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Cochabamba, Bolivia.- Bomberos, voluntarios y miembros de la comunidad visiblemente emocionados agradecieron la lluvia del pasado fin semana en Bolivia, mientras continuaban las labores para sofocar el fuego que ha devastado partes de la Amazonía boliviana. Aunque varios tramos del incendio fueron aplacados, la situación aún no está bajo control.
El 12 de agosto, por ejemplo, aviones de la Fuerza Área Boliviana completaron un bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias y así ayudar a aplacar los incendios forestales que estaban afectando el oriente del país. De acuerdo con las autoridades en esta zona el aire está altamente contaminado.
Y es que al menos desde julio varias regiones del país arden sin tregua por los incendios forestales que a la fecha han arrasado unas 4 millones de hectáreas, aunque ambientalistas consideran que el daño es mucho mayor y las consecuencias serán irreversibles.
“Esto no es un problema boliviano, es un problema global; la Amazonía boliviana, brasileña y parte del norte argentino, se dice que es el pulmón del mundo. Bueno, el pulmón del mundo se quemó literalmente. Este desastre ecológico va a traer consecuencias globales, sin ninguna duda”, dijo a la Voz de América Enrique Bruno, comandante del Grupo de Bomberos Fundasol del departamento de Santa Cruz.
El gobierno del presidente Luis Arce decretó el 7 de septiembre una “emergencia nacional” para canalizar de manera más efectiva la ayuda internacional. Luego, el gabinete de ministros se trasladó a esa región para coordinar acciones en el terreno.
Arce ha defendido su gestión desde que se desató el incendio. En un reciente mensaje a los bolivianos, dijo: «Este es un tiempo de trabajo y de acciones, no es el tiempo de politizar la lucha contra los incendios».
En el mismo mensaje expresó que los incendios no deben ser usados con fines electorales, argumentando que la convocatoria de marchas y bloqueos contra su gestión atentaría «contra la economía y la vida del pueblo boliviano».
Arce respondió así a las críticas de legisladores, organizaciones ambientalistas, sectores privados e incluso del propio expresidente Evo Morales, antiguo aliado que lo ha acusado de no “extremar los esfuerzos” para aplacar los incendios.
Crisis ambiental «recurrente»
Líderes políticos advierten que la actual crisis ambiental es responsabilidad no solo de Arce, sino que se trata de un problema que alguna vez estuvo también en la cancha de Morales.
«Esto es recurrente y cada año lo agarra al gobierno en calzoncillos [sin planes] y luego declaran desastre y emergencia para buscar cooperación internacional ante la pavorosa destrucción ambiental», manifestó el sábado pasado a la prensa Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia.
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Quiroga, que lideró los destinos de Bolivia entre 2001 y 2002, calificó a Arce y a Morales de «ecocidas» y de sostener posturas que catalogó de «cínicas».
«Estos dos señores, que ahora, en su pelea por la sigla del MAS [Movimiento al Socialismo] dejan al país agobiado, sin diésel ni gasolina, sin dólares y ahora sin bosques”, manifestó Quiroga en días recientes.
Un estudio reciente alertó acerca de que alrededor de 34 pueblos y 45 territorios indígenas fueron afectados por los incendios. Líderes de las comunidades consideran que esto acelerará la extinción de los pueblos indígenas.
¿En qué consisten las llamadas “leyes incendiarias”?
Desde 2013, durante el gobierno de Evo Morales, entraron en vigor normativas para la expansión de la frontera agrícola, que desde la visión del MAS, el partido gobernante, ayudaría a “garantizar la soberanía alimentaria”. Sin embargo, los ambientalistas advirtieron que provocaría una proliferación de incendios forestales.
Estas disposiciones, catalogadas por los detractores como “leyes incendiarias”, han sido rechazadas por los ambientalistas, quienes explican que, por ejemplo, la Ley 337 promovió la regularización de tierras forestales emitiendo aprobaciones para los desmontes que se hicieron hasta 2011 y no estaban autorizados.
La Ley 502, por otro lado, amplió la deforestación en las regiones, pues según sus datos, entre 2015 y 2023 se desmontaron 460.000 hectáreas de bosque y de esas y solo 40.800 fueron para cultivos de alimentos. La Ley 741 autorizó a pequeños y medianos propietarios al desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias que también fue aprovechada para el tráfico de tierras.
La Ley 1171, por su lado, otorga un perdón en el pago de multas por quema sin autorización.