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AI denuncia penalización del aborto y deportaciones en la Rep. Dominicana
PARIS (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este martes la penalización del aborto en casi todas las circunstancias en la República Dominicana, donde continuaron las deportaciones y muchas personas que siguen siendo «apátridas».
En su informe de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado hoy en París, AI también señala que la Procuraduría General de la República informó de 74 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y junio, lo que supone casi el 10 % de todos los homicidios del país.
El documento dice que, según la Organización Internacional para las Migraciones, las autoridades deportaron a más de 40.000 personas a Haití entre enero y septiembre, y casi 50.000 más salieron del país «espontáneamente», en algunos casos tras recibir amenazas o por temor a ser objeto de violencia.
Asimismo, más de 1.200 presuntos menores no acompañados fueron identificados en la frontera haitiano-dominicana y pese a algunas mejoras, las autoridades «no respetaron plenamente las salvaguardias internacionales contra las deportaciones arbitrarias».
El informe indica que desde agosto de 2015 hasta julio de 2016, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) verificó 1.881 casos de personas nacidas en la República Dominicana que habían llegado a Haití, voluntariamente o tras ser expulsadas, y que eran apátridas o corrían riesgo de serlo.
AI señala que el abogado y defensor de los derechos humanos Genaro Rincón Mieses fue agredido verbal y físicamente en Santo Domingo por su labor de protección de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
El texto refleja que dicha agresión «tuvo lugar en un contexto de aumento de las denuncias de amenazas, insultos e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos que combatían la apatridia».
Por lo que respecta a la reforma del Código Penal, el AI indica que reforma mantiene la penalización del aborto pero establece una excepción y lo despenaliza cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer, pero sólo después de haber agotado «todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas (la de la madre y la del feto)»
Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres expresaron preocupación porque, en la práctica, la excepción hace imposible el acceso a servicios de aborto para las mujeres y niñas cuyas vidas corran peligro.
AI recoge que, según estadísticas oficiales, en los primeros seis meses del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas aumentó un 2 % en relación con el mismo periodo de 2015 y que hasta mayo, el número de denuncias por actos de violencia sexual aumentó casi un 10 %.
La organización internacional explica que el Congreso todavía no ha adoptado la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Senado en 2012.
Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil continúan denunciando crímenes de odio contra Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), en particular asesinatos de mujeres transgénero.
jt/am