EEUU sanciona funcionarios de Nicaragua cercanos al presidente Ortega

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WASHINGTON.- Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres funcionarios nicaragüenses por su participación en la dirección de entidades involucradas en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción, según informó el Departamento del Tesoro.

Las sanciones llegan en momentos en que Washington ve un debilitamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho en Nicaragua, bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega.

En un comunicado en su sitio web, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que los sancionados son: Ramón Antonio Avellan Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez.

Estos funcionarios «han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción», dice el texto.

Avellan Medal, además, «está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018».

«Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas», expresa el texto.

¿Quiénes son los sancionados?

Avellan Medal es el director general adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), que el Tesoro identifica como «una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o abusos de derechos humanos contra personas involucradas en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Campbell Hooker es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), y su designación se debe a su participación como «funcionario actual del gobierno de Nicaragua».

«El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN», dice el texto del Tesoro.

López Gómez un funcionario actual del gobierno de Nicaragua, donde funge como director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Según el Tesoro este organismo y sus funcionarios «han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción relacionadas con el gobierno de Nicaragua».

Entre estos señala supuestos hechos de «apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno».

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