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¿Asesinato por equivocación?
En materia de derechos humanos, la República Dominicana presenta inocultables rezagos. La violación más notoria es la imposición de la pena de muerte extralegal que ha hecho la Policía Nacional.
Por falta de una acción efectiva y eficiente del Estado para encarar la inseguridad y violencia social que se registra en los grandes centros urbanos y en la zona rural, la respuesta oficial ha sido el uso de “mano dura” por parte de la policía, elemento que se ha traducido en deleznables ejecuciones extrajudiciales.
Concretamente, el uso desproporcionado de fuerza letal por la policía constituye la tónica que caracteriza esa corporación represiva, cuyos agentes tienen las manos manchadas de sangre por haber asesinado cerca de siete mil jóvenes en lo que va de este siglo.
Esas ejecuciones ilegales de jóvenes de los barrios miseriosos, han ocurrido en el marco de los gobiernos “liberales” que ha tenido este país caribeño en los últimos quince años. Un caso horripilante ocurrió hacen unos días en la ciudad sureña de San Juan de la Maguana, lo cual ha consternado a todos los que viven en este poblado, cuna del Presidente Danilo Medina. Miembros uniformados llegaron al empobrecido barrio El Cepillo, se lanzaron del vehículo antes de que se detuviera, esgrimieron pistolas y ametralladoras, y lanzaron insultos e intimidación a lugareños.
A un joven motoconchista de veintitrés años, uno de los policías le apuntó y le pegó un tiro mortal por la espalda. Cuando el agente se acercó y le vio la cara, se llevó las dos manos a la cabeza y exclamó: “diablo me equivoqué; no era ese el que quería matar”. Pero ya consumada la “equivocación” no pudo revivir a Andy Dasiel Cabrera Rosado, como llamaban al finado.
Los gendarmes intentaron ponerle una pistola al cadáver para fabricar la excusa de que el deceso se produjo mediante un “intercambio de disparos”, pero los vecinos lo impidieron.
Un par de horas después, la Dirección Regional Oeste de la Policía, al mando del General Aquino Reinoso Robles, volvió a matar con una “bala moral” a Andy Dasiel, al “dispararle” -también abusivamente- una nota de prensa acusándolo de ser un “reconocido distribuidor de drogas del barrio”. Los familiares –muy valientemente- han pedido le hagan la prueba antidoping al cadáver del malogrado, para demostrar que no consumía ni vendía drogas.
En la lógica policial, esta horrorosa muerte se tipifica como un daño colateral y caso cerrado. Así funciona la lógica policial, desconociendo el más elemental respeto a la dignidad humana y a los derechos de la persona, porque los policías han impuesto la pena de muerte extralegal. El agente asesino se pasea libremente por las calles sanjuaneras.
La Policía, como cuerpo “preservador” del orden público, por sí solo y al margen de todo el aparato constitucional y normativo, impuso la pena capital en los barrios, asesinando a jóvenes “sin chistar ni mistar”.
Como los acribillados son “jodidos”, su exterminio, al parecer, no tiene ninguna importancia. Simple daño colateral.
Los desacreditados intercambios de disparos entre policías y supuestos delincuentes, constituyen un uso indebido y abusivo de fuerza letal.
Tienen mucha razón los organismos internacionales de defensa de derechos humanos al denunciar al país como violador de estos derechos, que los apologistas del régimen quieren desmentir.
Existen otras formas de violación de los derechos humanos, como es la homofobia, a través de la cual se lesiona a individuos por su orientación sexual. En la televisión y la radio nacionales, por ejemplo, los homosexuales son burlados y ridiculizados, lo que constituye una acción que vulnera las prerrogativas de esa minoría. En las escuelas los gay son víctimas del bullying.
jpm