Contratistas quieren cobrar antes que mueran 

En los últimos años han fallecido varios contratistas de obras estatales que estaban aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC), entidad  en la cual funciona la denominada “mesa de cobro” a diversas instituciones públicas que tienen deudas viejas por pagar a centenares de constructores.

De ahí que entre los miembros de esa entidad se haya hecho muy popular la expresión “queremos cobrar en vida”, que al mismo tiempo es un clamor desesperado dirigido al presidente de la Republica, Luis Abinader.

La  lucha de los contratistas con deudas viejas  por cobrarle al Estado por concepto de trabajos ejecutados, data desde 1996 y durante los últimos 25 años esos profesionales han sido discriminados y maltratados por colegas que han ocupado funciones públicas.

También hay un historial de muertes trágicas, pues decenas de contratistas con deudas viejas  por cobrar se quitaron la vida agobiados por  demandas de suplidores, pérdida de equipos y propiedades, además por la desintegración familiar en algunos casos.

Hay que hacer un recordatorio en el sentido de que fue durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se registró la mayor cantidad de esos suicidios de contratistas.

La bien ganada reputación de “mala paga” que tiene del Estado ha causado la quiebra a muchos pequeños y medianos contratistas que perdieron el patrimonio adquirido durante el ejercicio profesional de décadas de años.

Y aunque para algunos cobrar la deuda representa una migaja dada la significativa devaluación de nuestra moneda, las demandas de que el gobierno les pague se han convertido en una  cuestión de honor porque, entre otras cosas, han enfrentado hasta extorsión.

Esa lucha por cobrar también  representa la voz viva de dominicanos que reclaman que sean enjuiciados los funcionarios públicos corruptos que  ejercieron abuso de poder, incurrieron en prevaricación y  causaron daños patrimoniales con actuaciones contrarias a las normas administrativas.

El actual gobierno ha dado indicio de que pretende resolver el problema con los contratistas con deudas viejas  por cobrar, pues creó una comisión de seguimiento en la que participa la ministra sin cartera Geanilda Vásquez.

Se conoce que la ministra Vásquez ha sostenido encuentros con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a fin de buscar una salida legal al pago de las deudas viejas.

Contactos similares habría hecho la funcionaria con el Director General de Presupuesto y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo a los fines de buscar respuesta a los reclamos de los contratistas con deudas viejas por cobrar.

Se ha especulado que en el presupuesto complementario de este año, aprobado por el Congreso Nacional, se habrían incluido unos 300 millones de pesos para el pago de esas deudas viejas y que aparentemente se enfrentan dificultades legales para proceder con los pagos.

Le toca al presente gobierno limpiar el desastre dejado por las pasadas administraciones cuyos funcionarios ligados a la construcción infringieron abiertamente principios legales que conforman la actuación de la administración pública.

El quid de la cuestión  es que en esta ocasión se han involucrado varias instancias del Estado y los contratistas con deudas viejas por cobrar acarician la posibilidad de que el próximo mes reciban el esperado pago

JPM