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Urgente reforma electoral
El tema de la corrupción, las protestas generadas así como la efervescencia de las candidaturas a lo interno de los dos principales partidos del país (reelección incluida), han acaparado toda la atención y con ello han postergado el debate en torno al proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la búsqueda de un consenso producto de la conciliación de las diferentes propuestas legislativas existentes, dada la urgente necesidad de contar con un marco regulador justo e igualitario de cara a las elecciones del año próximo.
Es imposible que nueva vez asistamos a un certamen electoral donde no estén garantizados principios fundamentales, consagrados en la propia Constitución, que constituyen piedras angulares de nuestro sistema democrático, institucional y de sana gobernabilidad, como la transparencia, la igualdad, la libertad y la equidad.
Cuando hablamos de equidad no solo hacemos referencia a las distintas fuerzas políticas que quieren participar en el proceso en igualdad de condiciones, sino también, en lo relativo a la equidad de género. Un tema de suma trascendencia, exigencia constitucional que aun dista mucho de hacerse realidad. El artículo 39 de nuestra Carta Magna, relativo a los derechos de igualdad, lo consagra en su numeral 5to, cuando dice que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público…”.
Una verdadera reforma del sistema electoral no solo se puede limitar a una ley de partidos políticos, sino que debe incluir (sin dudas que con una importancia mayor), una profunda reforma a la actual Ley Electoral 275-97 que de origen a una actualizada ley orgánica del sistema electoral, la cual ya reposa en el Congreso. Pero también, una ley de garantías electorales que regule las acciones de los partidos, los actores políticos, candidatos, instancias públicas, privadas y personas particulares antes, durante y después del proceso eleccionario.
A pesar de las avezadas y evidentes intenciones del partido de gobierno de no permitir la concreción de esta necesaria reforma electoral, es altamente alentador que también se hayan empoderado de este reclamo una cantidad considerable de organizaciones sociales y ciudadanos preocupados que han iniciado un proceso organizativo, junto a agrupaciones y movimientos políticos, en una acción sinérgica, para arreciar la lucha democrática, cívica y pacífica pero enérgica, irreductible y firme, hasta ver en vigencia un nuevo marco electoral y partidario con reglas de juego que garanticen un ejercicio libre e igualitario de los derechos políticos de la ciudadanía, antes que se siga retorciendo la voluntad del electorado con viejas y nuevas amenazas, como el uso de los recursos del Estado, el financiamiento ilícito proveniente de la corrupción administrativa y el narcotráfico, así como el abuso de las estructuras y programas clientelares del gobierno. Estamos a tiempo, avancemos.
alugorisk@hotmail.com