el presidente desde el 2013 está ganando $ 450 mil, los presidentes de las Altas Cortes se aumentaron su salario a $ 400 mil, los Directores Nacionales ganan más de $ 300 mil, los Viceministros ganan $ 245 mil y al Defensor del Pueblo le ingresa $ 250 mil tal como dice la ley.
Esta normativa ordena que ningún funcionario del estado puede ganar más que el presidente dominicano sin embargo todavía los funcionarios del Banco Central y de Instituciones Financieras no han adecuado sus salarios a esta ley y aún ganan salarios por encima de $ 900 mil y de $ 1 millón.
Con esta ley cada empleado con un cargo inmediatamente inferior al de su superior ganará un 20% menos. Están prohibidas las transferencias de fondos de una institución a otra. Habrá un bono por desempeño, habrá compensación por resultados y habrá otro bono por antigüedad.
Lo inexplicable es que deja en estudio la asignación de la escala salarial del Cuerpo Diplomático y Cónsular. Cuando hay estudios y propuestas de estos salarios en un proyecto de ley que está archivado en el Congreso. Si hay una institución que debe definir ya sus salarios es la Cancillería.
Y manda a la Policía y a las Fuerzas Armadas a crear su propio reglamento para mejorar su salario lo que equivale a postergarlo. Cuando se está a la espera de un aumento inmediato de un 100% o 200% de estos salarios.
Esta ley mantiene los privilegios para los funcionarios de alto nivel como celulares, costo de viajes al exterior, vehículos, combustible gratis, chofer, seguro de salud y de vida, seguridad personal y gastos de representación.
El aumento de salario de los Empleados Públicos que aprobó el MAP en el Reglamento de la ley 105-13 está muy por debajo de la canasta familiar básica que según la Encuestadora Enigh ronda en los $ 27 mil.
En 14 escalas de salarios mínimos para un nivel medio habrá aumentos de ($ 3 mil) los que ganan entre $ 7,500 a $ 23 mil, de ($ 4 mil) quienes ganan entre $ 28 mil a $ 41 mil, de ($ 5 mil) los que devengan entre $ 47 mil a $ 80 mil y de ($ 10 mil) quienes reciben entre $ 95 mil a $ 145 mil.
En el nivel máximo el aumento será de ($ 5 mil) quienes ganan $ 10 mil, de ($ 4 mil) los que ganan entre $ 20 mil a $ 45 mil, de ($ 3 mil) quien gana $21 mil, de ($ 5 mil) quienes ganan entre $ 45 mil a $ 80 mil, de ($ 6 mil) quien gana $ 72 mil, de ($ 10 mil) quienes ganan $ 115 mil y $ 140 mil y de ($ 15 mil) quien gana $ 175 mil.
Según el gobierno este aumento general del salario le costará al estado más de $ 25 mil millones. Pero todo parece indicar que no hay recursos ni tienen interés de buscarlos. Porque bien pudieran suprimir las duplicidades de entidades, reducir a cero la corrupción y eliminar las botellas.
Lo que no se puede es aprobar reformas fiscales para aumentar el salario pues lejos de buscar solución, se está castigando más al pueblo. Menos ahora que se sabe que este aumento no reduce la inequidad salarial.
jpm
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