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El escándalo de Odebrecht golpea a los dos principales partidos dominicanos
(EFE).- El escándalo del caso Odebrecht golpea a los dos principales partidos políticos de República Dominicana, después de que varios de sus dirigentes hayan sido imputados por su presunta implicación en los sobornos que la empresa brasileña pagó para lograr obras públicas.
La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.
Cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD, la Procuraduría ordenó esta semana el arresto de 14 personas.
Del total de 14 involucrados, una decena de políticos y empresarios fueron detenidos el lunes, y en el caso de los tres legisladores, dos del PLD y uno del PRM, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria.
Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Entre los imputados figura el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida ayer al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia, y posteriormente, en otra misiva, solicitó su suspensión temporal del principal organismo de dirección del oficialista PLD.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni el PLD se han pronunciado sobre las peticiones de Montás, un veterano político dominicano que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la citada organización política, entre ellos ministro de Economía (2007-2016).
Todos los políticos imputados han defendido su inocencia y desde sus respectivos partidos políticos han puesto a su disposición sus equipos de abogados.
Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
El principal partido opositor dominicano ha condenado el arresto de su presidente, Andrés Bautista, y de otros de sus dirigentes, y ha acusado al presidente del país, Danilo Medina, de encubrir a los verdaderos culpables de recibir los sobornos que pagó Odebrecht.
En una nota, el PRM denunció que «al grupo en el poder lo mueve la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación», para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.
Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como «Marcha Verde», consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.
No obstante, creen que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobreevaluaciones de obras, lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales, así como devuelto el dinero robado y cancelados los contratos vigentes con Odebrecht.
Mientras la justicia dominicana decide si aplica prisión preventiva a los imputados, grupos como «Marcha Verde» ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones al considerar que es el único camino que podrá garantizar que éste sea verdaderamente el inicio del fin de la impunidad en República Dominicana.