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De frente al Pacto Eléctrico
Por EDWARD VERAS
De manera insistente, hemos visto presente un activismo inusual por parte del estado, en conjunto a una representación del sector privado que componen las empresas de generación, en buscar una “salida pactada” a la crisis multifacética existente en el sector eléctrico nacional por más de 60 años.
Por igual, sectores de la sociedad civil se han mostrado a la disposición de contribuir a la solución de la crisis, para lo cual han hecho presencia en los foros de debate y con documentación pertinente. Este activismo, convocado por el Consejo Económico Social (CES), por mandato de la ley 1-12 que emite la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Dando un vistazo al pliego de propuestas hechas por el gobierno, podemos resaltar carencias de propuestas que garanticen el cumplimiento del suministro de energía eléctrica como lo expresa el mandato de la Constitución de la República en su artículo 147 haciendo de este un bien social.
En lo referente al marco institucional, se plantean posiciones ambiguas, nunca a establecer reglas claras en torno a las funciones de cada institución estatal y creando una nueva empresa pública en el área de generación, sin que se muestren ideas claras de sus funciones.
En el ámbito regulatorio, no se discuten reparos a los escollos normativos que lesionan la estructura de costos en el mercado mayorista, que repercuten en los precios incrementales de la energía y los servicios complementarios. Cabe destacar, que estas distorsiones benefician ampliamente al sector generación, perjudicando a las empresas de distribución y a los usuarios finales.
En la propuesta hecha por el CONEP, se plantean reestructuraciones normativas muy puntuales, necesarias pero no plasman la solución al problema principal. Por igual que el gobierno, en nada tocan al espectro legal de la operación del mercado mayorista.
Cualquier enmienda de carácter consensuado en pos de fortalecer equitativamente la sostenibilidad financiera del sector, iría en detrimento del sector generación, al ser este el gran beneficiario del modelo de mercado implementado en la ley eléctrica y su reglamento.
Según datos del Organismo Coordinador, solo el 60% de factura eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista corresponde a transacciones de venta de energía, en el mes de abril. El resto (40%), se genera a partir de servicios sujetos a interpretación de tecnicismos descritos en la ley y el reglamento. Esta situación resulta inviable para la sostenibilidad financiera del sector.
Estas dos propuestas de principalía, por la naturaleza de sus proponentes, se ven acompañadas de múltiples opiniones de sectores de la vida social, académica y un sinnúmero de expertos en el área. Por igual se vislumbra una alta presencia de “terceros” que siempre han realizado lobismo tras estos problemas nacionales. Según el cronograma de labores, el mismo debe culminar a mitad de 2015, llevando la firma de un documento entre las partes al Palacio Nacional.
Ninguno de los dos planteamientos hace referencia a la vinculación de las empresas de distribución con la sociedad en todo su conjunto, comprometiendo a las entidades que cohabitan en el territorio nacional a la normalización del funcionamiento del servicio.
Las Edes, como comúnmente se les llama, nacieron como un instrumento de persecución, prepotencia, gendarmes del cuido de un servicio público, pero que los intereses privados ordenan. En los planteamientos, se prevé mantener esta imagen hacia las Edes.
Ningunas de las propuestas plantean un marco institucional estratificado, que permita saber con claridad las funciones de cada entidad y la jerarquía entre ellas, así como la independencia que debe mostrar las instituciones reguladoras y fiscalizadoras, ante los vínculos gubernamentales con los actores del sector.
Ningunas de las propuestas muestran las acciones a tomar tras el vencimiento de los acuerdos de compra-venta de energía de las empresas de distribución y los generadores independientes IPP´s en Junio de 2016. Estos acuerdos datan desde finales de los 80´s y la década de los 90´s y fueron renegociados en el 2001 en el mal llamado “Acuerdo de Madrid”.
Aunque en el 2001 se logró una reducción de los precios de contrato, los mismos han lesionado el mercado eléctrico dominicano y por ende el servicio hacia la ciudadanía. Cabe recordar que solo el 15% de la energía producida se vende en el mercado Spot, dejando el resto al mercado contratado.
Ante esta pantalla mediática por dejar en la mente de la ciudadanía una posible solución, se destapa el Superintendente de Electricidad, el Ing. Eduardo Quincunces (familiar político del ciudadano presidente Danilo Medina) con declaraciones desvirtuadas de los planteamientos del pacto en proceso, sobre la necesidad de la venta de las empresas de distribución al sector privado y de la eliminación de la CDEEE.
Por igual, la misma Superintendencia de Electricidad anuncia una convocatoria de licitación para la renegociación de los contratos del Acuerdo de Madrid, cuyo vencimiento es a mediados del próximo año. Con una premura poco común, convoca para julio el llamado a licitación y anunciando que tendrán resultados en septiembre de este año.
¿Qué pretende el gobierno, a través de las declaraciones de su Superintendente?
¿Será este pacto un caramelo envenenado para realizar una segunda ola privatizadora, que al mencionar la eliminación de la CDEEE dejaríamos desprovistos de su “holding” a las empresas de distribución, a la empresa de transmisión y a la empresa de generación hidroeléctrica, y así sean esta presa fácil del lobismo empresarial presente en el pacto y de cualquier negociación del gobierno en período electoral?
¿Será este pacto la antesala de una nueva renegociación leonina de los contratos de compra-venta de energía de las empresas de distribución en favor de los intereses privados que han lesionado la economía nacional por más de 20 años, en desmedro de la sostenibilidad financiera del sector y por ende de un buen servicio energético a la población?
Solo son preguntas que hacen despertar el interés de los sectores comprometidos con el desarrollo nacional y de la población en sentido general.