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Con inusitado vigor recién han brotado reportes de prensa que reclaman la puesta en ejecución de un segundo proyecto de remodelación del Centro Histórico de Santo Domingo (CHSD). Pero la eminente periodista Inés Aizpun, quien se rumora que será una distinguida residente del recinto, resaltó en un despacho de la pasada semana (DL, 3/7/18) que “la disputa por la dirección del Programa y la administración de los fondos está dejando que los plazos para concretarlo se agoten”. Lamentablemente, cuando se analiza el caso en función de los intereses nacionales, el agotamiento del plazo y la extinción del proyecto sería lo preferible.
Aizpun resaltó el alegato de algunos de los empresarios del CHSD de que el actual Programa de Fomento al Turismo –el cual ya ha llegado a su fin—ha generado inversiones privadas de unos US$150 millones. (La ejecutiva a cargo del Programa había ofrecido anteriormente el estimado de cien.) Estas afirmaciones se hacen para sustentar la supuesta necesidad de que se agilice el lanzamiento de la segunda etapa. La implicación es que su ejecución implicaría inversiones más cuantiosas de parte del sector privado y que el beneficio se derramaría mágicamente sobre toda la ciudad.
Pero ese argumento no tiene asidero si solo porque exagera las cifras. Si bien la labor de restauración de fachadas, el soterramiento de líneas de transmisión eléctrica y algunas obras específicas de conservación que ha hecho el mencionado Programa podrían dar esa impresión a mentes ingenuas, las inversiones correspondientes no son del sector privado y su cuantía no sobrepasa los US$35 millones. El sector privado no ha invertido ni US$30 millones, a juzgar por los tres o cuatro restaurantes caros que se han desarrollado y el complemento de algunos pequeños hoteles nuevos. Los empresarios que piden más inversión pública entonces solo buscarían, cual aves de rapiña, potenciar sus propias inversiones con recursos del fisco.
Pero atraer más inversiones privadas al CHSD no es el fin último de su desarrollo. No es el afán de lucro de los inversionistas potenciales lo que debe satisfacerse. Y mucho menos podría el Estado endeudarse más de lo que esta para complacer esos codiciosos afanes. Tampoco es lo más prioritario el aprovechamiento económico del turismo extranjero. El objetivo de cualquier intervención pública en el CHSD debe ser la preservación del patrimonio histórico y cultural por el papel que juega en la consolidación de nuestra identidad nacional. Por tanto, cualquier intervención debe tener al pueblo llano como su principal beneficiario y no a un puñado de empresarios e inversionistas que quieran lucrarse aún más con las nuevas intervenciones.
Parque Duarte, en el Centro Histórico de Santo Domingo
Algunos corrillos turísticos señalan a la familia Vicini, la propietaria de medio centenar de inmuebles del CHSD, como la fuerza motriz detrás de la aludida campaña mediática. Se alega que su motivación es la de lograr la apreciación del valor de sus inmuebles –cuya propiedad detentan hace décadas sino siglos– y la rentabilización del hotel boutique Casas del XVI que actualmente desarrollan. Pero si bien una segunda ronda de intervenciones podría conllevar estos resultados, pensar de esa manera equivaldría a atribuirle una miope visión de avaricia a esa acaudalada familia, asumiendo que la anima un afán de avasallar y una predatoria rapacidad.
Un sosegado análisis del perfil de esa familia arrojaría otras conclusiones. Deberá reconocerse que conduce sus intereses de negocios de manera prudente y sin avidez desmesurada. Si bien trabajan legítimamente para lucrarse e incrementar su patrimonio, lo han hecho sin actuaciones urticantes y mucho menos de escándalo público. El fallecido mentor del clan, Gianny Vicini, impuso comedimiento y es fama que su proceder fue siempre de un bajo perfil. Su legendaria prudencia rechazaría la pretensión de querer engullirse un patrimonio nacional descaradamente. El vería eso como una torpeza garrafal que envenenaría la imagen pública de la familia. Gianny siempre supo que lo más sabio es temperar la manía lupina del poderoso para poder convivir sin asperezas en el seno de su sociedad. Sus herederos, por tanto, obrarían mejor si ofrecen un “óbolo bienhechor” para incentivar las visitas del pueblo llano a ese recinto histórico.
