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Siguiendo con su agenda totalitaria, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido neutralizar el nuevo y peligroso frente en su contra, abierto en las propias filas del oficialismo en la figura de la valiente y combativa Fiscal General Luisa Ortega Díaz, al iniciar un proceso ilegal para su destitución a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. La iniciativa fue promovida por el diputado oficialista Pedro Carreño.
Con esto, según la misma fiscal, quizás se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público con lo que se cierne sobre el país un oscuro panorama sobre el Estado, afirmando que se pretende anular cualquier disidencia política que aparezca.
Según la constitución chavista, el único ente institucional que puede remover a la Fiscal General es la Asamblea Nacional, por lo que es ilegal e inconstitucional la acción de revancha que quieren ejecutar a través de ese tribunal, en contra de esa funcionaria chavista que se ha destapado como una férrea defensora de la legalidad y las instituciones democráticas, lo que es digno de aplaudir en medio de tanta ilegalidad y abusos cometidos por ese vergonzoso régimen opresor.
Pero este es un proceso que se veía venir, de acuerdo al abierto desafío público que ha mostrado la alta funcionaria chavista a las últimas actuaciones inconstitucionales que pretenden socavar por completo lo que queda del precario estado de derecho que sobrevive bajo el asedio constante del ejecutivo, el que por medio de decretos y del subordinado e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, neutraliza cualquier asomo de disidencia o amenaza a su poder hegemónico.
El golpe de Estado continuo que ha estado produciéndose desde la llegada al poder del chavismo, es evidente que está en su última etapa, la que no se había ejecutado porque esta se llevaría a cabo cuando peligrara su permanencia en el poder por la certidumbre de una pérdida electoral inminente, que es lo que se vislumbra desde diciembre del 2015, cuando perdieron abrumadoramente la Asamblea Nacional.
Mientras el chavismo estuvo ganando elecciones, utilizando todos los recursos del Estado habidos y por haber, todas la triquiñuelas posibles, la amenaza de los colectivos paramilitares, entre otras acciones dictatoriales, estaban tranquilos y confiados, por lo que podían seguir engañando al mundo con su supuesta seudo democracia.
Sin embargo, es la impopularidad del régimen que lo está obligando a avanzar esa agenda dictatorial con la que nació el chavismo, ya que siempre ha sido el propósito del socialismo del siglo 21, enarbolado por Hugo Chávez, peón del castrismo, destruir el “Estado burgués” e instalar la dictadura colectivista y comunal del “proletariado”, donde desparecerá todo vestigio de democracia, enseñoreándose para siempre un tenebroso estado policiaco que no permitirá ningún tipo de libertades.
Es por lo que se justifica el llamado de la oposición a través del presidente de la Asamblea Julio Borges, a desconocer al régimen de Maduro, a la asamblea constituyente y a la rebelión popular permanente, sin tregua, ya que el gobierno “se ha puesto al margen de la constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al articulo 350 de la constitución”.
Yo diría que ese régimen desde su inicio encabezado por Chávez y ahora por Maduro, siempre ha estado al margen de la ley.
jpm