Fragmentación del Estado

Desde la década de los noventa República Dominicana inicia un profundo proceso de reforma y modernización del Estado con el propósito de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de su accionar.

Bajo la orientación de la Nueva Gestión Pública (NGP), adoptando modelos de gestión privada, uno de sus pilares fue desagregar las monolíticas y verticales burocracias estatales para lograr organizaciones públicas cercanas a la gente que fortalecieran su capacidad de intervención funcional y territorialmente.

Esto significó, en cierto modo, la creación de múltiples organizaciones públicas “especializadas”, pequeñas, flexibles, desconcentradas o autónomas, con la función central de implementar intervenciones públicas focalizadas.

Paralelamente a esta “especialización”, tuvo lugar la creación de nuevos ministerios atendiendo la incorporación a la agenda de nuevas demandas con la llegada del Estado Social y Democrático de Derechos y todos los derechos fundamentales que consagra.

Un efecto no previsto de este proceso es la fragmentación desproporcionada del aparato gubernamental y una consecuente pérdida del control sobre la implementación de las políticas públicas.

Ello ha generado un abordaje estatal segmentado a los problemas y políticas públicas que desafía la capacidad de conducción de las autoridades políticas sectoriales y, aún más, las del centro del gobierno.

La arquitectura organizacional actual hoy en República Dominicana tiene 294 organizaciones públicas que dependen de la Administración Central del Estado y, en última instancia, de la Presidencia de la República.

De estas, 23 son ministerios, 232 son organismos desconcentrados y descentralizados con diferentes grados de autonomía administrativa y funcional, y 39 constituyen consejos, comisiones y comités.

Si a este grupo se le agregan los 158 ayuntamientos y los 235 Distritos Municipales, que gozan de una importante discrecionalidad de hecho para su gestión cotidiana, se alcanzan las 687 entidades públicas bajo la jurisdicción de la Administración Pública.

Esta es una enorme cantidad de organizaciones públicas cuyas interacciones y procesos de trabajo generan serios inconvenientes de coordinación y coherencia en muchas políticas públicas.

Estamos ante un Mega Estado con duplicidad de funciones y un grave problema de articulación de políticas públicas.

El Poder Ejecutivo, tal como está estructurado, no gobierna, difícilmente apenas administra. Hemos creado un sector público demasiado grande e ineficiente.

Nuestro desordenado crecimiento estatal se ha convertido en un caos; no obstante, cada vez hay más entes descentralizados, con independencia administrativa, autonomía organizativa, personería jurídica, patrimonio propio y muchos problemas de coordinación.

Estos famosos órganos adscritos a ministerios e instituciones no siempre cumplen las directrices dictadas por el Poder Ejecutivo, lo cual causa graves problemas de ejecución de políticas públicas.

Tenemos decenas de instituciones con diferentes juntas directivas, representación de diferentes grupos sociales y productivos, personería jurídica independiente, oficinas dispersas, costos duplicados y crecientes problemas de control y eficiencia.

Estamos ante un Estado incoherente, ineficiente, costoso y carente de coordinación. Este complejo marco institucional, en crisis por su propio diseño, nos obliga a hacer una reingeniería de la actual estructura.

Todo este aterrador cuadro ha generado ingobernabilidad e ineficiencia en el manejo de los recursos y la permanencia de muchas instituciones que ya cumplieron su fin para el cual fue creada y que dejaron de ser claves para el desarrollo.

La coordinación, la articulación de políticas, la agilidad, la flexibilidad y, ante todo, la simplicidad se hace imprescindible ante este monstruo de Estado que no permite gobernar.

En el sector público, una de las consecuencias más nocivas de la aplicación indiscriminada de los principios burocráticos es la fragmentación institucional, caracterizada por la proliferación de estructuras que actúan según lógicas propias, sin una visión estratégica, trayendo todo esto como consecuencia lo siguiente:

• se aumenta el riesgo de implementar políticas incoherentes o contradictorias;
• se dificulta la responsabilización por los resultados conseguidos;
• se incrementa la probabilidad de que surjan conflictos político-burocráticos internos;
• se complejiza el acceso de los beneficiarios a los programas y servicios estatales, al no existir una “ventanilla única”; y
• se producen ineficiencias en la asignación de recursos y duplicaciones de esfuerzos.

En fin, se hace necesario el diseño, desarrollo e implementación de herramientas que procuren cada día altos niveles de racionalidad en la estructura del Estado, que garanticen eficiencia, eficacia, coordinación, coherencia, y sobre todo, calidad y transparencia en el gasto público.

jpm-am