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El sesgado informe ONU
El martes 23 de septiembre se conmemoró el
primer aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en la que
nación dominicana reivindica, como lo había hecho una decisión de la Suprema
Corte de Justicia, lo que han dispuesto todas las constituciones del país desde
el año de 1929, que la permanencia irregular en territorio dominicano no
transfiere derechos de nacionalidad, pero como habían situaciones agravadas por
un cumulo de irresponsabilidad histórica, la decisión emplazó a las instancias
correspondientes a la implementación del Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros.
La reacción de la comunidad internacional
fue bestial contra la República Dominicana, como si no se tratara de una nación
soberana que tiene pleno derecho a establecer sus normas migratorias y debido a
que entre los censurantes habían naciones de las que estratégicamente no
podíamos consentirnos el riesgo de distanciarnos, el presidente Danilo Medina
tuvo que moverse con mucho tacto y prudencia para hacer saber que no se
produciría ningún despojo de nacionalidad y que aquellas personas que muestren
el arraigo imprescindible serían regularizadas, y la mejor muestra de esa
voluntad fue la aprobación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial
para los nacidos en territorio nacional inscriptos irregularmente en el
registro civil y sobre naturalización.
Como si eso fuera poco un país que no tiene
superávit y que año tras año pasa por la impotencia de aprobar presupuestos
deficitarios, quitándose la comida de la boca y dando nueva expresiones de
solidaridad, dispone de 1000 millones de pesos para cubrir los costos del plan
y hacerlo gratuito para los beneficiarios.
¿Por qué el plan no ha operado con la
celeridad proyectada y apenas un 1% de los presuntos afectados de la sentencia
ha podido presentar la documentación requerida?
Porque la mayoría de los extranjeros
ilegales, no lo son por haber penetrado o permanecido de manera irregular en el
territorio de otro país, como ocurre con los 12 millones a los que trataría de
beneficiar la propuesta del presidente Barack Obama, sino que además tienen el
agravante de ser indocumentados porque su país les ha negado el derecho a la
identidad.
Para República Dominicana o cualquier país
del mundo otorgarle un status migratorio a una persona tiene que saber a quién
está legalizando, pero si esa persona no presenta un acta de nacimiento en la
que se establezca quienes son sus padres, no se le puede inventar una
identidad, por lo que corresponde al Estado haitiano auxiliar a los nacionales
de ese país que quieren beneficiarse del plan de regularización dominicano.
Sin embargo el plazo aprobado por la ley
corre y muchos haitianos no han podido costear la gestión en su país de los
documentos imprescindibles para asentarse en República Dominicana, y justamente
respondiendo a esa necesidad el magnate de las finanzas estadounidense George
Soro le expresó a Danilo Medina su intención de aportar recursos para el costo
de las gestiones de documentos en Haití, si así lo hace y el gobierno haitiano
lo acoge, bienvenida la contribución, lo que el Estado dominicano no puede bajo ningún concepto es asentar
fantasmas.
Pero la ONU acaba de emitir un informe en
el que toda la inefectividad del plan la
atribuye a ineficiencias dominicanas, sin mencionar la indocumentación haitiana
en Haití, principal escollo de la regularización, para justificar una solicitud de ampliación del plazo, para que
continúe el desorden y el Estado y el
pueblo dominicano sigan cargando pesado.