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Advierten "peligros" Ley Naturalización
SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano debe aumentar los esfuerzos y mejorar su política en torno a la situación de miles de descendientes de haitianos afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de estranjeros indocumentados, según la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús.
«Al cumplirse un año de dicha sentencia, continúan las violaciones de derechos de los afectados, por lo que muchas organizaciones nacionales e internacionales han llamado la atención sobre la posible vulneración de los derechos humanos en el país y han propuesto recomendaciones para que esto no ocurra», indica en un document enviado a ALMOMENTO.NET.
Agrega que «si bien la República Dominica es un Estado libre, independiente y soberano que participa y se beneficia de múltiples relaciones bilaterales y multinacionales, y es fundador de la Organización de las Nacionales Unidas, no debe sorprender que sus agencias en el país promuevan la protección de los derechos de las personas a vivir con dignidad, discurso del que es parte».
En ese sentido, recordó que «el Estado dominicano, sus poderes y fuerzas vivas, bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina, adoptó una ley de reconocimiento y naturalización especial, expresado en la Ley 169-14 y su Reglamento».
Explica que «lastimosamente, a la fecha, el proceso de implementación de la referida ley adolece de múltiples deficiencias que ponen en peligro la consecución de los objetivos concertados ampliamente por el Estado y la sociedad».
“Estas dificultades se presentan tanto para los hijos de extranjeros nacidos en el país, a quienes, en su momento, se les reconoció la restitución de sus documentos y nacionalidad dominicana, como para aquellos que nunca fueron inscritos y a quienes la ley reserva un plan de registro particular encaminado a un proceso de naturalización especial dentro de dos años”, agrega.
Explica que «a casi cuatro meses de la promulgación de la Ley 169-14, apenas el 1% de los inscritos en el registro civil ha tenido acceso a su documentación de identidad».
“Es muy importante superar las dificultades e intensificar las acciones y los correctivos que sean necesarios para la ejecución eficaz de la referida ley», subrayó.
Advierte que «si el Estado no adopta los correctivos requeridos, los resultados esperados con dicha ley podrían desvanecerse”.
En ese orden, llamó a las instituciones y a «todos los poderes del Estado» a que «concentren sus esfuerzos y energías en velar por la buena aplicación de la ley, y evitar caer en distracciones».
Advierten, asimismo, «los peligros de tomar decisiones y resoluciones que, en vez de armonizar el país con la comunidad internacional, ponen en entredicho la real voluntad de aplicar la ley 169-14, que buscó una salida institucional al problema creado por la sentencia».
jt/am