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Santo Domingo, 10 sep (EFE).- Un análisis publicado por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funflode), sostiene que el agua disponible en el país es abundante, pero la manera en que se distribuye espacial y estacionalmente, en adición al alto consumo en riego, agua potable y la precariedad del saneamiento se traduce en escasez.
En este sentido, destaca que se requiere de un marco regulador actualizado y coherente, que unifique y coordine acciones de las instituciones del sector de acueductos, integre a las comunidades y garantice el acceso equitativo, sostenible y eficiente al agua.
El estudio se titula «¿Qué pasa con el agua?» de la autoría de Fanny Vargas, coordinadora de la unidad de Políticas Públicas del observatorio.
El documento ofrece un diagnóstico del acceso y uso del agua en todo el país, así como del estatus de cobertura y calidad del servicio para los diferentes usos y fines.
Además, expone que la demanda de agua se caracteriza por varias distorsiones que afectan el funcionamiento apropiado del servicio. Por ejemplo, a pesar que el riego es el renglón de consumo más importante, la eficiencia de los sistemas de riego es muy baja y la sostenibilidad financiera del sector no se ha alcanzado, aunque la cobranza del servicio ha aumentado a partir del establecimiento del modelo de juntas de regantes.
En cuanto al saneamiento del Gran Santo Domingo, el 81 % de la población no dispone de redes de alcantarillado. «Las redes existen y se encuentran en estado deplorable producto de los años de servicio».
El informe apunta que de las 29 plantas de tratamiento a cargo de la CAASD, solo nueve se encuentran en servicio. Esto obliga a que el 96,2 % de las aguas residuales sean descargadas sin tratamiento al subsuelo y al mar.
La investigación señala que a pesar de que hay ocho instituciones que están destinadas a la distribución del agua a escala nacional, existen problemas de gestión institucional que requieren de grandes esfuerzos de planificación integral.
«No existe un ente regulador que articule coherentemente las políticas sectoriales de infraestructura, tarifas y cobranzas, relaciones con usuarios y operadores», informa.
La muestra afirma que los problemas de precio, cobro, distribución y calidad del servicio son comunes para todos los proveedores de agua. Se debe cambiar el modelo institucional de la prestación del servicio por uno que involucre a actores comunitarios y privados, crear un ente regulador y uno de planificación.EFE
eg/am