CARD se opone aprueben el proyecto de Fideicomiso Público
SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad.
Agregó que ello se contempla en su artículo 13, que de manera expresa excluye la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, respecto a las operaciones administrativas de los Fideicomisos Públicos, los cuales serán regidos por el reglamento que creará cada fideicomiso, por cuya violación solo habrá sanción administrativa, no penal, abriendo las puertas a la impunidad y a la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, no solo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Direccion de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas, que contraviene la Constitución de la República, muy especialmente en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas estén a favor de empresarios oligarcas, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Recordó que al tratarse de una ley orgánica regulada por el artículo 112 de la Constitución, para su aprobación se requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues dicho proyecto afecta no solamente el régimen económico financiero, sino el presupuesto, la planificación y la inversión pública.
Llamó a los partidos políticos de oposición representados en ese hemiciclo, sin cuyo apoyo no es posible la aprobación de dicho proyecto, a defender el patrimonio público, la transparencia y la institucionalidad de los bienes propiedad del Estado dominicano.
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