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Guía para la reforma policial (parte III)
Tristemente hay una confusión de roles en los temas de policías y militares en nuestro país, pero, sobre todo, usurpación de funciones en los ámbitos de competencia en la seguridad interna de parte del poder militar, por lo que urge redefinir los roles de nuestras instituciones de seguridad y defensa, estableciendo límites definidos en la esencia de las misiones correspondientes, para desmilitarizar a la Policía Nacional y “despolicializar” a las Fuerzas Armadas. Revisar y actualizar ambas leyes orgánicas: Ley Institucional de la Policía Nacional No. 590-16 y Ley Institucional de las Fuerzas Armadas No. 139-13.
El sistema de justicia de cualquier país se sustenta en tres pilares y se definen como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, son estos: jueces, fiscales y policías. Se mejoraron los presupuestos, las infraestructuras, la funcionalidad administrativa, salarios, escuelas, consejos, leyes, procedimientos, tecnologías, entre otros avances para la justicia y el ministerio público, siendo paradójico e inexplicable que se excluyera a la Policía Nacional, a pesar de ser el brazo fuerte de dicho sistema. Otra falla y discriminación con los policías es la ausencia de protección de las actuaciones policiales como funcionario legitimado al uso de la fuerza y que debe revestirse siempre del principio de autoridad, que se ha quitado. La principal amenaza a la reforma integral aspirada y aún más contraproducente, es la injerencia de algunos políticos y empresarios aviesos en el manejo de los presupuestos, de las compras y gastos para suplir las necesidades propias del servicio policial.
Consideramos que es imperativo que todo el cuerpo policial se capacite y estudie para conocer, cumplir y hacer cumplir la ley. La Policía urge redefinir el marco institucional en términos de visión, misión, filosofía (doctrina), estructura, procedimientos, normas, recursos y logística. Determinar los procesos legales con enfoque de gobernanza que identifiquen el desarrollo institucional de la Policía Nacional. Igualmente, revisar y actualizar todos los métodos y disposiciones que mandan la Constitución, las leyes y cada certificación por capacitación; incluyendo un manual de funciones con todos los protocolos de ley en cada actuación y operación policial, uso de formularios exigidos por estándares internacionales como la ISO, para ser legitimados en las ciencias policiales, requisitos imprescindibles en las policías modernas y democráticas.
La educación en sentido general debe ser intervenida y los agentes policiales formarse específicamente con las destrezas y capacidades propias de su profesión, enfocados en ser policías, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal como los define la ONU. La gestión de recursos humanos debe incluir la educación básica y continuada de todos los miembros de la Policía Nacional: Criminología, sociología, criminalística, accidentología, técnicas y procedimientos de investigación, documentación delictiva, así como, certificación en tiro, control de disturbios, empleo proporcional de la fuerza y armas letales o no letales, defensa personal, arresto, registro, allanamiento, manejo defensivo, técnicas en la conducción y aseguramiento de sospechosos o imputados, resolución pacífica de conflictos, entre otras. Con adecuado manejo y uso de las herramientas y tecnologías de punta. Mantener y nunca perder el principio de autoridad como compete a todo oficial de la ley.
El establecimiento de un sistema de educación y capacitación estructurado en la filosofía comunitaria (rol preventivo y mediador, con diálogo pacífico) y una reforma y actualización integral de la malla curricular de los contenidos del entrenamiento que se imparte a los policías (estableciendo Filosofía Policial o Doctrina). Validación de evaluaciones periódicas cada año o en situaciones especiales de comportamientos inadecuados sin importar los períodos. Fortalecer el servicio con oficinas de atención al ciudadano en todas las estaciones, además, de patrullas en las avenidas-calles, a pie, montadas (caballos y bicicletas) y en diferentes tipos de vehículos de motor, incluyendo unidades aéreas y acuáticas, aplicando la comunitarización (acción proactiva) y territorialización (delimitación de áreas, con mapeo delictivo). La creación de cuerpos especializados acorde a la nueva demanda de la globalización y las tecnologías con los reglamentos y protocolos pertinentes en las necesidades de nuevos tipos de delitos.
jpm-am