NICARAGUA: Ley busca controlar fondos y «agentes» extranjeros

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La ley establece un control sobre las "personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento para realizar actividades en injerencias de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado".

MANAGUA.- Los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua presentaron un proyecto de “Ley de regulación de agentes extranjeros”, que busca controlar los fondos que reciben del exterior personas individuales, empresas, ONG y periodistas de medios locales e internacionales.

La polémica iniciativa, que ha generado fuerte rechazo de sectores de la oposición, fue presentada el pasado martes 22 de septiembre ante la primera secretaría del Legislativo por la bancada del gobernante Frente Sandinista, liderado por el presidente Daniel Ortega y que controla 70 de los 91 escaños parlamentarios.

El diputado sandinista, Wilfredo Navarro, dijo en la sesión parlamentaria que el objetivo de la ley es  prevenir «delitos contra la seguridad del Estado».  La nueva norma pretende prohibir que toda organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agentes internacionales, intervenga en las políticas internas del país.

«Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua a cualquier intento de menoscabar esos derechos atentan contra la vida del pueblo, es deber de todos los nicaragüenses preservar y mantener estos derechos», dijo Navarro a la Asamblea Nacional.

La ley establece un control sobre las «personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento para realizar actividades en injerencias de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado».

La disposición obliga a quienes reciban «fondos monetarios, bienes activos y objetos de valor extranjeros» a inscribirse ante un «Registro de Agentes Externos» creado por la misma ley y manejado por el Ministerio de Gobernación.

También deberán registrarse quienes laboren como «consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras» que soliciten, reciban o desembolsen fondos.

Los que sean identificados como «agentes extranjeros» deberán «abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna».

También tendrán «prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua»., según especifica el proyecto de ley en uno de sus capítulos.

Algunas reacciones

De ser aprobado, el Ministerio de Gobernación tendrá la potestad de cancelar la personería jurídica y de «intervenir los fondos y los bienes muebles e inmuebles» de quienes incumplan la cuestionada normativa.

«(Daniel Ortega) está preparando al país para robarse las elecciones, que la gente salga a las calles a protestar contra él, y él tiene lista ya las herramientas de cadena perpetua, delitos de lavado, financiamiento extranjero, es un juego concatenado. Es bien complicado el panorama», dijo a la VOA el exdiputado y analista político, Eliseo Núñez.

Uno de los primeros en rechazar la propuesta fue el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro.

«Esta es una ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional. Lo que trata en el fondo es reprimir a los opositores nicaragüenses», expresó Chamorro.

El coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, dijo a la periodista Lucía Pineda, de 100 % Noticias, que los nicaragüenses no pueden ser tratados como «extranjeros».

«Inmediatamente se violenta el artículo 16 de la Constitución que me dice cuáles son las personas extranjeras, nosotros como nicaragüenses no tenemos que irnos a registrar a ninguna institución como extranjeros porque no somos extranjeros, somos nicaragüenses,  nacidos en Nicaragua y la Constitución nos ampara nuestro derecho», dijo Medrano.

En esa misma línea Martha Patricia Molina, de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anti corrupción, opinó que la nueva regulación «destroza la Ley de Participación Ciudadana en tanto vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución».

Entre los periodistas críticos al gobierno, la ley es vista como «un nuevo zarpazo a la libertad de expresión», toda vez qe buscaría controlar el financiamiento a gremios y medios informativos independientes.

of-am

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