Crisis social y democracia

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EL AUTOR es profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

La inestabilidad política visible en el sistema de partidos en la República Dominicana, es un reflejo de la crisis de valores que vive nuestra sociedad. El clientelismo, el uso de recursos públicos, autoritarismo, el liderazgo narcisista y la falta de institucionalidad, dentro de las agrupaciones políticas, forman parte del conjunto de falencias que presenta la ciudadanía en todos los aspectos de nuestra vida social.

La ausencia de principios arropa tanto a empresas, clubes, ONG´s, gremios profesionales y sindicales, así también entidades con más solidez como iglesias, cuerpos castrenses y representaciones diplomáticas. Seriamente el Estado tampoco está exento de esta crítica situación.

Más que un paso de avance, tras la búsqueda de un elemento de protección sistémica, los partidos políticos logran consenso para aprobar en el Congreso de la República una ley que rija su accionar cónsono a la Ley Electoral y a la Constitución Dominicana. El visto bueno de esta ley debe ser complementada con una amplia reforma que categorice el régimen electoral como cuarto poder de El Estado, independiente y compromisario con las garantías de los derechos adquiridos en cada elección y los regímenes de consecuencias ante las posibles violaciones.

La discusión de la Ley de Partidos se centra en la forma en que la Junta Central Electoral deba intervenir o no en los procesos internos de cada organización. En la actualidad ninguna agrupación política reconocida se exime de la falta de democracia tanto en la asignación de las posiciones jerárquicas estructurales, así como en el reparto de candidaturas en el próximo torneo electoral. Por igual, ninguno de los partidos garantiza una ejecución diáfana de ninguna convención, congreso o elección primaria.

Absolutamente todos se encuentran penetrados por los tentáculos de la corrupción, populismo lisonjero disfrazado de liderazgo, recursos provenientes del lavado, entre otras, teniendo el común denominador de la complicidad en sus cúpulas orgánicas. Por igual, todos siguen siendo víctimas del clientelismo burdo, atropello y vandalismo gestado desde sus filas operativas.

Al parecer, no hemos olvidado la época de las montoneras en la que la posesión de dinero y cuerpos paramilitares siguen siendo elementos decisivos en cada elección. La mejor prueba de esta crisis social es la réplica de esta práctica en instituciones democráticas descentralizadas del Estado.

La decisión consensuada de los partidos en permitir al Estado intervenir en sus procesos internos es una simple muestra de la falta de credibilidad de sus organismos y dirigentes. La postura del uso de una nómina común de concurrentes, constituye un mal necesario al sistema democrático, ya que el mismo elimina de paro la condición de “militante” a cada uno de sus miembros, pero a la vez, es la única garantía de participación colectiva y equitativa en las decisiones de cada conglomerado.

La permanencia de un padrón cerrado a las truncadas y tradicionales militancias, colocan los resultados del sufragio a merced de la cúpula y más aún, si esta se encuentra enquistada en la contabilidad de algún ministerio o ayuntamiento.

En el debate se ausenta el planteamiento del método de financiamiento de los partidos y los controles en el gasto de las campañas electorales. Cabe resaltar que, en otros países existen leyes parecidas que restringen por igual el gasto de los recursos del Estado en actividades permisivas en favor de algún candidato o agrupación. Otra carencia en la disputa es la restricción del uso de los medios de comunicación, teniendo estos aún un protagonismo primordial en el desarrollo de una campaña desigual.

La oposición política parece comprarle el discurso al Gobierno, reduciendo la discusión al formato de primarias conjuntas y la unificación o no de un padrón común, olvidando la necesidad imperiosa de todos los controles que debe contener la Ley de Partidos.

La inacción monotemática orientada a la lucha intestina de los opositores, así como la parálisis que sufre el movimiento Marcha Verde coloca al Gobierno en una cómoda ventaja tanto en el tema de ley de partidos, como en el manejo mediático de sus posturas frente a los resonados casos de corrupción, inseguridad ciudadana y falencias la ejecución de servicios básicos.

Las complicidades cruzadas entre las facciones del gobierno y la oposición, y estas a su vez representadas de manera avasallante en el Congreso, alejan la esperanza de la sociedad colocadas en un instrumento justo de participación. Una franja de la población expresada como abstencionistas, anhelan el acceso a las decisiones electorales con un esquema desatado de los partidos políticos, en los que los segmentos sociales puedan integrarse a los estamentos de Gobierno, Congreso y Ayuntamientos, sin ser compromisarios con los males estructurales que afecta a las agrupaciones políticas.

El tiempo avanza y el gobierno parece recomponerse de la inestabilidad propia del primer año de gestión acompañada de los efectos de la movilización dominguera que vestida de verde inicio con el presente año.

Ha funcionado la estrategia de “repartir la culpa” y jugando a la teoría de que “una mala noticia sustituye a la otra”, como si el espíritu de Goebbels brindara asesoría al manejo mediático del Palacio Nacional.

edwardverasdiaz@gmail.com

JPM

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