Atentados concretos a la institucionalidad desde el poder

 Así como el legislador Rogelio Genao resalta, por algo particular, que el Congreso es el primer poder del Estado, debería tener claro y defender -siempre y sin regateo- el rol institucional y la responsabilidad asignados por el elector y por la Constitución a diputados y senadores.

 Las cosas en el marco de los poderes del Estado, llamados a complementarse y a la interacción para lograr las mejores leyes y políticas públicas, no deben ser “a según” ni estar sujetas a la interpretación o las conveniencias.

A decir de Genao, de reconocidas “habilidades” políticas, los legisladores “no somos sello gomígrafo de la Junta ni de nadie”, pese a la acusación-sospecha de tiempos pasados (y no tan pasados) de que cuando el partido gobernante tiene mayoría de escaños son sello del Ejecutivo.

Los legisladores -con asesores, pero desconocedores de muchas materias a ser reguladas- deberían cuidarse un poco más de la cuestionable práctica de jugar al tiempo con iniciativas diversas de leyes consideradas prioritarias para el fortalecimiento institucional del país. Por ejemplo, el proyecto de ley orgánica del Régimen Electoral y el llevado y traído Código Penal.

Sobre el primero, el senador Ricardo de los Santos afirmó que la traba para aprobar la pieza no está en el Congreso, ya que solo tres partidos presentaron observaciones. Si no es allí, entonces estaría en el liderazgo político que baja línea a los legisladores, pese al cuento de Genao de que “nosotros pensamos aquí”.

Al parecer, se busca un “traje a la medida” o, cuando menos, maniatar a la JCE, para los partidos seguir haciendo de las suyas y que el organismo electoral pueda hacer poca cosa. ¿Siendo la que sabe de eso y la que tiene el peso de organizar las elecciones, por qué no se acogió su proyecto, ya con unos 43 artículos consensuados, y luego ignorados?

Por lo pronto, no se entiende ni se admite la “pachecada” de Alfredo (“turisteando” por Fitur, en España), que aun reconociendo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el voto electrónico, plantea buscar un “bajadero” en el Congreso  para repetir los riesgos que el librito quiere evitar.

La sola intención de extralimitar las facultades del Congreso y violar la Carta Magna es irresponsable, condenable e inaceptable. ¿Acaso se quiere emular el decreto y ley, por demás pervertidos, con los cuales el gobierno anterior de Danilo pretendió anular la sentencia 168-13 del TC, sobre la nacionalidad dominicana, y formalizar a un montón de haitianos indocumentados?

Por cierto, por la poca institucionalidad y falta de cultura constitucional, nadie fue llamado a rendir cuentas por esa tropelía. Por esa ausencia de consecuencias y de precedentes serios, se repiten los intentos y los atentados concretos a la institucionalidad desde el poder, que es gran verdad que a muchos marea, y no lo creen pasajero, sino que es eterno.

No se aprende la lección, por más duro que a predecesores en el mando la realidad les haya golpeado en la cara y dejado mal parados en términos de imagen.

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