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BRASILIA.- El Consejo de Ética de la Cámara baja de Brasil deberá reiniciar un proceso por supuesta corrupción contra el presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, por «errores de procedimiento» en el nombramiento del diputado instructor del caso.
El anuncio fue hecho en medio de una sesión por el presidente del Consejo, José Carlos Araújo, quien indicó que la Mesa Directiva de la Cámara le notificó que el diputado Fausto Pinato, hasta ahora instructor de la acción contra Cunha, estaba «impedido» para ejercer ese cargo.
La Mesa Directiva argumentó que, según la normativa interna, el instructor no puede pertenecer a un mismo grupo parlamentario que el acusado y que Pinato es del Partido Republicano Brasileño (PRB), que actúa en el mismo grupo que encabeza el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del que es miembro Cunha.
De esa manera, el Consejo de Ética deberá nombrar otro instructor en el proceso que juzga a Cunha por sospechas que se benefició de la red de corrupción que actuó en la compañía estatal Petrobras.
Diputados que consideran a Cunha culpable y defienden que pierda su escaño denunciaron que la decisión de la Mesa Directiva no es «legal», pues habría tenido influencia del propio acusado, quien la dirige en su condición de presidente de la Cámara.
En medio de unas fuertes discusiones, Araújo canceló la sesión y anunció que recurrirá ante la Mesa Directiva, a pesar de mostrarse a favor de nombrar un nuevo instructor, lo que supondrá que todo el proceso se reinicie.
Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción de Petrobras al menos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero fue comprobada por la propia Justicia helvética.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó la semana pasada iniciar el trámite para un juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, debido a unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.
La oposición sostiene que esas maniobras suponen un «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.