Fuentes bien informadas reportan que el patrimonio de la familia Vicini en el país es una minoritaria fracción de lo que es a nivel mundial. La totalidad significa varios billones de dólares, por lo cual lo que la familia podría ganar de ese segundo proyecto del CHSD sería una insignificancia. Si bien Casas del XVI es un hotel de alto lujo que eventualmente tendrá 62 habitaciones –ubicadas en 20 diferentes casas–, lo que está operando hasta ahora son apenas 16. Está por verse también si, una vez se opere el total de habitaciones, se generaría clientela suficiente. Y con respecto a los demás inmuebles, la familia tiene por norma “no vender sus propiedades”, por lo que parecería no haber prisa para que se aprecien.
La actitud sensata de la familia debe ser la de apoyar el armonioso desarrollo del CHSD a fin de que la nación lo tenga como la principal pieza de su herencia histórica. En tal sentido, su sabia política será aquella que apoye el acceso de todos los estratos sociales al recinto a fin de que se arraigue la identidad nacional y el pueblo llano conozca mejor sus raíces. Esa postura repercutirá muy favorablemente sobre su imagen pública y eso vale mucho más que los pesitos que podrían derivar de la momificación absurda que parece estarse gestando en el recinto. Démosle pues crédito a la visión esclarecida de una familia de amplias miras que ha contribuido y contribuye al desarrollo nacional.
De quien hay que cuidarse es de aquellos empresarios que operan restaurantes y otros negocios importantes en el área. Ellos se nutren de una clientela privilegiada: la clase media alta que visita el CHSD los fines de semana y de los turistas extranjeros que provienen de Bavaro-Punta Cana y los cruceros. Se entiende que quieran que el recinto luzca como un parque temático o una “tacita de plata” a fin de acrecentar la clientela y elevar la rentabilidad de su inversión. Pero aunque su afán de lucro sea legítimo no pueden pretender que el Estado se endeude para apoyar su rentabilidad. Eso equivaldría a una inequidad aberrante.
El Estado tiene prioridades más urgentes que satisfacer y ya basta con las intervenciones del Programa en el mejoramiento de las microempresas del recinto (https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/prioridad-turistica-equivocada-GX5167118). Con los recursos de ese nuevo préstamo se debería, por ejemplo, desarrollar la infraestructura de Bahía de las Águilas, construir viviendas de bajo costo en Villa Consuelo y Villa Juana o habilitar una línea del Metro para que el pueblo llano de la parte norte de la ciudad conozca una parte primigenia de su historia. El recinto no existe para apoyar la rentabilidad –ya bastante robusta—de unos empresarios que se apropian de las calles y otros espacios públicos para garantizarle parqueo a su clientela. Contra esa cleptómana práctica se desatara algún día la ira divina.
Los otros actores interesados son los vecinos del CHSD, en tanto el segundo proyecto involucraría un componente de desarrollo de sus viviendas. Todavía quedan unos ocho mil, a pesar del proceso de gentrificación que se ha estado fraguando en los últimos anos. Es deseable que se ayude a los vecinos de San Miguel, San Antón y Santa Bárbara para que puedan remodelar sus viviendas y permanecer donde viven. Pero eso, el remozamiento de El Conde y el soterramiento del cableado deberían ser los únicos componentes de un nuevo proyecto. El reto de resolver los problemas de la titularidad de las viviendas es enorme y la gestión en eso será más importante que el financiamiento que pueda proveer el BID.
Los demás interesados en apresurar una segunda etapa serian los miembros del staff del primer Programa. Es comprensible que quieran conservar sus puestos de trabajo con los niveles de compensación que tienen. Pero no es muy ético que empujen esa segunda etapa con alegatos falsos, haciendo creer que el nuevo préstamo del BID ya ha sido aprobado por el Congreso porque su monto fue incluido en el Presupuesto del Estado de este ano. El problema de la disputa entre el ADN, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo sobre la conducción del proyecto empantanó varios proyectos en décadas anteriores y no sería nada nuevo que lo hiciera ahora.
Somos muchos, en fin, los que pensamos que ese segundo proyecto no comporta un nivel de prioridad que justifique que el Estado acreciente su ya abultado endeudamiento externo. Y también pensamos que el futuro del CHSD es demasiado importante para dejarlo en manos de los ricos solamente. Los intereses del pueblo llano deben predominar. Nada justifica que se le secuestre su identidad histórica para que unos pocos se enriquezcan más de lo que están.