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¿Cómo innovamos en el sector público?
POR CARLOS MANUEL MANZANO CONTRERAS
En estos tiempos de cambios acelerados y continuos, la innovación constituye hoy día un factor fundamental para la supervivencia de las organizaciones, sean estas del sector privado como del público.
En lo que respecta al sector público, hay que tener bien claro que los cambios que se dan en los ámbitos sociales, culturales y económicos inciden de forma determinante en la formulación de sus políticas públicas, y como tal, exigen modificaciones estructurales y modificaciones en las prácticas, de las que no pueden aislarse los propios procedimientos.
En tal virtud, la Administración Pública tiene que adaptarse a esos cambios, y en general, a todo tipo de cambio, creando los mecanismos necesarios que tiendan a satisfacer las nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos que esos cambios generan en su relación con el Estado.
Innovar supone tener capacidad para abordar la complejidad de los problemas, y adaptarse al ritmo de los cambios y a las oportunidades que estos representan.
Las innovaciones en las instituciones públicas pueden ser de procesos, administrativo/organizacional, pero además pueden ser de servicios o políticas, ya que su fin, entre otros, es ofrecer a la sociedad políticas y servicios que mejoren la calidad de vida y los beneficios que generan a la ciudadanía.
En tal virtud, la innovación en el sector público implica la adopcion de nuevos métodos (procesos, procedimientos, formas de gestión), políticas, productos y servicios con la intención de responder de manera eficaz a los cambios en las necesidades de la sociedad y a las expectativas de los ciudadanos, procurando con ello eficientizar el gasto público (reducir costos), y teniendo siempre como fin último generar valor público.
Pero de qué forma podríamos definir y medir el valor publico que genera un proceso innovador en la Administración Pública?
Un cambio en una organización pública agrega valor, y por lo tanto, es considerado una innovación, si el mismo aumenta la cantidad o calidad de bienes o servicios producidos y/o baja sus costos. Y de igual forma, aumenta su capacidad para generar valores apreciados por la ciudadanía, como simplificación del proceso, equidad de acceso y de resultados, transparencia de la acción estatal, ejecución de obras, legitimidad, entre otros.
Ahora bien, no todo proceso de cambio en la Administración Pública puede considerarse como una innovación. Para que esto suceda debe estar sustentado dicho cambio en una visión orientada al ciudadano, descubrir sus verdaderas necesidades, y no simples políticas públicas que vienen etiquetadas con creencias de “esto es lo mejor para el ciudadano”.
Lamentablemente es muy común ver como en determinadas comunidades se llevan a cabo proyectos que generan cambios pero que no pueden ser considerados innovadores porque los mismos no agregan valor público, no satisfacen las necesidades y expectativas de la población en ese determinado momento..
El valor y pertinencia de un proyecto promovido y ejecutado por el Estado es definido y determinado por el público, el cual expresa sus aspiraciones y preferencias, ya sean individuales o colectivas, a través de los diferentes medios e instancias instituidos para tales fines, o retomadas por los representantes electos.
En fin, la innovación se genera en el sector público cuando el gobierno identifica las verdaderas aspiraciones de los ciudadanos y define claramente los beneficios que habrán de generarse para la sociedad con la ejecución de ese proyecto innovador, sobre la base de los recursos y poderes que la misma sociedad le ha otorgado para realizarlos.
JPM