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Amnistía Internacional acusa Cuba acoso laboral para reprimir críticos
LA HABANA.- Los ciudadanos cubanos que son considerados críticos con la vida en el país sufren acoso en el empleo y pueden llegar a perder su trabajo, ya que las autoridades de Cuba utilizan su control sobre el mercado laboral como una herramienta de represión. Así lo denuncia un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional.
Bajo el título «Es una prisión mental. Cuba: mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana» , el informe de Amnistía recoge decenas de testimonios de cubanos que describen el uso arbitrario durante décadas de las leyes penales y otras prácticas ilegales, incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector del empleo por cuenta propia.
El Gobierno cubano es el principal empleador del país, ya que el 72% de los trabajadores están empleados en el sector público, y también controla el sector privado, pequeño y emergente, pero sumamente regulado.
Los testimonio recogidos de personas procedentes de todos los sectores sociales «demuestran que el Estado utiliza su control —como el mayor empleador del país y como regulador del sector privado— para silenciar incluso las críticas más sutiles», señala el documento.
Control estatal sobre la vida cotidiana
Con ese sistema, incluso personas que no son políticamente activas tienen que evitar criticar al Gobierno cubano si quieren conservar su empleo.
“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno”, ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara-Rosas ha apuntado que, “ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos”, y ha considerado “imperativo que se empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”.
“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, ha concluido Guevara-Rosas.
A juicio de Amnistía Internacional, de cara a las elecciones de 2018, es necesario que «las autoridades promuevan reformas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos, incluida una revisión de las leyes y prácticas penales que son incompatibles con el
derecho y las normas internacionales de derechos humanos y que limitan indebidamente la libertad de expresión».
of-am